Canarias registra 37.525 peticiones al cierre de la regularización migratoria
Con 37.525 solicitudes registradas hasta el fin del plazo el pasado 30 de junio, Canarias se consolida como una de las comunidades con mayor actividad en el primer proceso de regularización extraordinaria de migrantes impulsado por el Gobierno central. La medida, gestionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ya otorga permisos provisionales de residencia y trabajo a miles de personas que residían en las islas sin documentación oficial.
En este artículo9
- Contexto y cifras del proceso de regularización en Canarias
- Perfil de los solicitantes: quiénes son y de dónde vienen
- Impacto inmediato en el empleo y la Seguridad Social
- Las islas como destino: diversidad y arraigo comunitario
- La encuesta de empleabilidad: una radiografía de la población regularizada
- Comparativa con el resto de comunidades autónomas
- Efectos inmediatos: del miedo a los derechos
- Próximos pasos y retos de la integración
- Regularización extraordinaria: una respuesta a una demanda histórica
Contexto y cifras del proceso de regularización en Canarias
El procedimiento de regularización extraordinaria, habilitado para aquellas personas que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2025 y que permanecieron al menos cinco meses de manera continuada antes de formalizar su solicitud, cerró su fase de presentación de peticiones con una notable acogida en el archipiélago. Según los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el 2 de julio de 2026, las islas orientales concentraron la mayoría de las gestiones: la provincia de Las Palmas sumó 21.807 solicitudes, mientras que Santa Cruz de Tenerife alcanzó 15.718.
Estos números sitúan a Canarias ligeramente por encima de las estimaciones iniciales que manejaban colectivos como el Movimiento Regularización Ya, que preveían alrededor de 45.000 potenciales beneficiarios en todo el archipiélago. El volumen de peticiones ha sido tratado a través de las oficinas de atención presencial y los canales telemáticos habilitados, destacando la labor de los puntos de información desplegados en las islas capitalinas y en otras islas no capitalinas.
El pasado 30 de junio marcó el cierre de un plazo que, en palabras de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha permitido visibilizar a una población que “vivía y trabajaba en la clandestinidad, sin acceso a derechos básicos”. El proceso incluye también a los hijos e hijas menores de las personas solicitantes que residen en España, quienes obtendrán un permiso de cinco años, así como a los demandantes de protección internacional que pidieron asilo antes del 31 de diciembre de 2025, y que pueden acogerse a la regularización sin renunciar a su solicitud de asilo.
Perfil de los solicitantes: quiénes son y de dónde vienen
La radiografía de las casi 37.525 personas que han iniciado el camino hacia la regularización en Canarias revela un colectivo joven, en su mayoría procedente de América Latina y con un marcado carácter laboral. El 67% de los solicitantes a nivel nacional —y las islas no son ajenas a esta tendencia— tiene su origen en América Central y del Sur, con Colombia a la cabeza (25,9% del total), seguido de Marruecos (13,3%), Venezuela (11,8%), Perú (8,8%), Honduras (4,8%), Paraguay (3,8%), Argelia (3,4%), Senegal (2,9%), Pakistán (2,5%) y Argentina (2,3%).
En cuanto a la estructura por edad y género, el 87% se encuentra en edad laboral (entre los 16 y los 64 años), y seis de cada diez solicitantes (59,4%) tienen menos de 34 años. Por sexos, los hombres representan el 57% frente al 43% de mujeres, aunque la diferencia se reduce en los menores de edad y en la franja de 45 a 54 años, donde la distribución es prácticamente paritaria. El grupo más numeroso es el de personas entre 25 y 34 años, que concentra el 31,3% de las solicitudes, seguido por la franja de 35 a 44 años (21,6%) y la de 16 a 24 años (17%).
La comunidad colombiana, con una presencia creciente en las islas en los últimos años, destaca por su peso en el ámbito de los cuidados, la hostelería y la construcción. Por su parte, los nacionales de Marruecos y Venezuela completan un mapa de procedencias que refleja la diversidad del fenómeno migratorio canario, íntimamente ligado a los flujos atlánticos y a las dinámicas económicas de las islas orientales, especialmente Lanzarote y Fuerteventura.
