PP exige dimisión de Torres por informe parlamentario sin pruebas judiciales
El Partido Popular de Canarias exigió este lunes la dimisión inmediata del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, amparándose en el dictamen de la comisión parlamentaria sobre el ‘caso mascarillas’ aprobado el 10 de julio de 2026. El PSOE replicó que se trata de una estrategia política sin sustento, ya que las investigaciones judiciales no han hallado indicios de delito contra el expresidente canario.
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- El origen de la controversia: un dictamen que divide al Parlamento canario
- Los argumentos del PP: “Sin Torres la trama no habría operado en Canarias”
- La respuesta del PSOE: “Una perreta” y defensa de la gestión pandémica
- El ‘caso mascarillas’ y la trama Koldo: contexto nacional
- Las investigaciones judiciales no encuentran delito en la actuación de Torres
- El impacto en la política canaria y la posible erosión de la confianza
- ¿Qué papel juega Alberto Núñez Feijóo en esta crisis?
- Los escenarios futuros: ¿dimisión o desgaste sostenido?
El origen de la controversia: un dictamen que divide al Parlamento canario
El pleno del Parlamento de Canarias aprobó el pasado 10 de julio de 2026 el dictamen de la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario durante la pandemia, con los votos a favor de Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP), Vox y Agrupación Herreña Independiente (AHI). Rechazaron el texto Agrupación Socialista Gomera (ASG), Nueva Canarias (NC) y el Partido Socialista (PSOE), que denunciaron unas conclusiones basadas en “suposiciones y relatos” construidos de antemano, no en hechos.
El documento, sin valor jurídico vinculante, atribuye al entonces presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, haber “abierto la puerta” a una presunta trama de corrupción vinculada al entorno de Koldo García, asesor del Ministerio de Transportes en la época del exministro José Luis Ábalos. Aunque el dictamen se aprobó con una mayoría ajustada, su contenido se ha convertido en el principal ariete político de la oposición contra el actual ministro.
Los argumentos del PP: “Sin Torres la trama no habría operado en Canarias”
Los diputados populares Fernando Enseñat y Jennifer Curbelo comparecieron el 13 de julio para reclamar la dimisión de Torres y acusarle de “negar todo y hacerse la víctima”. Según Enseñat, “los hechos constatados en el dictamen son muy graves” y demuestran que, sin la intervención de Torres, la denominada trama Koldo no habría podido operar en el archipiélago. Los populares subrayaron que se adjudicaron contratos por valor de más de 20 millones de euros a empresas investigadas, incluido uno fallido con RR7 United por otros cuatro millones.
El PP instó también al PSOE canario a “ser coherente” y exigir la salida del ministro, al tiempo que acusó a Torres de “abrir la puerta del Gobierno de Canarias a una trama corrupta”. Sin embargo, en ningún momento los portavoces populares presentaron elementos nuevos más allá de lo ya conocido y debatido en la comisión parlamentaria.
La respuesta del PSOE: “Una perreta” y defensa de la gestión pandémica
La secretaria de Organización del PSOE de Canarias, Nira Fierro, calificó la comparecencia del PP de “rueda de prensa trasnochada” y acusó a los populares de actuar “como un crío al que se le acabó el juego y ahora tiene una perreta”. Añadió que el PP está “más preocupado por hacer méritos ante Alberto Núñez Feijóo que por defender los intereses de Canarias”.
Fierro defendió la gestión de Torres al frente del Ejecutivo autonómico durante la crisis sanitaria, recordando que “garantizó la llegada de cinco millones de mascarillas en un momento de escasez mundial” y que, tan pronto como se conocieron irregularidades en uno de los contratos, se adoptaron decisiones políticas para depurar responsabilidades. A su juicio, el dictamen no es más que un intento de “estirar el chicle” de un asunto ya cerrado políticamente.
El ‘caso mascarillas’ y la trama Koldo: contexto nacional
El ‘caso mascarillas’ canario es una derivación de la trama que investiga la Audiencia Nacional, centrada en la presunta percepción de comisiones ilegales en contratos de emergencia para la adquisición de material sanitario por parte de varios ministerios y comunidades autónomas. Koldo García, asesor del entonces ministro Ábalos, aparece como figura central en la intermediación de esos contratos.
