Santa Cruz se queda sin voluntariado policial para eventos y refuerzos
Más de dos tercios de la plantilla de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha decidido retirar temporalmente su disponibilidad para servicios extraordinarios. La medida de presión, adoptada en asamblea el 2 de julio de 2026, responde al incumplimiento reiterado de compromisos laborales por parte del Ayuntamiento y deja sin cobertura voluntaria refuerzos de playa, fiestas y eventos en plena temporada estival.
En este artículo8
- La asamblea que desencadenó la protesta
- El detonante: una reclasificación sin respuesta
- Servicios sin relevo en pleno verano
- El Ayuntamiento anuncia una mesa sectorial
- Un historial de desencuentros durante el Carnaval y el rastro
- La voluntariedad, clave para una ciudad en ebullición
- ¿Afectará la protesta a la imagen turística de Tenerife?
- Lo que está en juego en la Mesa Sectorial del 9 de julio
La asamblea que desencadenó la protesta
Convocada por los sindicatos Asipal, CC.OO., Intersindical Canaria y UGT, la reunión de agentes arrojó un respaldo mayoritario: dos tercios de los efectivos apoyaron la decisión de paralizar cualquier servicio voluntario fuera de la jornada ordinaria, según confirmaron los propios convocantes. El acuerdo implica que cada policía que secunde la iniciativa presentará un parte interno en el que aplaza su disponibilidad temporal para todo tipo de actividad, dispositivo o refuerzo que no forme parte de sus funciones reglamentarias.
La asamblea se celebró en un clima de “profunda indignación” por la falta de avances en las negociaciones, explicaron fuentes sindicales al término del encuentro. La plantilla entiende que durante años ha demostrado un compromiso que va más allá de sus obligaciones, pero la ausencia de reciprocidad del Consistorio ha colmado la paciencia del colectivo.
El detonante: una reclasificación sin respuesta
El centro de la disputa es la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Los agentes reclaman que se valore su categoría profesional con los mismos criterios que se aplican a técnicos o auxiliares de la administración municipal. Esta equiparación salarial supondría un incremento del gasto en torno a 1,5 millones de euros, según los cálculos que se manejan en la negociación, una cifra que el gobierno local de CC-PP no ha querido asumir hasta el momento.
A esa reivindicación se suma la exigencia de que se reconozca la penosidad y la carga laboral especial que soportan los agentes en determinados servicios. Los sindicatos denuncian que, pese a la exposición a riesgos, el trabajo nocturno continuado y la gestión de grandes aglomeraciones, no se aplican compensaciones, descansos ni incentivos específicos.
“Los policías locales llevan años asumiendo tareas que exceden su jornada ordinaria porque la ciudad no se detiene. Pero la administración sigue sin dar respuesta”, resumen fuentes sindicales.
Servicios sin relevo en pleno verano
La retirada de la voluntariedad golpea de lleno la planificación estival. Al perder la capacidad de reforzar turnos, se verán afectados los operativos de playa, la vigilancia de conciertos al aire libre, las fiestas patronales de los barrios y los refuerzos nocturnos de fin de semana, coincidiendo con el periodo de vacaciones de muchos agentes. La experiencia de años anteriores demuestra que, sin el concurso de las horas voluntarias, la presencia policial visible en eventos masivos puede reducirse de forma notable.
Santa Cruz multiplica su actividad lúdica y cultural durante los meses de julio y agosto. Las playas de Las Teresitas y el litoral de Anaga, las verbenas, los festivales y los actos deportivos dependen en buena medida de la disponibilidad de efectivos fuera de cuadrante. La protesta amenaza con dejar desasistidos algunos de esos frentes si no se llega a un acuerdo en las próximas semanas.
El Ayuntamiento anuncia una mesa sectorial
La concejala de Seguridad, Gladis de León, declaró escuetamente que el Consistorio “respeta la decisión de los sindicatos”, al tiempo que anunció la convocatoria de una Mesa Sectorial. Según lo comunicado, la reunión se celebrará el 9 de julio de 2026 y en ella “se analizarán estas reivindicaciones”. El gobierno municipal no ha querido adelantar si está dispuesto a ceder en los puntos de conflicto ni ha ofrecido hasta la fecha una propuesta concreta para acercar posturas.
Por su parte, el sindicato CSIF se ha desmarcado del acuerdo asambleario, aunque ha garantizado que acatará el mandato mayoritario. Esta central considera que no se puede pasar por alto el coste que implicaría la puesta en marcha de la Unipol, la unidad especializada, un gasto que, a su juicio, también debe ser abordado en las conversaciones con el área de Recursos Humanos.
