Ejecutan un desahucio en Las Palmas de Gran Canaria con una mujer y dos menores
La orden judicial de desalojo se ejecutó el 13 de octubre en el barrio de Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria, dejando a una mujer y sus dos hijos, de 16 y 4 años, sin vivienda y sin alternativa habitacional. El caso coincide con una jornada marcada por la crisis de vivienda en el Parlamento de Canarias, la llegada de un cayuco a El Hierro y la amenaza de huelga médica indefinida.
En este artículo8
- Desahucio sin alternativa habitacional en Pedro Hidalgo
- Reacciones y exigencia de suspensión
- Crisis habitacional en el Parlamento de Canarias
- Repunte migratorio: nueva llegada a El Hierro
- Huelga médica: negociaciones a contrarreloj
- Contexto: presión social y políticas de vivienda
- Impacto local y servicios públicos
- Qué sigue: plazos y posibles escenarios
Desahucio sin alternativa habitacional en Pedro Hidalgo
El lanzamiento se llevó a cabo en una vivienda del barrio de Pedro Hidalgo, en la capital grancanaria. La afectada, identificada como Jennifer, explicó a los periodistas que nunca se había negado a pagar el alquiler. En el momento del desalojo, sus dos hijos se encontraban en el colegio. La mujer no dispone de alternativa habitacional, por lo que estaba previsto que recibiera ayuda temporal de carácter asistencial durante la noche.
La comitiva judicial consideró que no se daban las circunstancias de vulnerabilidad suficientes para suspender la medida, pese a los informes aportados en el último momento sobre la situación en la que queda la familia. La normativa autonómica conocida como Decreto Maricarmen, diseñada para proteger a personas en riesgo de exclusión residencial, no evitó el desalojo.
El caso ha reavivado el debate sobre la aplicación de los protocolos de vulnerabilidad en los procedimientos de desahucio. Las plataformas antidesahucios denuncian que, en la práctica, los informes sociales no siempre se tienen en cuenta cuando la orden judicial ya está fechada. En este sentido, resulta especialmente sensible la presencia de menores de edad, cuya protección integral debería prevalecer según la normativa autonómica y estatal.
Reacciones y exigencia de suspensión
Javier Marrero, portavoz de la plataforma Derecho al Techo, insistió en que se cumplen las condiciones para paralizar el desalojo y confió en que la jueza adopte esa decisión en las próximas horas. La organización viene reclamando una moratoria para los desahucios de familias con menores y personas en situación de vulnerabilidad social.
La afectada, Jennifer, reiteró ante los medios que nunca se ha negado a pagar el alquiler, aunque no precisó las causas del impago que motivaron el procedimiento judicial. La familia residía en el barrio de Pedro Hidalgo hasta este martes, y su caso se ha convertido en un nuevo símbolo de la emergencia habitacional que atraviesa el archipiélago.
Derecho al Techo ha denunciado que la mujer se enfrenta a una situación de calle sin una solución habitacional estable, algo que contradice los principios de los protocolos autonómicos de protección a personas vulnerables. La plataforma ha pedido a las administraciones públicas que actúen de oficio para garantizar un alojamiento digno a la familia.
Crisis habitacional en el Parlamento de Canarias
La crisis de vivienda centró la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias celebrada el 13 de octubre. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, recibió numerosas preguntas de la oposición, especialmente de PSOE y Nueva Canarias, formaciones que gobernaron en la legislatura anterior.
Los grupos de la oposición reprocharon al Ejecutivo su falta de iniciativa en materia habitacional hasta que la protesta social de las últimas semanas le ha empujado a actuar. Desde el pacto de Coalición Canaria y PP se defiende que ya se están tramitando medidas para ampliar el parque público y movilizar vivienda vacía, aunque no se han concretado plazos ni dotación presupuestaria.
El debate parlamentario refleja la creciente presión vecinal por el acceso a la vivienda. En varias islas se han sucedido movilizaciones ciudadanas que exigen soluciones urgentes frente al encarecimiento de los alquileres y la escasez de vivienda protegida. La sesión de control evidenció la fractura política en torno a un problema que afecta de manera transversal a la sociedad canaria.
Repunte migratorio: nueva llegada a El Hierro
El 13 de octubre por la mañana arribó un cayuco a El Hierro con 86 personas a bordo, según confirmaron las autoridades. La isla sigue siendo uno de los principales puntos de llegada de la Ruta Canaria, que acumula un elevado número de arribadas en lo que va de año. Los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad activaron el dispositivo habitual de recepción y asistencia sanitaria.
En el plano político, el Partido Popular planteó la necesidad de reforzar las fronteras con presencia incluso de la Armada, recordando lo que se hizo durante la crisis de los cayucos de 2006. La diputada popular Luz Reverón defendió esta postura, que supondría una implicación militar en la vigilancia marítima. En cambio, la diputada nacional de Coalición Canaria, Cristina Valido, consideró que no es necesaria la participación militar, abogando por una gestión civil y coordinada con los países de origen y tránsito.
