Más de 200 bomberos forestales y empleados sociales del Cabildo de Gran Canaria reclaman la revisión de categorías tras dos décadas de bloqueo
Decenas de trabajadores del Cabildo de Gran Canaria, con los bomberos forestales al frente, se concentraron el viernes ante la Casa Palacio para exigir una actualización inmediata de sus condiciones laborales, congeladas en algunos casos desde hace más de veinte años. La protesta, que unió a personal de prevención y extinción de incendios con empleados de centros de Política Social, evidencia el malestar por la falta de avances en la negociación colectiva y el retraso en la aplicación de la legislación autonómica que les reconoce nuevos derechos.
En este artículo10
- Reivindicaciones que rompen dos décadas de silencio
- Bomberos forestales: atrapados en la categoría de peonaje
- Una ley que lleva dos años sin aplicarse
- Trabajadores de Política Social: dos décadas de precariedad
- Residencia de Taliarte Sur: sobrecarga y plantilla insuficiente
- El contexto normativo y la paradoja del reconocimiento
- Impacto en los servicios públicos y respuesta institucional
- Las cifras de un conflicto laboral enquistado
- Cronología de una movilización
- Qué sigue: negociaciones y posibles paros
Reivindicaciones que rompen dos décadas de silencio
Los convocantes denuncian que sus categorías profesionales no han sido revisadas desde principios de los años 2000, una situación que, según el comité de empresa del Cabildo, afecta a más de 360 empleados públicos entre los distintos colectivos. La jornada de movilización, convocada para el 31 de julio de 2026, coincidió con una alerta por riesgo de incendios forestales declarada por el Gobierno de Canarias, lo que redujo la participación de los equipos de guardia pero no frenó la reclamación. Los manifestantes portaban pancartas en las que se leían frases como «Bombero forestal no es peón» y «20 años de precariedad».
Bomberos forestales: atrapados en la categoría de peonaje
El foco de la protesta recayó sobre los más de 200 bomberos forestales que dependen del Cabildo. A pesar de desempeñar labores de alta especialización y riesgo, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) los encuadra en el grupo 5 del personal laboral público, asimilado a tareas no cualificadas como las de operario de medioambiente. Raúl Rodríguez, bombero y miembro del equipo negociador de Comisiones Obreras, explicó durante la concentración que «la denominación de bombero forestal se limita al puesto de trabajo, pero no existe como categoría profesional reconocida».
Esta falta de reconocimiento se traduce en una retribución mensual en torno a los 1.400 euros, según detalló el propio Rodríguez, una cifra que contrasta con las exigencias del servicio. «Con ese sueldo estamos montándonos en un helicóptero para aterrizar en zonas donde nunca antes ha aterrizado uno, de forma improvisada, para apagar incendios», denunció el portavoz, que insistió en la vocación del colectivo y en la necesidad de mantener las protestas sin afectar a la operatividad durante la campaña estival.
Una ley que lleva dos años sin aplicarse
El malestar de los bomberos forestales se agrava por la demora en el desarrollo de la Ley de Bomberos Forestales de Canarias, en vigor desde noviembre de 2024. Esta norma autonómica reconoce derechos como la percepción de complementos salariales por morbilidad, toxicidad, peligrosidad y penosidad, la posibilidad de jubilación anticipada en determinados supuestos y la obligación de implantar planes de prevención de riesgos laborales específicos. Sin embargo, los trabajadores aseguran que el Cabildo no ha iniciado la negociación para aplicar ninguno de estos puntos.
«El Cabildo está engañando a la sociedad al presentarnos como bomberos forestales sin reconocer oficialmente esa categoría laboral», reiteró Rodríguez. La protesta del viernes fue la tercera que protagoniza el colectivo en los últimos meses, y la primera que se desarrolla bajo una situación de alerta por incendios, como la que desde el 30 de julio afectaba a toda la isla por encima de los 400 metros de altitud. El detalle de las condiciones meteorológicas puede consultarse en la sección de el tiempo en Gran Canaria.
Trabajadores de Política Social: dos décadas de precariedad
Junto a los bomberos forestales se manifestaron empleados de centros dependientes de la Consejería de Política Social del Cabildo. La educadora social Sonia Cordón, delegada de Intersindical Canaria, denunció que los trabajadores del Punto de Encuentro Familiar acumulan más de 21 años en condiciones «precarias», con jornadas limitadas a fines de semana y festivos. Cordón señaló que, pese a las reiteradas peticiones en mesas de negociación y escritos formales, el servicio mantiene listas de espera desde su creación y no ha recibido respuesta institucional.
Por su parte, Guacimara Álvarez, trabajadora del Centro de Acogida Inmediata (CAI) Santa Rosalía, afirmó que los empleados de Política Social continúan con «las mismas condiciones laborales» desde hace dos décadas. Álvarez detalló que el colectivo —más de 160 trabajadores— arrastra déficits de conciliación, falta de evaluación de riesgos laborales y una RPT que, en sus palabras, «es del siglo pasado y está en pesetas». La representante sindical subrayó que la situación se repite en hogares de menores y centros de acogida, donde la plantilla apenas ha variado en número a pesar del incremento de la demanda.
