Transparencia bajo lava: el Parlamento canario rechaza publicar quién recibe las ayudas
El 9 de junio de 2026, el Pleno del Parlamento de Canarias votó en contra de hacer público el listado de beneficiarios de las ayudas por la erupción del volcán de La Palma. Con los votos de Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente, y la abstención de Vox, el cuatripartito gobernante blindó la opacidad sobre más de 340 millones de euros en fondos públicos. La decisión, calificada de «demoledora para la democracia» por la oposición, llega tras meses de pulseada y un informe jurídico parlamentario que dejaba sin argumentos al Gobierno. El caso amenaza con judicializarse hasta abril de 2027 y aviva el debate sobre la transparencia en el archipiélago.
En este artículo8
- Una erupción que marcó a la isla bonita
- 340 millones bajo sospecha: las cifras de una reconstrucción opaca
- El derecho de los diputados a saber: la batalla en el Pleno
- Los argumentos del Gobierno y el informe que los desmonta
- La opacidad como estrategia: ¿miedo a la verdad o a la rendición de cuentas?
- Las claves políticas: un cuatripartito que cierra filas
- La Palma: mucho más que un volcán
- ¿Qué sigue? Judicialización y un debate que trasciende a la isla
Una erupción que marcó a la isla bonita
La Palma, la isla más noroccidental de las Canarias, conocida como la «isla bonita», vivió el 19 de septiembre de 2021 uno de los episodios más devastadores de su historia reciente. Ese día, la tierra se abrió en la dorsal de Cumbre Vieja y comenzó la erupción del volcán Tajogaite. Durante 85 días, según el Instituto Geográfico Nacional (2021), la lava arrasó más de 1.200 hectáreas, sepultó barrios enteros como Todoque y La Laguna, y dejó sin hogar ni sustento a miles de palmeros. El Cabildo de La Palma elevó a más de 7.000 las personas evacuadas y cifró las pérdidas materiales en cerca de 1.000 millones de euros.
Desde entonces, la isla ha luchado por recuperarse. Las ayudas y subvenciones en Canarias —autonómicas, insulares, estatales y europeas— han sido el salvavidas para agricultores, empresarios y familias. Sin embargo, la gestión de esos fondos ha estado rodeada de críticas: retrasos, falta de información y sospechas de arbitrariedad. La pregunta que sobrevuela es: ¿cómo se han repartido realmente esos millones? La opacidad del Gobierno canario ha convertido una cuestión administrativa en un terremoto político.
340 millones bajo sospecha: las cifras de una reconstrucción opaca
Hasta febrero de 2026, el Gobierno de Canarias —según datos de la Consejería de Presidencia— contabilizaba más de 340 millones de euros en ayudas directas e indirectas para los damnificados. Esas partidas abarcan desde subvenciones para vivienda e indemnizaciones por enseres, hasta apoyos a la agricultura, el turismo y las pymes. Se trata de fondos públicos que, en cualquier democracia avanzada, deberían estar sometidos al escrutinio ciudadano. Pero el Ejecutivo autonómico, liderado por Fernando Clavijo (CC), ha optado por el hermetismo.
La negativa ha chocado con la insistencia de la diputada socialista Alicia Vanoostende, quien fuera consejera de Agricultura en el anterior Gobierno y conoce bien los entresijos de la administración. Su petición, formalizada hace meses, es simple: un listado con los beneficiarios, los importes y los conceptos. «Nada más», ha repetido. Pero el muro gubernamental ha ido cambiando de argumento: primero, que la información era reservada; luego, que se podía consultar presencialmente en La Palma; después, que revelar nombres vulneraba la intimidad. Cada excusa ha sido rebatida por los servicios jurídicos del Parlamento.
El derecho de los diputados a saber: la batalla en el Pleno
El 9 de junio de 2026, Vanoostende llevó al Pleno del Parlamento de Canarias una propuesta de resolución para que la Cámara rechazara la actitud de bloqueo del Gobierno y le ordenara entregar la documentación. «El pueblo tiene derecho a saber y este Parlamento tiene el deber de vigilar», defendió ante el hemiciclo. La iniciativa fue derrotada por 38 votos en contra (CC, PP, ASG y AHI) y 3 abstenciones (Vox), frente a los 23 votos a favor del PSOE. NC-BC, el otro grupo de la oposición, no se pronunció de manera unánime.
La portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, justificó la abstención en que el amparo parlamentario debe ser para todos los grupos, no solo para los que sustentan al Gobierno. Una posición ambigua que, según fuentes de la Cámara, escondía el temor a desairar al cuatripartito sin respaldar al PSOE, en un momento en que Vox busca ampliar su base en las islas. Mientras, la bancada socialista se quedaba sola en su exigencia de transparencia, lo que refleja la solidez del bloque gubernamental y la debilidad de los controles internos.
Los argumentos del Gobierno y el informe que los desmonta
El Ejecutivo canario se ha escudado en tres pilares: el artículo 20.8 de la Ley General de Subvenciones, que permite no publicar datos cuando afecte al honor o la intimidad; una orden reguladora de las ayudas del volcán, cuyo objetivo es «evitar la divulgación de la condición de persona afectada»; y la ley canaria de volcanes, impulsada por iniciativa popular pero modificada astutamente por el propio Gobierno para insertar un artículo que veta la identidad de los beneficiarios. La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto (CC), ha defendido que revelar los nombres «estigmatizaría a los damnificados y expondría su situación económica previa».
Sin embargo, un informe del Servicio Jurídico del Parlamento, fechado el 27 de mayo de 2026 y de 24 páginas, echa por tierra esa línea de defensa. El dictamen concluye que «no parece tener fundamento jurídico suficiente» la ocultación de los beneficiarios, y tacha de «incongruente» que se niegue a enviar el listado a la diputada pero se ofrezca a consultarlo presencialmente en la Viceconsejería de Recuperación de La Palma. «Lo lógico hubiera sido que el Gobierno esgrimiera la imposibilidad jurídica de facilitar la información, cosa que no hizo en tiempo y forma», apunta el texto. Además, recuerda que si el Ejecutivo quería blindar los datos, debió solicitar a la Mesa del Parlamento que los declarara secretos en un plazo máximo de diez días, algo que nunca ocurrió. Por tanto, la negativa «podría implicar una lesión del derecho de acceso a la documentación de los representantes públicos», sentencia.
La opacidad como estrategia: ¿miedo a la verdad o a la rendición de cuentas?
Más allá del debate jurídico, el bloqueo alimenta sospechas sobre el destino real de los fondos. «Cuando un Gobierno deja de rendir cuentas, lo que se fastidia es la democracia», espetó Vanoostende en el Pleno. Y no es para menos: las denuncias de retrasos, arbitrariedad y trato desigual han sido constantes. En 2023, el Tribunal de Cuentas advirtió de «deficiencias en la justificación» de algunas subvenciones del Fondo de Solidaridad para la Reconstrucción de La Palma. Ahora, con la negativa a dar la lista, la sensación de que algo se oculta se convierte en certeza para muchos.
La actitud del Gobierno choca con el Estatuto de Autonomía de Canarias y la ley autonómica de transparencia, que obligan a publicar activamente las subvenciones con indicación de importe, objetivo y beneficiarios. La interpretación restrictiva de las excepciones ha generado un agujero de rendición de cuentas en plena reconstrucción. ¿Por qué tanto empeño en no publicar? Algunos analistas apuntan al temor a evidenciar un reparto clientelar o a destapar irregularidades; otros, a una estrategia de control político en una isla clave para la gobernabilidad.
Las claves políticas: un cuatripartito que cierra filas
La votación del 9 de junio desnudó la fortaleza del pacto que sostiene a Clavijo. Los cuatro partidos —CC, PP, ASG y AHI— votaron compactos para proteger a Barreto, quien se ha convertido en el rostro de esta controversia. El PP, socio de gobierno, no ha hecho ascos a sacrificar su discurso nacional de transparencia en aras de la estabilidad canaria. ASG y AHI, formaciones insularistas con un peso decisivo en la mayoría, se alinearon sin fisuras. La abstención de Vox, partido que en otras comunidades ha hecho bandera de la lucha contra la corrupción, fue leída como un guiño al Ejecutivo sin mojarse demasiado.