Un historial de desencuentros durante el Carnaval y el rastro
El malestar que hoy cristaliza en la retirada de servicios voluntarios viene de lejos. Ya el pasado Carnaval, uno de los eventos de mayor proyección internacional de Santa Cruz, el sindicato CSIF alertó de la escasez de policías voluntarios para cubrir las jornadas más exigentes de las fiestas. Las noches de máscaras, conciertos y mogollones requieren un despliegue que, sin voluntarios, difícilmente puede sostenerse con la plantilla estructural.
A principios de 2026, la disputa saltó también a propósito del rastro que se celebra en la ciudad. Los agentes ya manifestaron entonces su descontento por la forma en que se estaban gestionando los servicios extraordinarios vinculados a ese evento semanal. “Es un goteo constante de faltas de respeto”, señalaron entonces fuentes policiales, en declaraciones que hoy cobran plena actualidad.
La voluntariedad, clave para una ciudad en ebullición
Para entender el alcance de la protesta conviene explicar cómo funciona el sistema de servicios voluntarios en la Policía Local de Santa Cruz. La plantilla cubre de forma ordinaria un horario fijo, pero la dinámica de una capital insular con más de 200.000 habitantes y una intensa vida social obliga a activar de forma recurrente refuerzos puntuales. Esos refuerzos se nutren de agentes que, libremente, se apuntan a turnos extra a cambio de una compensación económica.
Sin esa colaboración voluntaria, servicios como la vigilancia de playas, el control de masas en grandes conciertos, la seguridad en los partidos del CD Tenerife o la cobertura de las rutas escolares de verano quedan bajo mínimos. El Ayuntamiento no dispone de herramientas para imponer esos servicios más allá de lo que marcan los convenios, de modo que la decisión asamblearia supone un desafío directo a la capacidad organizativa del Consistorio en los meses de mayor demanda.
¿Afectará la protesta a la imagen turística de Tenerife?
Santa Cruz de Tenerife no es un municipio exclusivamente turístico, pero su condición de capital y puerto de escala de cruceros la convierten en un escaparate. La pregunta que sobrevuela el conflicto es si la reducción de efectivos en eventos públicos puede influir en la percepción de seguridad que tienen tanto residentes como visitantes.
Tenerife es, para millones de viajeros, una de las islas más atractivas del archipiélago, reconocida por la diversidad de su paisaje, el Parque Nacional del Teide, un litoral que combina playas volcánicas y arenales dorados, y una agenda cultural que tiene en el Carnaval de Santa Cruz su máxima expresión. Que la seguridad de esos eventos quede en entredicho supone un revés para la imagen de una isla que compite con Lanzarote, Fuerteventura o Gran Canaria por el turismo de ocio y naturaleza.
De hecho, las búsquedas de los viajeros reflejan una curiosidad recurrente: ¿cuál es la isla más bonita para visitar en Canarias?, ¿qué isla es mejor, Tenerife o Lanzarote? Las respuestas, inevitablemente subjetivas, dependen de lo que se busque: paisajes volcánicos de otro mundo en Lanzarote, playas infinitas y aguas turquesas en Fuerteventura, o la mezcla de cultura, naturaleza y ocio que ofrece Tenerife. Sin embargo, una capital con problemas para garantizar la seguridad de sus fiestas más emblemáticas puede ver empañada esa percepción, sobre todo en un contexto en el que los grandes turoperadores prestan cada vez más atención a la estabilidad de los destinos.
Lo que está en juego en la Mesa Sectorial del 9 de julio
Todas las miradas se dirigen ahora hacia la reunión prevista para el 9 de julio de 2026. La Mesa Sectorial será el primer termómetro real de la voluntad negociadora del Ayuntamiento. Los sindicatos han advertido de que acudirán con el mandato firme de la asamblea: sin avances palpables en la equiparación salarial y en el reconocimiento de la penosidad, la medida de presión no se levantará.
Mientras tanto, los agentes que han presentado su escrito de aplazamiento mantienen su negativa a cubrir servicios extra. La decisión es individual, lo que dificulta una respuesta colectiva por parte del Consistorio y traslada la responsabilidad a cada policía de forma personal.
El desenlace de este pulso definirá en buena medida el verano de Santa Cruz. Si la negociación se estanca, los eventos estivales quedarán bajo la amenaza de una cobertura muy inferior a la de años anteriores. Si, por el contrario, se alcanza un acuerdo, la ciudad podrá retomar la normalidad en sus calles y recuperar el pulso seguro de su intensa vida social.
Más allá de la anécdota, el conflicto pone sobre la mesa una cuestión de fondo: la precariedad con la que a menudo se sostienen los servicios públicos esenciales cuando dependen de la buena voluntad de sus trabajadores. En Santa Cruz, esa buena voluntad ha dicho basta hasta nueva orden.
