Migración y futuro: las cuentas pendientes que Canarias salda en el Parlamento
El pleno del Parlamento de Canarias de este martes ha situado el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo en el centro del debate político del archipiélago. El presidente Fernando Clavijo ha defendido la urgencia de preparar a las islas para un reglamento que entra en vigor en cuestión de días y que transformará la gestión de llegadas, repartos y retornos. La sesión evidencia la presión de una ruta atlántica que no da tregua y la necesidad de respuestas que concilien la acogida humanitaria con la realidad económica y social de un territorio que vive, en gran medida, del turismo.
En este artículo8
- Contexto: un pacto que cambia las reglas del juego
- Las posturas en el hemiciclo
- La ruta canaria: una historia de llegadas y emergencias
- El turismo como contrapeso: ¿puede la principal industria convivir con la crisis migratoria?
- Las islas, una a una: qué hay detrás de la pregunta del viajero
- El impacto económico y social del nuevo pacto
- ¿Qué sigue? El calendario político tras el pleno
- Un archipiélago ante su encrucijada
Contexto: un pacto que cambia las reglas del juego
El 13 de junio de 2026 entra en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo, un entramado normativo que sustituye el obsoleto sistema de Dublín y que introduce procedimientos fronterizos acelerados, mecanismos de solidaridad obligatoria y un refuerzo del control de las fronteras exteriores. Para las Islas Canarias, región ultraperiférica de la Unión Europea situada en la fachada atlántica de África, el cambio es especialmente delicado. Durante años, el archipiélago ha soportado una presión migratoria irregular que el Gobierno autonómico cifra en más de 40.000 personas llegadas por mar solo en los últimos dos ejercicios. La sesión plenaria de este martes, celebrada en la sede de Santa Cruz de Tenerife, ha sido el primer gran examen parlamentario del nuevo marco y de las medidas que prepara el Ejecutivo de Coalición Canaria.
El Parlamento de Canarias, como cámara legislativa autonómica, no tiene competencias directas en política exterior o de asilo, pero su voz es determinante para fijar la posición de la comunidad y para exigir recursos al Gobierno central. En los últimos años, los debates migratorios han subido de tono, con advertencias del presidente Clavijo sobre un «colapso» de los centros de acogida y la imposibilidad de atender a menores no acompañados sin una financiación estable.
Las posturas en el hemiciclo
Fernando Clavijo ha abierto la sesión con una intervención en la que ha vinculado la nueva normativa europea con la «deuda histórica» que, a su juicio, mantienen el Estado y Bruselas con el archipiélago. Ha recordado que el pacto prevé un mecanismo de solidaridad por el cual los Estados miembros deberán optar entre reubicar a un número determinado de solicitantes de asilo, aportar fondos o asumir tareas operativas. «Canarias no puede seguir siendo el único muelle de llegada», ha subrayado, al tiempo que ha pedido una distribución vinculante de migrantes adultos y, sobre todo, de menores extranjeros no acompañados.
Los grupos de la oposición han matizado el discurso. El PSOE, a través de su portavoz parlamentaria, ha acusado al Gobierno canario de buscar un «conflicto permanente» con Madrid mientras no agiliza sus propias competencias en políticas sociales. Nueva Canarias ha insistido en la necesidad de regularizar a miles de personas que ya están en las islas trabajando en la economía sumergida, y Podemos ha exigido garantías de que los procedimientos fronterizos no recorten derechos fundamentales. El debate ha evidenciado un arco político fragmentado, aunque con un diagnóstico compartido: la ruta canaria seguirá siendo uno de los ejes principales de la migración hacia Europa si no se abordan las causas de fondo en los países de origen.
La ruta canaria: una historia de llegadas y emergencias
Para entender la intensidad del pleno de hoy conviene mirar atrás. Durante la década de 2000, la «ruta canaria» ya vivió un episodio crítico con la llegada de cayucos a las costas de El Hierro, Tenerife y Gran Canaria. Entonces la respuesta europea fue la creación de Frontex y acuerdos bilaterales con Mauritania y Senegal que redujeron temporalmente los flujos. Sin embargo, desde 2019 la ruta ha repuntado con fuerza, alimentada por la inestabilidad en el Sahel, la crisis económica postpandemia y el endurecimiento de las rutas mediterráneas. Según el Ministerio del Interior, en 2025 llegaron a las islas más de 22.000 personas, un 18 % más que el año anterior, y la tendencia en 2026 apunta a una nueva subida. Las imágenes de embarcaciones precarias arribando al muelle de Arguineguín o a La Restinga se han convertido en un relato recurrente que tensiona los servicios públicos y el debate político.
