Perdón de 3,5 millones a plataneros de La Palma sin expediente de gasto
El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha una fórmula legalmente cuestionada para evitar que 1.296 productores de plátano de La Palma tengan que devolver 3,5 millones de euros en ayudas cobradas de más durante la campaña 2021-2022, mediante la concesión de subvenciones ‘de minimis’ que, según la formación Contigo La Palma, contravienen el derecho comunitario, carecen de fiscalización previa del gasto y no cuentan con el preceptivo informe de la Dirección General de Asuntos Europeos. La operación, ideada por Coalición Canaria en La Palma e incluida en la Ley de Presupuestos autonómicos para 2026, podría desembocar en la apertura de un procedimiento por parte de la Comisión Europea y, en última instancia, en la obligación de los beneficiarios de reintegrar las cantidades con intereses.
En este artículo8
- El origen del sobrepago: las ayudas compensatorias por la erupción volcánica
- El mecanismo del perdón: de deuda a subvención sin expediente
- Los reparos legales: un procedimiento sin controles ni informe de Asuntos Europeos
- Opacidad: sin listado de beneficiarios ni resolución de concesión
- El riesgo de intervención de la Comisión Europea y sus consecuencias
- El respaldo parlamentario y las fuerzas políticas
- El procedimiento en marcha: notificaciones y firma de aceptación
- Qué puede ocurrir a partir de ahora
El origen del sobrepago: las ayudas compensatorias por la erupción volcánica
La erupción del volcán de Cumbre Vieja, denominado Tajogaite, comenzó el 19 de septiembre de 2021 y sepultó bajo la lava cientos de hectáreas de cultivo, especialmente de plataneras, principal motor económico del Valle de Aridane. El Gobierno de Canarias, con el fin de sostener las rentas de los productores afectados, puso en marcha una línea de ayudas directas para la campaña 2021-2022, cuyo abono se realizó de forma anticipada a partir de estimaciones provisionales del lucro cesante.
Aquellos cálculos, efectuados en plena emergencia, resultaron inexactos. Una vez liquidada la campaña, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria verificó que 1.296 titulares de explotaciones habían percibido importes superiores a los que les correspondían, generando una deuda agregada de aproximadamente 3,5 millones de euros. La Administración dispone del derecho a exigir el reintegro de estas cantidades, pero el Ejecutivo autonómico optó por diseñar una solución que convierte esa deuda en una nueva subvención.
El mecanismo del perdón: de deuda a subvención sin expediente
La clave del proceso está en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, aprobada en diciembre de 2025. Una disposición adicional, impulsada por la delegación insular de Coalición Canaria en La Palma y ejecutada por el consejero Narvay Quintero (AHI), habilita la concesión de ayudas de minimis —reguladas por el Reglamento (UE) 1408/2013— por un valor equivalente a la deuda pendiente de cada agricultor, neutralizando así el deber de reintegro.
Como las ayudas de minimis tienen un tope de 50.000 euros por beneficiario en un período de tres ejercicios fiscales, la disposición solo cubre la totalidad de los sobrepagos inferiores a esa cifra. Cuatro titulares, cuyos reintegros superan ampliamente dicho límite —dos de más de 52.000 euros, uno de más de 56.000 y otro de más de 141.000 euros—, verán compensados únicamente los primeros 50.000 euros y deberán devolver el resto a la Administración. Según los cálculos de la Consejería, la compensación global rozará los 3,38 millones de euros, una cantidad muy cercana a los 3,5 millones originales.
La propia redacción de la disposición reconoce la anomalía del procedimiento al establecer que «la concesión no requerirá de aprobación del gasto», es decir, se elude la fiscalización previa de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, un trámite que garantiza que el dinero público se emplea conforme a los principios de legalidad y eficiencia.
Los reparos legales: un procedimiento sin controles ni informe de Asuntos Europeos
Contigo La Palma, partido que preside Javier Gutiérrez Taño, emitió un comunicado el 21 de julio de 2026 en el que advierte de que la fórmula elegida por el Gobierno canario es «peligrosa, clientelar y poco ética», y la acusa de vulnerar frontalmente la normativa europea de ayudas de Estado. En concreto, señala que el Reglamento (UE) 702/2014, que declara determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior, y el Reglamento (UE) 1408/2013, que regula las ayudas de minimis en el sector agrícola, prohíben acumular ayudas de minimis a ayudas ya concedidas para los mismos costes subvencionables si se superan los límites fijados.
En el caso palmero, explica la formación, las ayudas de minimis no compensan ninguna pérdida real nueva, sino que se superponen a la ayuda ya abonada en la campaña 2021-2022, por lo que su único propósito es cancelar una deuda con fondos públicos, desnaturalizando el régimen de este tipo de subvenciones. La organización añade que durante la tramitación parlamentaria de la disposición adicional se eliminó deliberadamente el informe preceptivo que debía emitir la Dirección General de Asuntos Europeos, un dictamen que habría evaluado la compatibilidad de la medida con las normas comunitarias de competencia.
