Canarias rechaza nombrar representantes en el triaje de menores y pide al Estado que asuma la competencia
El Gobierno de Canarias ha comunicado que no designará representantes para los procedimientos de triaje de menores migrantes no acompañados en los Centros de Atención Temporal de Migrantes (CATE). La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, reiteró el 13 de agosto que la identificación y determinación de edad es competencia del Estado, al tratarse de una actuación vinculada al control de fronteras.
En este artículo9
- La petición del Estado y el rechazo de Canarias
- Control de fronteras frente a protección de menores
- El Pacto Europeo de Migración y Asilo, sin desarrollo en España
- Antecedentes: de las 5.017 tutelas a la contingencia migratoria
- Datos actuales de acogida: 2.600-2.700 menores y 86 centros
- La reunión bilateral del 26 de agosto
- El triaje en los CATE y la determinación de la edad
- Canarias como destino: preguntas frecuentes de los lectores
- Qué sigue: negociación y exigencia de regulación
La petición del Estado y el rechazo de Canarias
La Delegación del Gobierno en Canarias había solicitado formalmente a la comunidad autónoma que designara representantes para participar en los procesos de identificación y determinación de edad que se realizan en los CATE. El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, defendió el pasado 24 de julio que la normativa europea exige la presencia de una persona que vele por el interés superior del menor y que esa función no puede recaer en los agentes policiales que gestionan esos centros. Según su interpretación, la comunidad autónoma, al tener competencias en protección de menores, debería asumir esa tarea.
La Consejería de Bienestar Social, sin embargo, rechaza esa lectura. Delgado sostiene que la identificación y la determinación de la edad se inscriben en la fase de control de entrada al país, una materia que corresponde exclusivamente al Estado. Para el Ejecutivo autonómico, designar representantes en los CATE supondría asumir una función que no le ha sido delegada mediante un instrumento normativo y que no cuenta con una ficha financiera asociada.
La posición canaria no es nueva. La Dirección General de Infancia mantuvo recientemente una reunión con la Delegación del Gobierno y con las brigadas policiales de extranjería para abordar el reparto de funciones, sin que se alcanzara un acuerdo. La consejera subrayó que la comunidad está dispuesta a colaborar, pero no a sustituir al Estado en una competencia que considera propia de la Administración General.
Control de fronteras frente a protección de menores
Candelaria Delgado ha insistido en que el Pacto Europeo de Migración y Asilo establece que el competente para realizar el triaje es el competente en la entrada al país. En España, la frontera y el control de entrada son competencia estatal, por lo que Canarias no puede intervenir en esa fase. La consejera señaló que la comunidad actuará una vez que los menores hayan sido identificados y reconocidos como tales: velará a posteriori por el respeto de sus derechos.
Esa distinción es clave en el conflicto. La Delegación del Gobierno sostiene que la presencia de personal autonómico en el triaje es necesaria para defender el interés superior del menor, porque los funcionarios policiales no pueden ejercer esa función. Canarias replica que el interés superior del menor no le obliga a asumir una competencia estatal, sino a garantizar que, una vez el menor está identificado, reciba la protección adecuada en sus centros de acogida.
La controversia tiene implicaciones prácticas: si un menor no es correctamente identificado durante el triaje, puede quedar en un limbo administrativo. Canarias exige que todos los menores que llegan al archipiélago pasen por un procedimiento de triaje antes de que la comunidad asuma su protección. Si ese procedimiento no se ha realizado, el Ejecutivo autonómico reclama que se lleve a cabo previamente, sin aceptar la tutela de personas cuya edad no esté determinada por la autoridad competente.
El Pacto Europeo de Migración y Asilo, sin desarrollo en España
El reglamento europeo entró en vigor el 12 de junio y fija un marco común para el control de las personas que llegan a territorio comunitario. Canarias considera que España todavía no ha adaptado su normativa interna para aplicar el pacto y concretar el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. La consejera Delgado reveló que el Gobierno canario ha enviado tres cartas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para reclamar información sobre las reformas legislativas necesarias.