En Canarias, la polémica se remonta a 2020, cuando el Servicio Canario de la Salud (SCS) suscribió varios contratos para la compra de mascarillas, guantes y otros equipos de protección. Algunas de las empresas adjudicatarias han sido investigadas por supuestas irregularidades, pero la justicia no ha encontrado, hasta la fecha, responsabilidad penal directa de los cargos públicos del Gobierno de Canarias que autorizaron las compras.
Las investigaciones judiciales no encuentran delito en la actuación de Torres
Tanto los pronunciamientos de la Audiencia Nacional como el informe final de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han descartado indicios de delito en la gestión de Ángel Víctor Torres. El comisionista que aseguró en sede judicial haber entregado dinero en mano al entonces presidente canario no aportó ninguna prueba que sustentara sus afirmaciones.
Además, el Tribunal de Cuentas, en su fiscalización de los contratos de emergencia, no apreció irregularidades contables que pudieran imputarse al Ejecutivo que presidía Torres. Estos datos contrastan con las conclusiones del dictamen parlamentario, que los grupos firmantes construyeron a partir de los testimonios de comparecientes y de documentación ya analizada por los tribunales sin consecuencias penales para el ministro.
El impacto en la política canaria y la posible erosión de la confianza
La insistencia del PP en vincular a Torres con la trama ha generado un intenso debate sobre el uso partidista de las comisiones de investigación. Mientras la oposición considera legítimo exigir responsabilidades políticas, el PSOE y sus aliados advierten de que se está alimentando una “crispación artificial” que daña la credibilidad de las instituciones autonómicas.
El caso coincide con el debate sobre la financiación autonómica y la elaboración de los presupuestos de Canarias para 2027, escenarios en los que el PSOE necesita el apoyo de otras fuerzas. El bloque de la investidura –formado por PSOE, ASG, NC y Podemos– se sostiene con una mayoría frágil, y cada movimiento de desgaste puede condicionar las futuras negociaciones.
Mientras los partidos se enzarzan, la marca turística de Canarias permanece ajena a la refriega política: millones de visitantes siguen eligiendo el archipiélago sin que el ‘caso mascarillas’ altere su percepción de destinos tan diversos como Tenerife, Lanzarote o Fuerteventura.
¿Qué papel juega Alberto Núñez Feijóo en esta crisis?
La acusación del PSOE de que el PP canario busca “hacer méritos ante Feijóo” no es casual. El líder nacional de los populares ha situado la lucha contra la corrupción como uno de los ejes de su discurso, y el ‘caso mascarillas’ ofrece un argumentario recurrente para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, la dirección nacional del PP no se ha pronunciado de manera explícita sobre la exigencia de dimisión de Torres, lo que algunos interpretan como una gestión cautelosa de un asunto con escaso recorrido judicial.
En el ámbito canario, el PP se enfrenta a elecciones autonómicas en 2027 y necesita movilizar a su electorado. La estrategia de confrontación constante con Torres –que conserva un notable respaldo en las encuestas entre los votantes socialistas– puede leerse como un intento de polarizar el debate y consolidar el voto de la derecha.
Los escenarios futuros: ¿dimisión o desgaste sostenido?
Ángel Víctor Torres ha reiterado en diversas ocasiones que no dimitirá porque su actuación fue “ética y legal”. El ministro confía en que el cierre de las investigaciones judiciales termine por diluir las acusaciones, como ha ocurrido con otros expedientes similares. No obstante, la presión política se mantendrá mientras el dictamen parlamentario siga siendo utilizado por la oposición como munición dialéctica.
El PSOE canario intentará pasar página acelerando la agenda legislativa y poniendo el foco en la gestión económica y social. Mientras, el PP continuará exigiendo responsabilidades políticas e intentará forzar nuevas comparecencias en el Parlamento. La credibilidad del dictamen, sin embargo, seguirá condicionada por su contradicción con los hechos probados en sede judicial.
En un contexto político tan fragmentado, la resolución del ‘caso mascarillas’ parece más ligada a los tiempos electorales que a los procesos judiciales. Lo que está en juego no es solo la permanencia de un ministro, sino la confianza de los ciudadanos en sus representantes y en la capacidad de las instituciones para discernir entre la legítima fiscalización política y la instrumentalización partidista de una tragedia.