Opacidad: sin listado de beneficiarios ni resolución de concesión
La Consejería de Agricultura ha solicitado a las organizaciones de productores de plátanos (OPP) que colaboren para notificar de forma individual a los agricultores que son personas físicas, mediante citas presenciales en la oficina que la empresa pública Gesplan tiene en Los Llanos de Aridane. Allí los productores firmarán el documento de aceptación de la ayuda de minimis. Las personas jurídicas, por su parte, tramitarán la aceptación por sede electrónica.
Sin embargo, Contigo La Palma denuncia que no está previsto hacer públicos ni el listado completo de beneficiarios ni la resolución de concesión. Esta práctica, afirma el partido, se suma a un patrón de hermetismo en la gestión de las ayudas a la reconstrucción tras la erupción, que ya ha sido censurado por el Comisionado de Transparencia de Canarias en diversos dictámenes. La formación subraya que la ocultación de la identidad de los perceptores de fondos públicos «impide el control social y facilita el clientelismo político».
El riesgo de intervención de la Comisión Europea y sus consecuencias
El comunicado de Contigo La Palma llama la atención sobre la posibilidad de que la Comisión Europea examine estas ayudas, ya sea por iniciativa propia o tras una denuncia de cualquier ciudadano, agricultor u organización agraria que se considere perjudicada. La normativa de la Unión Europea faculta a Bruselas para investigar las ayudas de Estado y, en caso de constatar irregularidades, ordenar su recuperación.
Si la Comisión llegara a la conclusión de que las ayudas de minimis se han aplicado en contravención de los reglamentos comunitarios, podría exigir al Reino de España que reclame a los beneficiarios la devolución íntegra de los importes percibidos, más los intereses devengados desde la fecha de concesión. «Muchos agricultores firmarán sin ser conscientes de que este perdón puede convertirse en una losa si Bruselas abre expediente», alerta la formación, que anima a los productores a informarse bien antes de aceptar la compensación.
El respaldo parlamentario y las fuerzas políticas
La enmienda que introdujo la disposición adicional en los Presupuestos de 2026 fue aprobada en comisión parlamentaria con el voto favorable de todas las fuerzas políticas, a excepción del PSOE, que se abstuvo, y de Nueva Canarias (NC), que se opuso frontalmente y presentó un voto particular en el pleno. El Gobierno de Canarias defendió la medida como una forma de «corregir un error administrativo sin castigar a los agricultores afectados por la catástrofe», según señalaron fuentes de la Consejería de Agricultura en el debate presupuestario.
Contigo La Palma, sin representación en el Parlamento autonómico, ha tratado de ejercer presión a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, insistiendo en que la solución adoptada responde más a intereses electorales —las próximas elecciones autonómicas y locales se celebrarán en mayo de 2027— que a una auténtica voluntad de ayudar al sector. La formación recuerda, asimismo, que los agricultores palmeros ya percibieron otras ayudas compensatorias para las campañas 2022-2023 y 2023-2024, además de un refuerzo del Cabildo insular.
El procedimiento en marcha: notificaciones y firma de aceptación
A mediados de julio de 2026, la Consejería de Agricultura comunicó a las OPP el operativo para culminar el proceso: los agricultores personas físicas serán citados de manera individual y presencial en la oficina de Gesplan en Los Llanos de Aridane, donde un agente público les informará del contenido de la ayuda de minimis y recabará su firma de aceptación. Las personas jurídicas, en su mayoría sociedades mercantiles o cooperativas, recibirán la notificación por medios electrónicos y deberán completar el trámite a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.
Según ha podido saber Canarias.app, algunos potenciales beneficiarios ya han manifestado su intención de renunciar a la ayuda, bien por desconfianza hacia el mecanismo o bien porque no quieren verse envueltos en un posible litigio futuro con la Administración europea. La Consejería no ha confirmado oficialmente este extremo ni ha facilitado una estimación del número de posibles renuncias.
Qué puede ocurrir a partir de ahora
El desenlace de esta historia dependerá, en gran medida, de la atención que la Comisión Europea preste al caso. Si no se interpone ninguna denuncia y Bruselas no abre investigación de oficio, la disposición adicional se ejecutará sin contratiempos y los 1.296 plataneros verán condonada su deuda, a excepción de los cuatro casos que superan los 50.000 euros. Sin embargo, si algún particular u organización eleva el caso a las autoridades comunitarias, el Gobierno canario y los propios agricultores podrían enfrentarse a una larga batalla administrativa y judicial.
Entretanto, Contigo La Palma ha anunciado que seguirá vigilante y que estudia la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal de Cuentas o de poner los hechos en conocimiento de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), al considerar que el uso de las ayudas de minimis en este supuesto constituye un fraude de ley y un quebranto para las arcas públicas de la Comunidad Autónoma.