El debate sobre la gestión migratoria se produce mientras las administraciones canarias y estatales buscan fórmulas para la acogida y derivación de personas migrantes, en un contexto de saturación de los recursos de acogida. La presión sobre los servicios sociales de El Hierro y de otras islas occidentales ha llevado a reclamar una mayor implicación del Gobierno central y de la Unión Europea.
Huelga médica: negociaciones a contrarreloj
El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, mostró el 13 de octubre su incomprensión ante la negativa de los sindicatos médicos a avanzar en las negociaciones para evitar la huelga indefinida convocada a partir del viernes 16 de octubre. Goya subrayó que sobre la mesa hay mejoras muy importantes para el colectivo, tanto retributivas como de organización asistencial.
Por su parte, el secretario general del sindicato médico, Levy Cabrera, anunció que a lo largo de esa jornada remitirán un documento al SCS con los puntos mínimos en los que podría alcanzarse un acuerdo. Cabrera pidió que el director del SCS les convoque a negociar donde sea y a cualquier hora, en un intento de desbloquear la situación antes del inicio de la huelga.
La convocatoria de paro indefinido afectaría a la atención sanitaria en centros de salud y hospitales de todo el archipiélago, en un momento de especial presión asistencial. Las organizaciones sindicales vienen denunciando la sobrecarga de trabajo, la falta de personal y el deterioro de las condiciones laborales en la sanidad pública canaria.
Contexto: presión social y políticas de vivienda
Canarias vive una crisis habitacional estructural, agravada por el peso del sector turístico, la limitada disponibilidad de suelo y el incremento de los precios de compra y alquiler. El parque de vivienda protegida resulta insuficiente para atender la demanda, lo que empuja a muchas familias a situaciones de exclusión residencial o a compartir vivienda en condiciones precarias.
El Decreto Maricarmen, aprobado en la pasada legislatura, introdujo mecanismos para suspender lanzamientos en casos de vulnerabilidad acreditada. Sin embargo, su aplicación efectiva ha sido objeto de controversia. El desalojo del barrio de Pedro Hidalgo demuestra que la mera existencia de una norma protectora no garantiza su cumplimiento si no se acompañan los informes sociales con la suficiente antelación o si los juzgados no aprecian la vulnerabilidad alegada.
Las plataformas antidesahucios y colectivos sociales vienen denunciando un aumento de los procedimientos de desahucio por impago de alquiler, así como la falta de alternativas habitacionales para las familias afectadas, especialmente cuando hay menores de edad. La presión social ha llevado al Gobierno de Canarias a anunciar la creación de una mesa de trabajo sobre vivienda y la movilización de inmuebles vacíos, aunque los resultados aún no se perciben sobre el terreno.
Impacto local y servicios públicos
El desahucio de la familia de Pedro Hidalgo deja a dos menores, de 16 y 4 años, en una situación de vulnerabilidad extrema. La madre no dispone de una vivienda estable, y los servicios sociales municipales deberán articular medidas de atención inmediata, que previsiblemente pasarán por un alojamiento temporal de urgencia o una plaza en un centro de acogida.
La llegada de un cayuco a El Hierro suma una nueva presión sobre los recursos de acogida de la isla, que ya soporta un elevado número de personas migrantes. Las administraciones locales reclaman mayor implicación del Estado y de la Unión Europea en la gestión del fenómeno migratorio, así como criterios de reparto solidario entre comunidades autónomas.
En el ámbito sanitario, la posible huelga médica indefinida afectaría a la actividad quirúrgica y a las consultas externas, al tiempo que tensionaría unos servicios ya sobrecargados por la demanda asistencial. Los sindicatos médicos advierten de que, sin un acuerdo, la sanidad pública canaria podría sufrir un colapso en plena campaña de vacunación y con listas de espera elevadas.
Qué sigue: plazos y posibles escenarios
En las próximas horas se espera que la jueza se pronuncie sobre la solicitud de suspensión del desalojo presentada por la plataforma Derecho al Techo. De no producirse, la familia continuará en situación de calle o dependerá de recursos temporales, con el consiguiente impacto emocional y social sobre los menores.
En el Parlamento de Canarias, el Gobierno deberá concretar las medidas anunciadas para ampliar el parque público de vivienda y atender la emergencia habitacional, en un clima de creciente presión social. La oposición seguirá exigiendo una comparecencia monográfica y un plan de choque con calendario y financiación.
En materia migratoria, el debate sobre el refuerzo de fronteras continuará tanto en el ámbito autonómico como en el estatal, con posiciones enfrentadas entre PP y Coalición Canaria. La llegada de nuevos cayucos mantendrá la atención sobre la Ruta Canaria y la necesidad de una respuesta coordinada.
Respecto a la huelga médica, todo queda a expensas de que el SCS convoque a los sindicatos y se alcance un acuerdo antes del viernes 16 de octubre. Si no se produce, el paro indefinido comenzará esa misma jornada, con efectos inmediatos en la sanidad pública canaria. Las próximas horas serán decisivas para evitar un conflicto que afectaría a miles de pacientes.
La jornada del 14 de octubre de 2026 deja un archipiélago en tensión, con tres frentes abiertos —vivienda, migración y sanidad— que pondrán a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones y la cohesión social de Canarias.