Según la consejera, esas cartas no han recibido una respuesta que aclare el reparto de funciones. La falta de desarrollo normativo ha generado un vacío que, en la práctica, traslada a las comunidades autónomas la responsabilidad de interpretar el alcance de sus obligaciones. Canarias asegura que no asumirá nuevas competencias sin un documento que las defina y sin una dotación económica suficiente.
La reunión bilateral del 26 de agosto con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones será el primer escenario formal para plantear estas cuestiones. Además, la consejera ha reclamado la presencia del Ministerio de Juventud e Infancia, al considerar que está pendiente de definir quién debe asumir la representación legal de los menores durante el procedimiento de triaje. La cita se produce después de que no pudiera celebrarse la XIV conferencia sectorial sobre migraciones por falta de quórum, tras la ausencia de las comunidades gobernadas por el Partido Popular y Vox.
Antecedentes: de las 5.017 tutelas a la contingencia migratoria
El conflicto sobre el triaje se produce en un contexto de presión todavía elevada sobre el sistema de protección de menores de Canarias. Las islas llegaron a tutelar a más de 5.000 menores migrantes no acompañados, muy por encima de su capacidad ordinaria, que entonces se situaba en 737 plazas. Esa situación llevó al Gobierno autonómico a pedir, a finales de agosto de 2025, la declaración de contingencia migratoria para todo el archipiélago.
La declaración de contingencia activa un mecanismo de derivación obligatoria de menores hacia otras comunidades autónomas, conforme a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Esta norma obliga a reubicar en un plazo máximo de 15 días a todos los menores que lleguen a territorios declarados en situación de contingencia. Gracias a ese mecanismo, la cifra de menores acogidos en Canarias se ha reducido considerablemente en los últimos meses.
En junio de 2026, el Ejecutivo canario rechazó la posibilidad de levantar la contingencia migratoria. La consejera defendió que no sería responsable ni solidario retirar ese mecanismo mientras la red de recursos siga por encima de su capacidad ordinaria. Canarias tampoco participará en la acogida obligatoria de los menores que llegaron a Ceuta el pasado 30 de julio, precisamente por mantener la contingencia declarada.
Datos actuales de acogida: 2.600-2.700 menores y 86 centros
Según los datos facilitados por la Consejería de Bienestar Social, Canarias atiende actualmente entre 2.600 y 2.700 menores migrantes no acompañados. La cifra fluctúa en función de las nuevas llegadas y de las derivaciones de jóvenes hacia recursos de protección de otras comunidades autónomas. Aun así, la ocupación sigue por encima de la capacidad ordinaria, que se mantiene en 737 plazas.
La mejora de las cifras ha permitido cerrar y reorganizar algunos recursos. En abril se clausuró el centro de Mácher, en Lanzarote, y en julio los centros de Ayagaures y Ancor, en Fuerteventura. Actualmente la comunidad dispone de 86 centros de acogida, una red que se mantiene operativa para atender a los menores que ya están bajo tutela y a los que sigan llegando.
La reducción de la ocupación no ha supuesto, sin embargo, que Canarias acepte dejar de estar bajo el mecanismo extraordinario de distribución. El Gobierno autonómico insiste en que la contingencia migratoria debe mantenerse mientras la presión asistencial no se normalice por completo, y liga cualquier cambio a una negociación con el Estado.
La reunión bilateral del 26 de agosto
El próximo 26 de agosto está prevista una reunión bilateral entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para analizar la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo. La consejera Delgado ha solicitado que también participe el Ministerio de Juventud e Infancia, porque está pendiente de definir quién debe asumir la representación legal de los menores durante el procedimiento de triaje.