La diputada socialista, pese a contar con la razón jurídica, se ve impotente en una Cámara donde el cuatripartito controla la Mesa y los mecanismos de control. La Mesa, aunque dio la razón a Vanoostende en resoluciones previas, ha ralentizado el proceso y evitado forzar la entrega inmediata de la documentación. El PSOE, con sus 23 escaños, ha quedado como único adalid de la transparencia, lo que le reditúa un discurso de oposición nítido pero con escaso eco práctico.
La Palma: mucho más que un volcán
Mientras la política se enreda en los despachos, La Palma sigue adelante con su reconstrucción física y anímica. La isla, que muchos viajeros buscan en Google preguntándose cuál es la más bonita de Canarias, ofrece paisajes que cortan la respiración: desde los tupidos bosques de laurisilva en Los Tilos hasta las playas de arena negra de Puerto Naos, pasando por miradores que se asoman al Atlántico como el del Time. Qué ver en La Palma es una de las consultas más repetidas, y con razón: la isla combina naturaleza, gastronomía y un cielo nocturno privilegiado que la ha convertido en destino Starlight.
Pero La Palma no es solo turismo. La agricultura —plátano, aguacate, viñedo— ha sido el motor económico durante décadas, aunque la erupción sepultó fincas enteras y las coladas destruyeron conducciones de agua e infraestructuras. Los agricultores dependen hoy más que nunca de las ayudas, pero también de fenómenos recurrentes como la calima en La Palma, esas nubes de polvo sahariano que en los últimos años han incrementado su frecuencia e intensidad, según la AEMET (2025), y que dañan los cultivos y disparan las enfermedades respiratorias. Consultar el tiempo en La Palma se ha vuelto una rutina para agricultores, hosteleros y turistas que planifican sus jornadas en una isla donde el microclima es caprichoso.
En este contexto, la transparencia en las ayudas no es un lujo democrático, sino una necesidad material: saber quién recibe qué permite a los damnificados confiar en que el sistema es justo y a la ciudadanía fiscalizar que los fondos no se desvían. Porque La Palma, como el resto de las siete islas —Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro—, merece una gestión a la altura de su belleza.
¿Qué sigue? Judicialización y un debate que trasciende a la isla
Vanoostende ha confirmado que acudirá a los tribunales. «Seguiré luchando para obtener la información por vía judicial», anunció tras el Pleno. Si se cumplen los plazos estimados, la resolución no llegará hasta abril de 2027, lo que prolongaría la incertidumbre más de un año. Mientras, la ciudadanía que estos días se pregunta en Google qué isla es mejor para visitar, Fuerteventura o Gran Canaria, o cuáles son las siete Canarias, quizá ignore que en una de ellas se libra una pulseada que pone a prueba la calidad democrática del archipiélago.
El caso trasciende a La Palma. En un momento en que los fondos europeos Next Generation exigen estándares de transparencia cada vez más rigurosos, Canarias no puede permitirse un escándalo que mine su reputación ante Bruselas. La decisión del cuatripartito de blindar a Barreto y negar la información da alas a quienes piensan que la política canaria sigue anclada en viejas prácticas clientelares. Mientras los palmeros esperan —algunos con ayudas insuficientes, otros sin nada—, la exigencia de publicar el listado se convierte en un clamor que va más allá de un color político.
Al cierre de esta edición, Canarias.app ha podido saber que los servicios jurídicos del Parlamento mantienen la presión y que la Mesa podría verse forzada a reconsiderar su postura si llega un nuevo requerimiento. Pero nada es seguro en una Cámara donde la mayoría lo fía todo a la disciplina de voto. La lucha por la transparencia en La Palma es, en el fondo, la lucha por la dignidad de toda Canarias.
Desde este portal, seguiremos informando sobre el caso y sobre todo lo que importa a los canarios: sus ayudas, su clima, sus paisajes. La democracia necesita luz y taquígrafos, y nuestro compromiso es con ambos.
