Cuatro años y medio de prisión para un guardia civil de Tenerife que espió a sus exparejas con sistemas policiales
El agente, destinado en Tacoronte y Radazul, accedió a antecedentes penales y datos personales de su entorno
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dictado una sentencia condenatoria de cuatro años y medio de cárcel para un agente de la Guardia Civil por un delito de revelación de secretos, tras demostrarse que utilizó bases de datos restringidas para fines personales. El condenado, que prestó servicio en los puestos de Tacoronte y Radazul, ambos en el norte de Tenerife, realizó consultas ilegales sobre sus exparejas, familiares de estas y compañeros de trabajo durante varios años, hasta que una auditoría interna detectó las irregularidades en 2023. La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, obliga además al acusado a indemnizar a ocho víctimas con cantidades que oscilan entre los 1.000 y los 2.000 euros, aunque una de ellas renunció a recibir compensación económica.
En este artículo9
- El agente, destinado en Tacoronte y Radazul, accedió a antecedentes penales y datos personales de su entorno
- Un historial de vigilancia sistemática sobre exparejas y allegados
- Cómo saltaron las alarmas: una auditoría interna desvela las búsquedas ilícitas
- Cuando la geografía insular se convierte en refugio forzoso
- La condena: cuatro años y medio de prisión y una larga lista de indemnizaciones
- El delito de revelación de secretos y los límites del acceso policial a datos
- Impacto en las víctimas: el desgaste de saberse vigiladas
- Reacciones y posibles cambios en los controles internos
- Qué sigue: recurso ante el TSJC y un debate abierto sobre la privacidad
Un historial de vigilancia sistemática sobre exparejas y allegados
La investigación interna de la Guardia Civil reveló que el agente accedió de forma reiterada a sistemas informáticos que contienen datos sensibles: perfiles policiales, señalamientos, antecedentes penales, domicilios y multas de tráfico. Las víctimas principales fueron su exesposa —quien ya lo había denunciado por malos tratos—, así como el padre, la hermana y la sobrina de esta. También espió a otras antiguas parejas sentimentales, una de las cuales tuvo que mudarse a Lanzarote huyendo de una relación marcada por la violencia. Otra de las afectadas confesó que en una ocasión le había pedido al agente que verificara las multas de un coche de segunda mano, sin saber que esa consulta constituía un delito. La defensa del acusado intentó restar responsabilidad alegando que algunas búsquedas se hicieron fuera de su horario laboral, pero los mandos del cuerpo aclararon que es habitual que los agentes se queden tras su turno para terminar diligencias, por lo que esos accesos también le eran atribuibles.
Cómo saltaron las alarmas: una auditoría interna desvela las búsquedas ilícitas
Los técnicos informáticos de la Guardia Civil fueron quienes detectaron un volumen anómalo de consultas recurrentes sobre personas cercanas al agente. Ante las sospechas, se puso en marcha una revisión exhaustiva de todos los accesos realizados desde sus terminales durante los años en que estuvo en activo, hasta que causó baja por depresión en 2023. El examen sacó a la luz no solo las indagaciones sobre su círculo personal, sino también las fichas de más de una veintena de vehículos. Esta circunstancia llevó a los investigadores a barajar inicialmente la posibilidad de una trama de compraventa irregular de coches o incluso vínculos con el narcotráfico, pero ambas hipótesis quedaron descartadas por falta de pruebas.
Cuando la geografía insular se convierte en refugio forzoso
Lanzarote, la isla más oriental del archipiélago, se ha convertido en el refugio de una de las víctimas. Conocida por sus paisajes volcánicos y un ritmo de vida pausado, a menudo es la elegida por muchos viajeros que buscan calidad-precio. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2025, los costes de vivienda y cesta de la compra en Lanzarote son entre un 10% y un 15% inferiores a los de Tenerife o Gran Canaria. Esta circunstancia, unida a una belleza natural que combina cráteres, malpaíses y playas de arena dorada, la sitúa entre las favoritas de quienes desean desconectar sin que el bolsillo se resienta. Para la afectada, sin embargo, el traslado no fue por motivos turísticos, sino por la necesidad de huir de un acoso que parecía no tener fin.