En esa cita, Canarias planteará tres exigencias: que el Estado reconozca su competencia en el triaje, que se concrete mediante un documento normativo cualquier delegación de funciones hacia la comunidad autónoma y que se garantice una ficha financiera suficiente. Delgado ha insistido en que “las competencias se asumen o se delegan con un documento normativo y con una ficha financiera”, no mediante una simple petición de la Delegación del Gobierno.
La reunión se celebra después del fracaso de la XIV conferencia sectorial sobre migraciones, que no pudo celebrarse por falta de quórum tras la ausencia de las comunidades gobernadas por el Partido Popular y Vox. Ese antecedente ha retrasado la coordinación entre administraciones y ha dejado en manos de reuniones bilaterales la resolución de los desacuerdos.
El triaje en los CATE y la determinación de la edad
El triaje es un procedimiento de clasificación e identificación inicial que se aplica a las personas que llegan a un país. En los Centros de Atención Temporal de Migrantes, sirve para determinar la situación administrativa de cada persona y, en el caso de los posibles menores, para establecer su edad. La determinación de la edad es un paso imprescindible para activar el sistema de protección de menores.
Canarias exige que todos los menores que llegan al archipiélago pasen por un procedimiento de triaje antes de que la comunidad asuma su protección. Si no se ha realizado, el Ejecutivo canario reclama que se lleve a cabo previamente. La consejera subrayó que la comunidad velará por los derechos de esos menores una vez que sean reconocidos como tales, pero no participará directamente en los procedimientos.
La cuestión de la representación legal es especialmente delicada. Durante el triaje, un menor no acompañado necesita que alguien defienda sus intereses, pero no está claro qué administración debe designar a esa persona. La Delegación del Gobierno sostiene que debe ser la comunidad autónoma; Canarias responde que esa función corresponde al Estado mientras el menor esté en un centro bajo control policial. La reunión del 26 de agosto intentará despejar esa incógnita.
Canarias como destino: preguntas frecuentes de los lectores
Mientras el debate competencial continúa, muchos lectores plantean dudas sobre las islas como destino turístico. No existe un ranking oficial del Gobierno de Canarias que determine cuál es la isla más bonita. Tenerife destaca por el Parque Nacional del Teide, Gran Canaria por sus dunas de Maspalomas, Lanzarote por su paisaje volcánico de Timanfaya y Fuerteventura por sus playas de arena blanca. La elección depende de las preferencias personales y del tipo de experiencia que se busque.
Tampoco hay un índice oficial que compare precios entre Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife. Los costes de alojamiento, restauración y transporte varían según la temporada, la categoría del establecimiento y la antelación de la reserva. En general, las islas orientales suelen registrar precios algo más contenidos en alojamiento vacacional, pero no existe una clasificación administrativa que permita afirmar con datos oficiales cuál es más barata.
La comparación entre Fuerteventura y Lanzarote, o entre Lanzarote y Gran Canaria, tampoco tiene una respuesta objetiva. Fuerteventura ofrece playas extensas y aguas tranquilas, mientras que Lanzarote suma una oferta cultural y vinícola singular. Gran Canaria combina playa, montaña y una capital con vida urbana. Son complementarias más que competidoras, y la elección final es subjetiva.
Qué sigue: negociación y exigencia de regulación
La reunión del 26 de agosto será clave para intentar desbloquear el conflicto. Canarias mantiene que no asumirá competencias sin un soporte normativo y financiero claro. El Ejecutivo autonómico reclama que el Estado concrete qué administración ejerce la representación legal de los menores durante el triaje y que garantice los fondos necesarios para cualquier función que se le encomiende.
Mientras tanto, la comunidad seguirá gestionando la acogida de los menores ya identificados y mantendrá la exigencia de que todos los que lleguen pasen antes por el procedimiento estatal de identificación y determinación de edad. La posición canaria no impide que la red de centros siga funcionando, pero subraya la necesidad de definir con claridad las responsabilidades de cada administración en una materia tan sensible como la protección de la infancia migrante.
