El Estado transfiere 5,4 millones a Canarias para profesorado universitario, pero el Gobierno autonómico no ha cubierto 75 plazas
El Consejo de Ministros, en su sesión del 21 de julio de 2026, aprobó una transferencia de 5,4 millones de euros a Canarias para financiar la contratación de profesorado en sus universidades públicas, dentro de una partida nacional de 149,7 millones destinada a estabilizar y rejuvenecer las plantillas docentes. La decisión, confirmada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, llega en un momento en que las 133 plazas sufragadas por el Estado ya están incorporadas, mientras el Ejecutivo autonómico mantiene pendientes los 75 puestos que le corresponden en virtud del convenio plurianual 2022‑2028, dotado con 1.500 millones de euros.
En este artículo9
- Anuncio en el Consejo de Ministros
- Distribución territorial de los fondos
- Un convenio estatal de 1.500 millones hasta 2028
- Canarias: dos velocidades en la contratación docente
- Reclamación del ministro al Ejecutivo autonómico
- Impacto en las universidades públicas canarias
- La LOSU y la figura del profesorado ayudante doctor
- Evolución de las plantillas universitarias desde 2018
- Próximos pasos y horizonte 2028
Anuncio en el Consejo de Ministros
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, fue el encargado de comunicar la decisión del Gobierno central. Según sus declaraciones, la propuesta aprobada por el Consejo de Ministros supondrá una inyección inmediata de 5,4 millones de euros a las arcas canarias, siempre que supere el preceptivo trámite en el Consejo de Política Universitaria, el órgano de coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas en materia de educación superior. Torres subrayó que la partida proviene del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y que refleja “la apuesta del Gobierno de España por reforzar las plantillas de las universidades públicas”.
Distribución territorial de los fondos
Los 5,4 millones que corresponden a Canarias representan una fracción de los 149,7 millones que el Estado distribuirá entre todas las comunidades autónomas. La conferencia sectorial de universidades –el Consejo de Política Universitaria– será el escenario donde se perfile el reparto definitivo y se acuerden los criterios de asignación. Aunque la propuesta ya cuenta con el visto bueno del Consejo de Ministros, es en ese foro de cogobernanza donde las autonomías podrán plantear sus consideraciones antes de que las transferencias se hagan efectivas. La previsión es que el proceso quede cerrado en las próximas semanas para que las universidades puedan incorporar a los nuevos profesores ayudantes doctores durante el curso 2026‑2027.
Un convenio estatal de 1.500 millones hasta 2028
La transferencia recién aprobada se enmarca en el convenio suscrito entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para el periodo 2022‑2028, dotado con 1.500 millones de euros. Este instrumento, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, tiene como ejes la ampliación de plantillas, la estabilización del personal docente e investigador y la modernización del sistema universitario público. En Canarias, el convenio establece un horizonte de 208 nuevas plazas de profesorado hasta 2028, de las cuales 133 son financiadas íntegramente por el Estado y 75 corresponden al Gobierno de Canarias. Fuentes del Ministerio de Ciencia confirman que las 133 plazas estatales ya están cubiertas, mientras que las 75 autonómicas continúan sin materializarse.
Canarias: dos velocidades en la contratación docente
El balance que arroja el convenio en el archipiélago es de un avance asimétrico. Por un lado, el Estado ha cumplido su compromiso en los plazos previstos, financiando la incorporación de 133 ayudantes doctores que ya ejercen en las aulas de la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Por otro, las 75 contrataciones que debe ejecutar la Consejería de Universidades del Gobierno de Canarias, con recursos propios, no han comenzado. Ángel Víctor Torres fue muy explícito al señalar que “el Gobierno de Canarias todavía no ha contratado a ninguno de esos docentes”, pese a que el convenio le concede margen hasta diciembre de 2028 para hacerlo.