El nuevo pacto europeo pretende precisamente evitar que los países de primera entrada, como España, carguen con toda la responsabilidad. Introduce un «cribado» acelerado en frontera para determinar si una persona tiene derecho a protección internacional y, en caso contrario, proceder a su retorno rápido. Las oenegés han criticado que este sistema puede rebajar las garantías procesales, mientras que el Gobierno canario lo ve como una oportunidad para equilibrar un reparto que hasta ahora ha sido prácticamente simbólico.
El turismo como contrapeso: ¿puede la principal industria convivir con la crisis migratoria?
Mientras las cifras de llegadas se discuten en el hemiciclo, otros datos recuerdan que Canarias vive de su imagen exterior. El sector turístico aporta más del 35 % del PIB regional y emplea a más de 300.000 personas, según la Consejería de Turismo (datos de cierre de 2025). Cada año, más de 15 millones de visitantes eligen el archipiélago por su clima, sus paisajes volcánicos y la hospitalidad de sus gentes. La pregunta recurrente en buscadores como Google —»>¿cuál es la isla más bonita para visitar en Canarias?«— revela que la diversión de la oferta es parte del éxito. La respuesta, como bien saben los isleños, es que no hay una sola belleza canaria: cada isla tiene una personalidad que atrapa a distintos viajeros.
Desde el punto de vista político, esa diversidad también importa. Las islas no viven la presión migratoria de la misma manera. Los centros de acogida y las llegadas se concentran en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, mientras que La Gomera, La Palma o El Hierro reciben menos flujos pero mantienen una infraestructura de atención limitada. Por ello, las medidas que se adoptan en el Parlamento deben modularse según las singularidades insulares. No es lo mismo gestionar la acogida en una isla con 850.000 habitantes y una potente red hotelera que en otra con 11.000 residentes y un único hospital comarcal.
Las islas, una a una: qué hay detrás de la pregunta del viajero
Google insiste: ¿qué isla es más bonita, Fuerteventura o Gran Canaria? ¿Cuáles son las siete islas que conforman el archipiélago? Las consultas son populares entre quienes planean su viaje, pero la respuesta tiene ecos en la actualidad política, porque refleja el peso de cada territorio en el imaginario colectivo y en la economía regional. Estas son las siete caras del paraíso atlántico que, al mismo tiempo, son los siete pilares de la administración autonómica.
Gran Canaria es la isla de contrastes: dunas doradas en Maspalomas, cumbres verdes en la cuenca de Tejeda y la vibrante vida urbana de Las Palmas, una de las ciudades más cosmopolitas del Atlántico. Su población roza los 850.000 habitantes y es, junto a Tenerife, el motor económico del archipiélago. Precisamente por su tamaño y su infraestructura, soporta la mayor red de acogida migratoria y concentra gran parte de la presión asistencial.
Tenerife, presidida por el Teide, ofrece un paisaje volcánico único, playas negras en el norte y un sur bañado de turismo familiar. El turismo ha transformado municipios como Adeje o Arona, pero la isla también alberga la capital administrativa, Santa Cruz, y el Parlamento que hoy debate el futuro migratorio. Con más de 900.000 vecinos, es la más poblada y la que más presupuesto autonómico gestiona.
Lanzarote, declarada Reserva de la Biosfera en su totalidad, deslumbra con sus campos de lava y su arquitectura encalada. César Manrique marcó un estilo que cuida el territorio, pero el crecimiento turístico ha generado tensiones con la capacidad de carga. Aunque geográficamente próxima a África, las llegadas de embarcaciones irregulares no son tan numerosas como en Gran Canaria, pero los centros de internamiento han sufrido episodios de saturación.
Fuerteventura compite con Gran Canaria en la pregunta del buscador: su kilómetros de playas de arena blanca y aguas turquesas atraen a amantes del surf y del descanso. Con 120.000 habitantes, mantiene un frágil equilibrio entre la preservación de sus paisajes y el desarrollo urbanístico. Al estar a solo 100 kilómetros de la costa africana, es una de las islas más expuestas a la llegada de pateras, lo que ha obligado a reforzar el dispositivo de Salvamento Marítimo.
La Palma, la isla bonita, se recupera de la erupción del volcán de Tajogaite (2021) con una naturaleza exuberante y un turismo más pausado. Sus 85.000 residentes dependen todavía de las ayudas para la reconstrucción, y la crisis migratoria apenas ha rozado sus costas. Sin embargo, las políticas de reparto de menores sí le afectan: todos los territorios deben asumir una cuota solidaria.
La Gomera, con su silbo ancestral y el espesor del Parque Nacional de Garajonay, es un refugio para el senderismo y la desconexión. Sus 22.000 habitantes apenas notan la presión migratoria directa, pero el debate parlamentario les recuerda que las decisiones sobre solidaridad interterritorial afectan al reparto de recursos públicos, desde la sanidad hasta la educación.
