Presión a la Iglesia desde Canarias: carta al papa denuncia traslado de curas pederastas
La Diócesis de Canarias ha enviado una contundente carta al papa León XIV para denunciar el traslado de sacerdotes condenados por abusos sexuales a parroquias del archipiélago, una práctica que la institución eclesiástica habría mantenido en secreto durante años. La misiva, firmada por el obispo José Mazuelos, exige al Vaticano una investigación exhaustiva y la adopción de medidas disciplinarias contra los responsables. Este movimiento supone un giro inédito en la postura de la Iglesia canaria, que hasta ahora había evitado confrontar directamente a la Santa Sede. La carta llega en un momento de máxima tensión, a pocos días de la visita del pontífice a Gran Canaria y Tenerife, prevista para el 11 y 12 de junio de 2026.
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Contexto: una denuncia que remueve los cimientos de la Iglesia canaria
La carta, remitida al papa León XIV el pasado 5 de junio de 2026, detalla al menos tres casos de sacerdotes que, tras ser condenados por abusos sexuales a menores en otras diócesis españolas, fueron reubicados en parroquias de las islas orientales (Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura) sin que las comunidades locales fueran informadas. Según el documento, al que ha tenido acceso Canarias.app, los traslados se produjeron entre 2019 y 2025, amparados en acuerdos internos entre obispos que eludieron la comunicación a las autoridades civiles. El obispo Mazuelos, que asumió la diócesis en 2021, afirma en la misiva que al conocer los hechos ordenó una investigación interna que confirmó las prácticas. La carta exige al Vaticano la creación de una comisión independiente para revisar todos los traslados de clérigos con antecedentes penales en la diócesis y la destitución inmediata de los implicados en las reubicaciones.
La denuncia se produce en un contexto de creciente presión social en Canarias, donde asociaciones de víctimas de abusos eclesiásticos han organizado protestas y recogido firmas para exigir transparencia. Según datos del Gobierno de Canarias (Consejería de Derechos Sociales, 2025), en los últimos cinco años se han registrado 47 denuncias por abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia en el archipiélago, de las cuales 12 corresponden a casos en los que los agresores habían sido trasladados desde otras regiones. La Fiscalía Provincial de Las Palmas, en un informe de abril de 2026, ya había alertado sobre la falta de cooperación de la diócesis para identificar a los sacerdotes reubicados.
Marco legal: el silencio de la Iglesia ante la obligación de denunciar
La práctica de trasladar a sacerdotes pederastas sin informar a las autoridades choca frontalmente con la legislación española. La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, establece la obligación de cualquier persona que tenga conocimiento de un delito contra menores de comunicarlo a la Fiscalía. Además, el artículo 450 del Código Penal tipifica como delito de omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución. En el ámbito eclesiástico, el motu proprio Vos estis lux mundi (2019) del papa Francisco ya instaba a las diócesis a denunciar los abusos a las autoridades civiles, pero su aplicación ha sido desigual. La carta de Mazuelos reconoce que la diócesis canaria no cumplió con esta normativa en los casos señalados, lo que podría acarrear responsabilidades penales para los obispos anteriores.
El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Presidencia, ha mostrado su respaldo a la iniciativa del obispo. En una declaración del 6 de junio de 2026, el presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, calificó la carta de “paso necesario” y anunció que su gabinete estudiará si existen responsabilidades administrativas por parte de la Iglesia. Por su parte, el Parlamento de Canarias ha solicitado la comparecencia del obispo Mazuelos para que explique los detalles de la denuncia, según consta en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias del 7 de junio de 2026.
Impacto: la visita del papa, en el ojo del huracán
La revelación de la carta ha ensombrecido la visita del papa León XIV a Canarias, programada para los días 11 y 12 de junio de 2026. El pontífice tiene previsto oficiar dos misas multitudinarias en Gran Canaria y Tenerife, así como un encuentro con migrantes en el puerto de Arguineguín, en el municipio de Mogán. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, conocida por su postura contraria a la inmigración, ya ha expresado su malestar por la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el acto. Ahora, la polémica por los abusos añade una capa de tensión adicional. Organizaciones de víctimas han convocado una concentración frente a la catedral de Las Palmas de Gran Canaria el mismo día de la llegada del papa, exigiendo que se reúna con ellas y se comprometa a una investigación independiente.
El obispo Mazuelos, en declaraciones a Canarias.app, ha reconocido que la carta “puede incomodar” al Vaticano, pero ha defendido su decisión: “La verdad debe estar por encima de cualquier consideración institucional. No podemos seguir ocultando lo que ocurre”. La diócesis ha confirmado que el papa aún no ha respondido oficialmente, aunque fuentes vaticanas citadas por la agencia EFE (6 de junio de 2026) indican que León XIV ha ordenado una revisión de los casos mencionados. Mientras tanto, la Conferencia Episcopal Española ha guardado silencio, lo que ha sido interpretado por los críticos como una muestra de incomodidad.
Qué sigue: investigación y posibles consecuencias
La carta del obispo Mazuelos abre un proceso que podría tener consecuencias de largo alcance. En primer lugar, la diócesis canaria ha anunciado que colaborará plenamente con la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que ya ha abierto diligencias previas para investigar los traslados. En segundo lugar, el Vaticano deberá decidir si envía una comisión de investigación o delega en la Conferencia Episcopal Española. Expertos en derecho canónico consultados por Canarias.app señalan que, si se confirman los hechos, los obispos implicados podrían enfrentarse a sanciones que van desde la suspensión hasta la destitución. Además, las víctimas podrían reclamar indemnizaciones civiles, como ya ocurrió en casos similares en otras diócesis españolas.
En el plano político, el Gobierno de Canarias ha anunciado que impulsará una ley de transparencia que obligue a todas las confesiones religiosas a comunicar cualquier traslado de personal con antecedentes penales. El proyecto, que será debatido en el Parlamento canario en septiembre de 2026, prevé sanciones económicas para las entidades que incumplan. Mientras tanto, la sociedad canaria sigue expectante ante la visita papal, que ahora no solo estará marcada por la migración, sino también por la exigencia de justicia para las víctimas de abusos.