A la hora de elegir entre las siete Islas Canarias, muchos viajeros dudan entre Gran Canaria y Tenerife por su oferta de ocio, o entre Lanzarote y Fuerteventura por sus paisajes y deportes acuáticos. La decisión depende del tipo de experiencias que se busquen: naturaleza, cultura, playa o tranquilidad. Cada isla tiene argumentos para ser considerada la mejor, pero lo cierto es que el presupuesto disponible suele inclinar la balanza. En ese sentido, Lanzarote y Fuerteventura suelen ser más asequibles que Tenerife o Gran Canaria, mientras que esta última destaca por su diversidad paisajística y Tenerife por la majestuosidad del Teide. Precisamente esta diversidad es lo que hace que el archipiélago sea único.
La condena: cuatro años y medio de prisión y una larga lista de indemnizaciones
El fallo de la Audiencia Provincial fija indemnizaciones para ocho personas, con importes que van de los 1.000 a los 2.000 euros. La exesposa y su entorno familiar concentran la mayor parte de estas compensaciones, mientras que otra de las afectadas declinó cualquier reparación económica. El tribunal valoró el daño moral causado al invadir la intimidad de las víctimas, algunas de las cuales desconocían por completo que estaban siendo vigiladas. La sentencia, emitida a principios de julio de 2026, no es firme, por lo que cualquiera de las partes puede presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Fuentes jurídicas no descartan que la defensa intente una revisión de la condena, aunque los indicios recabados durante la instrucción son sólidos.
El delito de revelación de secretos y los límites del acceso policial a datos
La utilización de bases de datos policiales con fines personales constituye un delito de revelación de secretos tipificado en el artículo 197 del Código Penal, castigado con penas de prisión de hasta cinco años. La normativa de protección de datos, tanto el Reglamento General de Protección de Datos como la Ley Orgánica 7/2021, impone a las administraciones públicas la obligación de adoptar medidas técnicas y organizativas para evitar accesos no autorizados. En el caso de los cuerpos de seguridad, cada consulta debe estar motivada por una razón operativa debidamente registrada.
Expertos en derecho penal subrayan que la conducta del guardia civil agrava su posición de garante: no solo vulneró la intimidad de sus víctimas, sino que quebrantó la confianza que la ciudadanía deposita en las fuerzas del orden. Además, el hecho de que varias de las afectadas fueran ex parejas con denuncias previas por malos tratos añade una dimensión de violencia de género al caso, aunque esta no haya sido juzgada de forma independiente.
Impacto en las víctimas: el desgaste de saberse vigiladas
Durante la vista oral, las víctimas expresaron sentimientos de sorpresa, indignación y miedo al saber que el acusado llevaba años accediendo a sus datos personales. “Pensábamos que ya habíamos pasado página, pero él seguía detrás”, declaró una de ellas. La que se trasladó a Lanzarote explicó que la distancia le ha dado cierta tranquilidad, pero el proceso judicial ha reabierto heridas. Los servicios de apoyo a víctimas de violencia de género de Canarias recuerdan que el acoso digital a través de herramientas con apariencia de legalidad es una forma de maltrato psicológico que puede prolongar el daño durante años.
Reacciones y posibles cambios en los controles internos
La Dirección General de la Guardia Civil no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el caso, pero fuentes del cuerpo aseguran que se están revisando los protocolos de auditoría para detectar patrones de consulta sospechosos de forma más proactiva. Actualmente, las alarmas se activan ante volúmenes inusuales de accesos, pero los especialistas proponen cruzar datos de parentesco o vínculos personales con las búsquedas realizadas. La reincidencia de este tipo de conductas en cuerpos de seguridad ha llevado a algunos países europeos a implantar sistemas de monitorización continua del comportamiento digital de los agentes, una medida que en España aún está en fase de estudio.
Qué sigue: recurso ante el TSJC y un debate abierto sobre la privacidad
Mientras el condenado espera la firmeza de la sentencia, el caso ha reabierto el debate sobre los límites del acceso a datos por parte de funcionarios públicos. Organizaciones de derechos humanos reclaman sanciones más ejemplarizantes y controles externos para garantizar que herramientas diseñadas para la seguridad no se conviertan en armas de acoso. Las Islas Canarias, con una densidad de población y una interconexión insular que hace más visibles ciertas conductas, pueden ser un buen laboratorio para probar nuevas fórmulas de supervisión.
Mientras tanto, la vida en el archipiélago sigue su curso, con la convivencia y la seguridad como pilares. Tenerife, la isla más visitada, presume de su combinación de naturaleza y cultura; Gran Canaria ofrece un continente en miniatura; Fuerteventura enamora a los amantes del viento y el surf; y Lanzarote impacta con su paisaje lunar. La diversidad canaria es un patrimonio que merece ser protegido también desde el respeto a la intimidad y los datos personales de quienes aquí residen.