El Hierro, la isla del meridiano, es la más pequeña y la más joven en términos geológicos. Con apenas 11.000 habitantes, es la que mejores índices de sostenibilidad ambiental presenta. A pesar de su lejanía, en 2025 recibió la visita inesperada de varios cayucos, lo que llevó a una pequeña crisis humanitaria que puso a prueba sus escasas infraestructuras de acogida. El episodio elevó el tono del debate político sobre la necesidad de un sistema de alerta temprana para toda la comunidad.
Para responder a las preguntas más frecuentes: cada isla tiene su belleza única. No es mejor Fuerteventura que Gran Canaria, ni al revés. La elección depende de lo que busque el viajero: playas infinitas, cultura, montaña o tradiciones. Y las siete que conforman el mapa incluyen también a La Graciosa, la octava isla habitada, considerada parte de Lanzarote administrativamente pero con identidad propia.
El impacto económico y social del nuevo pacto
Más allá de la belleza paisajística, la discusión en el Parlamento tiene un componente económico de primer orden. El Pacto de Migración y Asilo obliga a los Estados miembros a diseñar planes nacionales de contingencia y a reservar recursos para la acogida y el retorno. El Gobierno de Canarias ha estimado que, si no se articula un sistema de reparto vinculante, el gasto en atención humanitaria podría superar los 300 millones de euros anuales a partir de 2027, una cifra que competiría con partidas esenciales como la educación o la sanidad.
Los empresarios turísticos, mientras tanto, observan con cautela. La patronal hotelera ya ha advertido de que la imagen de islas saturadas puede ahuyentar a un turismo que busca tranquilidad. Por otro lado, los sindicatos agrarios recuerdan que parte de la mano de obra en las plantaciones de plátanos y tomates procede de personas migrantes regularizadas, y que un endurecimiento excesivo de los retornos podría dejar al campo sin jornaleros. El pleno de hoy ha escuchado estas voces a través de los distintos grupos parlamentarios, que han introducido propuestas de resolución para instar al Gobierno central a negociar en Bruselas una «excepción insular» que tenga en cuenta la especial fragilidad económica y poblacional del archipiélago.
¿Qué sigue? El calendario político tras el pleno
La sesión de este martes no cierra el debate, sino que abre un calendario de comparecencias y negociaciones. En las próximas semanas, el presidente Clavijo viajará a Bruselas para reunirse con la comisaria de Interior, y el Parlamento debatirá una proposición de ley para crear un fondo canario de solidaridad migratoria, dotado con ingresos procedentes del Régimen Económico y Fiscal (REF). La iniciativa pretende blindar partidas para atención de menores y para mejorar las infraestructuras de acogida, de modo que no dependan de transferencias discrecionales del Estado.
La oposición ha solicitado también la creación de una comisión de estudio, con representantes de todos los cabildos insulares, que evalúe la capacidad real de cada isla para asumir reubicaciones. La idea es que la solidaridad no se imponga desde el Gobierno central, sino que sea pactada entre los propios territorios, teniendo en cuenta indicadores como la población, la renta per cápita o la disponibilidad de servicios públicos. De aprobarse, esta comisión podría emitir un dictamen en el plazo de tres meses, coincidiendo con el inicio del curso político de otoño.
Mientras tanto, las costas canarias seguirán recibiendo embarcaciones. El buen tiempo del verano suele ser sinónimo de aumento de la presión migratoria, y los centros de acogida ya están al 85 % de su capacidad, según datos del Gobierno de Canarias. Las oenegés insisten en la necesidad de habilitar corredores humanitarios para evitar que los migrantes se jueguen la vida en el mar, pero esa reivindicación choca con la política europea de externalización de fronteras.
Un archipiélago ante su encrucijada
El pleno de este martes ha recordado a los canarios que su tierra es, al mismo tiempo, un destino turístico de primer orden y la frontera sur de Europa. Las decisiones que se tomen en los próximos meses —en Santa Cruz de Tenerife, en Madrid y en Bruselas— definirán si el archipiélago logra convertir el nuevo pacto migratorio en una oportunidad para recibir más recursos y solidaridad, o si se convierte en un callejón sin salida que desborde sus servicios y ponga en riesgo la convivencia. Las respuestas que dio el presidente Clavijo en el hemiciclo apuntan a la primera opción, pero necesitan del respaldo de una mayoría política que hoy se ha mostrado esquiva.
La próxima cita en el Parlamento de Canarias será dentro de dos semanas, cuando se debatan las propuestas de resolución presentadas por los grupos. Hasta entonces, el foco seguirá puesto en el Mediterráneo y el Atlántico, porque la política migratoria no espera.