Residencia de Taliarte Sur: sobrecarga y plantilla insuficiente
De forma paralela a la manifestación principal, trabajadoras de la residencia de mayores de Taliarte Sur se concentraron ante la misma sede institucional para exigir un refuerzo de personal. La delegada de personal, Dácil Cano, calificó de «insuficientes» tanto la plantilla como las retribuciones, y reclamó al Cabildo la incorporación de más auxiliares en los turnos de mañana y tarde. «La falta de personal recae sobre los trabajadores y, lo que es peor, sobre la atención a los residentes», advirtió Cano, quien añadió que las familias trasladan sus quejas directamente al personal del centro ante la falta de canales oficiales de resolución.
El contexto normativo y la paradoja del reconocimiento
La protesta se produce en un momento en que Canarias ha avanzado en la regulación del sector forestal, pero la implementación de las mejoras tropieza con la inercia administrativa. La Ley de Bomberos Forestales de 2024 nació con el objetivo de equiparar las condiciones de estos profesionales con las de otros cuerpos de emergencia; sin embargo, los representantes sindicales sostienen que sin una partida presupuestaria y una mesa de negociación abierta, el texto carece de efectividad real.
Además del encuadre en el grupo 5, los bomberos forestales reclaman la actualización de los complementos de peligrosidad y toxicidad, que consideran esenciales dado el contacto continuo con humos, combustibles químicos y terrenos de difícil acceso. La falta de esa actualización no solo afecta a sus nóminas actuales, sino que también penaliza sus futuras pensiones, ya que la base de cotización sigue anclada en una categoría inferior a las funciones reales.
Impacto en los servicios públicos y respuesta institucional
Pese a la dureza de las reivindicaciones, los convocantes insistieron en que las movilizaciones no afectarán a los servicios esenciales. Rodríguez recordó el carácter «vocacional» de los bomberos forestales y garantizó que los retenes de incendios permanecen operativos las 24 horas. Sin embargo, la coincidencia de la protesta con la declaración de alerta por parte del Gobierno de Canarias añadió un elemento de presión a la jornada. La isla, que atesora una rica variedad de atractivos naturales —como se puede descubrir en qué ver en Gran Canaria—, depende en gran medida de la eficacia de estos equipos para proteger espacios de alto valor ecológico y turístico.
Desde el Cabildo no se emitió una valoración oficial al término de la concentración, aunque fuentes del gobierno insular señalaron su disposición a seguir dialogando en las mesas sectoriales ya existentes. Los sindicatos, sin embargo, exigen un calendario concreto y compromisos presupuestarios antes de desconvocar nuevas movilizaciones, que ya están anunciadas para el mes de agosto si no se producen avances significativos.
Las cifras de un conflicto laboral enquistado
El conflicto afecta a tres grandes bloques dentro de la plantilla del Cabildo:
- Bomberos forestales: más de 200 efectivos encuadrados en el grupo 5 (peonaje), con salarios medios de 1.400 euros mensuales y sin reconocimiento de categoría profesional ni complementos de peligrosidad.
- Personal de Política Social: más de 160 trabajadores en centros como el Punto de Encuentro Familiar, hogares de menores y CAI Santa Rosalía, con RPT y convenios no actualizados desde hace más de 20 años.
- Residencia de Taliarte Sur: plantilla insuficiente de auxiliares para cubrir turnos de mañana y tarde, lo que genera sobrecarga y deterioro en la atención a los mayores.
Cronología de una movilización
La concentración del 31 de julio fue la tercera gran protesta organizada por el comité de empresa del Cabildo en lo que va de año. Las anteriores, en abril, se centraron exclusivamente en la situación de los bomberos forestales. La novedad de esta convocatoria fue la adhesión de los colectivos de Política Social y de la residencia de Taliarte, lo que los organizadores interpretan como una ampliación del malestar a todos los servicios públicos que dependen del Cabildo.
La presión se trasladará ahora a las mesas de negociación, donde los sindicatos esperan obtener respuestas concretas sobre tres ejes: reclasificación profesional de los bomberos forestales, actualización de las RPT de los centros sociales y refuerzo de plantilla en Taliarte. De no alcanzarse acuerdos, está previsto un calendario de nuevas movilizaciones que podría incluir paros parciales en servicios no esenciales.
Qué sigue: negociaciones y posibles paros
El comité de empresa ha dado al gobierno insular un plazo prudencial para fijar una reunión monográfica antes de mediados de agosto. Los representantes sindicales reclaman que la cita cuente con capacidad de decisión presupuestaria para poder cerrar los puntos más urgentes, como el abono de los complementos de peligrosidad a los bomberos o la contratación inmediata de auxiliares para la residencia de Taliarte. Mientras tanto, los trabajadores mantendrán las protestas en la calle con el objetivo de visibilizar unas condiciones que consideran incompatibles con la calidad de los servicios que presta el Cabildo.
