El caso Daha Mohamed activa al Cabildo y al Polisario
El Cabildo de Gran Canaria mantiene contactos con el Frente Polisario tras la denuncia presentada por la familia de Daha Mohamed Fadal Lahbib, un activista saharaui desaparecido durante una travesía en patera hacia Canarias. El caso importa porque no se limita a una desaparición en la ruta atlántica: la denuncia describe un posible delito violento cometido en alta mar y reclama búsqueda, protección de testigos e identificación de los ocupantes de la embarcación. También llega en un momento en el que las llegadas a Canarias han caído con fuerza, pero la ruta sigue acumulando naufragios, muertes y expedientes sin una reconstrucción pública completa. La investigación judicial deberá separar los hechos acreditados del relato familiar, todavía pendiente de confirmación oficial.
En este artículo7
- Los hechos confirmados y lo que falta por probar
- La denuncia judicial: testigos, audio y cadena de pruebas
- Los datos: la ruta canaria cae, pero sigue siendo letal
- Comparativa: Canarias frente a Baleares y la UE
- Marco legal: homicidio, salvamento y asilo
- El trasfondo saharaui y la posición de Gran Canaria
- Qué sigue: diligencias, búsqueda y respuesta del Gobierno
Los hechos confirmados y lo que falta por probar
La información pública disponible sitúa el origen del caso en una denuncia formulada por un familiar de Daha Mohamed Fadal Lahbib ante órganos policiales y judiciales en Las Palmas de Gran Canaria. Según ese relato, el activista saharaui salió el 7 de mayo de 2026 desde la zona de Cabo Bojador, en el Sáhara Occidental, en una patera con destino a Canarias. La familia sostiene que en la embarcación viajaban 63 personas y que todas alcanzaron tierra salvo él.
La denuncia familiar afirma que, durante la travesía, se produjo una pelea entre Daha Mohamed y dos ocupantes vinculados al mando de la embarcación, y que el joven fue lanzado por la borda aún con vida. Ese extremo no consta confirmado por resolución judicial conocida ni por una comunicación pública de la Policía Nacional, Salvamento Marítimo o el juzgado instructor. Por tanto, el caso debe tratarse en términos de presunto homicidio o asesinato denunciado, no como un hecho judicialmente probado.
El Cabildo de Gran Canaria ha trasladado que mantiene comunicación con el Frente Polisario en relación con la denuncia. La derivada política también ha llegado al Congreso, donde se ha registrado una pregunta al Gobierno sobre las actuaciones de búsqueda, la toma de declaración a los supervivientes y la información ofrecida a la familia. En este punto, los vacíos son relevantes: no se conoce públicamente una coordenada exacta del suceso, no se ha comunicado la recuperación de un cuerpo y no hay constancia pública de detenciones.
La denuncia judicial: testigos, audio y cadena de pruebas
La pieza central de la investigación inicial es el testimonio atribuido a una persona que habría viajado en la patera. Según la familia, ese testigo comunicó mediante un audio que Daha Mohamed fue arrojado al mar tras una discusión. Si el juzgado admite la denuncia y abre diligencias, la solidez del caso dependerá de que ese relato pueda contrastarse con declaraciones presenciales, registros de llegada, datos telefónicos y cualquier información de localización disponible.
Las diligencias más urgentes, por la propia naturaleza de una travesía migratoria con supervivientes dispersos, son las que preservan pruebas que se deterioran rápido. Entre ellas figuran:
- Identificar a los 62 ocupantes supervivientes y tomar declaración a quienes estuvieran cerca del lugar donde se produjo la supuesta agresión.
- Asegurar el audio original, con metadatos, número emisor y trazabilidad de reenvíos, para evitar que quede reducido a una copia sin valor pericial suficiente.
- Reconstruir la ruta marítima con hora de salida, hora estimada de llegada, avisos recibidos y cualquier contacto con servicios de emergencia.
- Proteger a testigos vulnerables, especialmente si quienes declaran comparten centro de acogida o redes de dependencia con posibles investigados.