Reclamación del ministro al Ejecutivo autonómico
El secretario general del PSOE de Canarias aprovechó el anuncio de la transferencia para reclamar al Gobierno presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria) que agilice los trámites y dé cumplimiento a la parte autonómica del convenio. “Las 133 plazas financiadas por el Estado ya están cubiertas. Las 75 que corresponden a la comunidad canaria, no. Es necesario que el Ejecutivo canario complete esas incorporaciones para que las universidades públicas del archipiélago puedan reforzar sus plantillas”, declaró Torres. El ministro recordó que los 1.500 millones del convenio 2022‑2028 fueron acordados en la Conferencia General de Política Universitaria, con el respaldo de todas las comunidades, y que su objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema tras años de restricciones presupuestarias.
Impacto en las universidades públicas canarias
Los centros directamente beneficiados son la ULL y la ULPGC, las dos únicas universidades públicas del archipiélago. Entre ambas suman más de 50.000 estudiantes de grado y posgrado y alrededor de 4.000 profesores e investigadores, según los datos del Ministerio de Universidades correspondientes al curso 2025‑2026. La llegada de nuevos efectivos permitiría aliviar la carga docente, sustituir jubilaciones y, sobre todo, incorporar a jóvenes doctores en la carrera académica, uno de los mandatos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). La conferencia de rectores de ambas instituciones (CRUE‑Canarias) ha insistido en los últimos años en la necesidad de rejuvenecer unas plantillas cuya edad media supera los 50 años, una circunstancia agravada por las tasas de reposición que han lastrado la oferta pública de empleo durante una década.
La LOSU y la figura del profesorado ayudante doctor
La figura del profesorado ayudante doctor, a la que se destinan los 5,4 millones recién transferidos, está regulada por la LOSU, en vigor desde 2023. Esta ley exige que las universidades reduzcan la tasa de temporalidad del personal docente por debajo del 8% y establece una carrera académica estructurada en la que los ayudantes doctores constituyen el primer escalón, con contratos de hasta cinco años y una dedicación preferente a la docencia, pero con el compromiso de formación investigadora. Los fondos estatales están condicionados a que las comunidades autónomas presenten planes de estabilización, por lo que la no ejecución de las 75 plazas canarias podría tener consecuencias en futuras convocatorias. Fuentes del Ministerio de Ciencia advierten de que los convenios incluyen cláusulas de revisión anual.
Evolución de las plantillas universitarias desde 2018
Durante su comparecencia, Ángel Víctor Torres aportó datos sobre la evolución del empleo docente en el sistema público español. Según sus cifras, el número de profesores ha aumentado un 12% desde 2018, frente al descenso del 2% registrado entre 2010 y 2017. En Canarias, la tendencia es similar: los informes del Ministerio de Universidades reflejan un incremento paulatino de las contrataciones indefinidas, aunque la comunidad aún arrastra una tasa de temporalidad ligeramente superior a la media nacional. La transferencia de 5,4 millones y el compromiso de alcanzar las 208 plazas para 2028 pretenden consolidar ese cambio de tendencia, en un contexto donde la competencia por la retención de talento académico es cada vez mayor.
Próximos pasos y horizonte 2028
El calendario inmediato pasa por la reunión del Consejo de Política Universitaria, donde se ratificará el reparto territorial de los 149,7 millones. Una vez aprobada la distribución, los fondos deberán ser transferidos a la comunidad canaria en un plazo máximo de tres meses. A continuación, corresponderá a la Consejería de Universidades del Gobierno de Canarias publicar las convocatorias específicas para las 75 plazas pendientes y para la gestión de los 5,4 millones adicionales. Si se cumplen las previsiones, las primeras incorporaciones podrían producirse en el segundo semestre de 2027. Más allá, el objetivo es que en 2028 Canarias haya cubierto las 208 plazas previstas y, en paralelo, haya aplicado las exigencias de estabilización de la LOSU. La evolución de estos indicadores será examinada por la Conferencia de Rectores (CRUE) y por los responsables del Ministerio en la próxima comisión de seguimiento del convenio.
La transferencia de 5,4 millones, en suma, resuelve la parte estatal de un engranaje más amplio cuya pieza autonómica aún está por encajar. Las universidades canarias, mientras tanto, aguardan la llegada de esos nuevos docentes que deberían aliviar décadas de precariedad.