La calificación penal no corresponde a la familia ni a las instituciones políticas, sino al órgano judicial. La denuncia puede apuntar a asesinato u homicidio, pero la instrucción deberá determinar si hubo intencionalidad, circunstancias agravantes, autoría individual, participación de terceros y jurisdicción aplicable según el punto de la travesía en el que se produjeron los hechos.
Los datos: la ruta canaria cae, pero sigue siendo letal
El contexto estadístico ayuda a medir la magnitud. El Ministerio del Interior, en su informe quincenal con datos acumulados hasta el 15 de mayo de 2026, contabilizó 9.047 entradas irregulares en España por vía marítima y terrestre, frente a 14.857 en el mismo periodo de 2025. En Canarias registró 3.018 llegadas por mar en 36 embarcaciones, frente a 10.822 personas en 175 embarcaciones en la misma fecha del año anterior. La caída interanual en las islas es del 72,1 % en personas y del 79,4 % en embarcaciones.
El descenso no elimina el riesgo. El balance anual del Ministerio del Interior para 2025 cerró Canarias con 17.788 llegadas por mar, frente a 46.843 en 2024. Es una bajada del 62 %, pero sigue dejando miles de personas atravesando una ruta oceánica larga, con embarcaciones precarias y salidas desde varios puntos de la costa atlántica africana.
La Organización Internacional para las Migraciones, a través de su informe DTM sobre la ruta atlántica de África occidental hacia Canarias, registró en 2025 un total de 54 naufragios en esa vía, con 1.214 personas muertas o desaparecidas. La OIM advierte de que sus cifras proceden de fuentes verificables y, por tanto, pueden infracontabilizar incidentes que no dejan supervivientes, alertas o restos localizables.
Comparativa: Canarias frente a Baleares y la UE
La comparación territorial muestra que Canarias no es la única ruta activa, pero sí presenta una relación muy distinta entre embarcaciones y ocupantes. Según el Ministerio del Interior, hasta el 15 de mayo de 2026 llegaron por mar a Península y Baleares 3.755 personas en 195 embarcaciones. En Baleares fueron 1.535 personas en 78 embarcaciones. En Canarias, las 3.018 personas registradas viajaron en 36 embarcaciones, lo que arroja un promedio aritmético de casi 84 personas por barca, frente a unas 20 en Baleares. Ese cálculo no describe cada viaje, pero sí refleja la mayor concentración de personas por salida en la ruta atlántica.
En el plano europeo, Frontex informó el 15 de mayo de 2026 de 28.500 detecciones de cruces irregulares en las fronteras exteriores de la Unión Europea durante los cuatro primeros meses del año, un 40 % menos que en 2025. La ruta de África occidental, asociada a Canarias, registró unas 2.300 detecciones y la mayor caída porcentual, del 78 %. En cambio, la ruta del Mediterráneo occidental subió un 50 %, hasta unas 5.200 detecciones, impulsada principalmente por salidas desde Argelia.
La lectura operativa es clara: la presión migratoria no desaparece de forma homogénea, sino que se desplaza según controles, meteorología, precios de las redes y oportunidades de salida. Por eso un caso como el de Daha Mohamed no puede analizarse solo desde la cifra de llegadas. La reducción estadística convive con viajes más difíciles de rastrear y con denuncias que requieren cooperación policial, judicial y consular.
Marco legal: homicidio, salvamento y asilo
Si la instrucción acredita que una persona fue arrojada deliberadamente al mar, el encaje penal partiría del Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995 y publicado en el BOE el 24 de noviembre de 1995. Sus artículos 138 y 139 distinguen entre homicidio y asesinato, este último vinculado a circunstancias como alevosía, precio, ensañamiento o comisión para facilitar u ocultar otro delito. En una patera, esa valoración exigirá reconstruir el contexto exacto, la capacidad de defensa de la víctima y la conducta posterior de los presuntos autores.
El plano marítimo tiene otra lógica: salvar vidas y activar búsqueda cuando hay una posición útil. La Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, publicada en el BOE el 25 de julio de 2014, faculta a la Administración Marítima para intervenir en operaciones de salvamento en espacios marítimos españoles con el fin de proteger la vida humana en la mar. El Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero, publicado en el BOE el 14 de febrero de 2004, regula el sistema de seguimiento e información del tráfico marítimo y menciona la mejora de la respuesta ante accidentes, incluidas operaciones de búsqueda y rescate.
También aparece el marco de protección internacional. La Ley 12/2009, de 30 de octubre, publicada en el BOE el 31 de octubre de 2009, regula el derecho de asilo y la protección subsidiaria en España. Ese marco no resuelve la investigación penal, pero sí resulta relevante si supervivientes o familiares alegan persecución política, riesgo de represalias o necesidad de protección frente a retornos.
El trasfondo saharaui y la posición de Gran Canaria
El caso se inscribe en un conflicto que no es coyuntural. Naciones Unidas mantiene el Sáhara Occidental en la lista de territorios no autónomos desde 1963, según la documentación del Comité de Descolonización. El 26 de febrero de 1976, España comunicó al secretario general de la ONU el fin de su presencia en el territorio, pero la ONU sigue considerando inconcluso el proceso de descolonización. El Consejo de Seguridad renovó el 31 de octubre de 2025, mediante la resolución 2797, el mandato de la MINURSO hasta el 31 de octubre de 2026.
Gran Canaria mantiene desde hace años una relación institucional visible con representantes saharauis. El Cabildo publicó el 22 de febrero de 2023 la convocatoria de un acto por el 47 aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática con presencia de Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario para España, y de Carmelo Ramírez, consejero insular de Solidaridad Internacional. El 6 de julio de 2023, la propia corporación anunció el primer encuentro entre el sector pesquero canario y el Frente Polisario en la sede insular, con participación de representantes del Polisario, cofradías y entidades vinculadas al mar.
Esa trayectoria explica que la denuncia haya encontrado una vía política e institucional en Gran Canaria, pero no sustituye a la investigación judicial. La familia identifica a Daha Mohamed como activista saharaui y sostiene que sufrió prisión, marginación económica y hostigamiento por su participación en protestas vinculadas a Gdeim Izik. Esos extremos forman parte del relato familiar y del contexto político alegado; no constan, por ahora, certificados públicamente por una autoridad española en el expediente conocido.
Qué sigue: diligencias, búsqueda y respuesta del Gobierno
El primer calendario lo marca el juzgado. Si admite la denuncia y aprecia indicios suficientes, deberá decidir qué diligencias ordena y con qué urgencia: declaraciones, identificación de sospechosos, protección de testigos, oficios a centros de acogida, requerimientos a Salvamento Marítimo y análisis de comunicaciones. La ausencia de un cuerpo no impide investigar una muerte violenta, pero eleva la importancia de los testimonios y de la reconstrucción técnica de la ruta.
El segundo frente es gubernamental. La pregunta registrada en el Congreso obliga al Ejecutivo a fijar una versión oficial por escrito sobre qué se sabía, cuándo se supo y qué actuaciones se activaron. Esa respuesta será relevante para aclarar si hubo avisos a Salvamento Marítimo, si se pidió una zona probable de búsqueda, si la Policía Nacional tomó declaración a todos los ocupantes localizados y si la familia recibió información formal.
Los próximos pasos verificables son concretos:
- Resolución del juzgado sobre apertura de diligencias y medidas de investigación.
- Identificación de testigos y posibles investigados entre quienes llegaron en la patera.
- Respuesta del Gobierno al Congreso con la cronología oficial de Policía, Salvamento Marítimo y atención a la familia.
- Confirmación o descarte de búsqueda marítima si se obtiene una zona operativa suficientemente precisa.
Hasta que esas piezas consten en documentos oficiales, el caso debe leerse con cautela: hay una denuncia grave, un desaparecido, una familia que reclama actuación inmediata y una red institucional saharaui-canaria movilizada. Lo que falta es la parte decisiva: una investigación capaz de establecer si Daha Mohamed Fadal Lahbib murió en la patera, quién pudo intervenir y qué hicieron las autoridades españolas desde el momento en que recibieron la denuncia.