Impacto inmediato en el empleo y la Seguridad Social
El proceso ha tenido un reflejo inmediato en el mercado laboral. Según el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, la regularización ha permitido dar de alta a 159.097 nuevos afiliados en todo el territorio nacional. La mayoría de ellos cotiza en el Régimen General, que aglutina el 83,4% de las altas, mientras que el contrato indefinido es la modalidad predominante (77,3%), aunque este porcentaje es algo inferior al registrado entre el conjunto de trabajadores extranjeros no comunitarios (86,1%).
Los sectores que concentran estas incorporaciones son ilustrativos de la realidad productiva de las islas: hostelería (38.776 altas), comercio (20.195), actividades administrativas y auxiliares (19.327) y construcción (18.310). En el caso canario, donde el turismo representa más del 35% del PIB y el 40% del empleo, la regularización supone un paso decisivo para reducir la economía sumergida y garantizar condiciones laborales dignas en segmentos estratégicos.
La concesión del permiso provisional de residencia y trabajo —activado desde la mera admisión a trámite— ha sido, en palabras de la ministra de Inclusión, Elma Saiz, “un verdadero hito de nuestra política migratoria”, que permite a cientos de miles de personas que ya estaban en España “afrontar el futuro con ilusión y esperanza”. Las nuevas afiliaciones a la Seguridad Social, además, contribuyen al sostenimiento del sistema en un archipiélago con una tasa de envejecimiento y dependencia que exige un refuerzo constante de las bases de cotización.
Las islas como destino: diversidad y arraigo comunitario
Canarias no es solo un destino turístico; es también un espacio de acogida y oportunidades donde la belleza de sus paisajes sirve de telón de fondo a historias de migración y esperanza. La eterna pregunta que se hacen los visitantes —“¿cuál es la isla más bonita para visitar?”— carece de una respuesta unívoca: Tenerife, con el Teide como emblema, Gran Canaria, con sus contrastes entre dunas y caldera, Lanzarote, esculpida por la mano de César Manrique, o Fuerteventura, donde el mar y el desierto se funden, ofrecen un catálogo de maravillas que dividen opiniones. Pero para los miles de migrantes que ahora inician su regularización, la isla elegida es la que les brinda empleo, red de apoyo y un horizonte de derechos.
Decidir entre Tenerife y Lanzarote, o entre Lanzarote y Fuerteventura, es un debate entre playas infinitas, paisajes volcánicos y propuestas culturales. Lo cierto es que la distribución provincial de las solicitudes —Las Palmas, con 21.807, y Santa Cruz de Tenerife, con 15.718— habla de un mapa migratorio que trasciende el mero atractivo estético y se vincula a las oportunidades económicas de cada territorio. Las islas de la provincia oriental, especialmente Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, concentran una potente actividad hostelera y agrícola que demanda mano de obra, mientras que la provincia occidental ofrece un tejido más diversificado en el sector servicios y la construcción.
La integración de las personas regularizadas en estas comunidades se está produciendo con un fuerte componente local. Municipios como San Bartolomé de Tirajana, Adeje, Arrecife o Puerto del Rosario ven cómo la nueva documentación permite aflorar relaciones laborales antes invisibles y normalizar la participación en la vida cívica, desde el acceso a la sanidad y la educación hasta la mera apertura de una cuenta bancaria. El arraigo, palabra clave del proceso, adquiere en las islas un significado especial, tejido con lentitud a base de convivencia intercultural en barrios y pueblos.
La encuesta de empleabilidad: una radiografía de la población regularizada
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha lanzado una encuesta de empleabilidad voluntaria para conocer la situación formativa, social, económica y laboral de las personas que participan en el procedimiento. Hasta el momento se han enviado 160.799 formularios y se han recibido 36.187 respuestas válidas (un 23% de tasa de respuesta). Los resultados, aunque provisionales, ofrecen una panorámica valiosa sobre el perfil de la población regularizada.
El 84% de las personas que han respondido afirma tener competencia lingüística plena del español, cifra que se reduce al 40% en el caso de las comunidades autónomas con lengua cooficial. En cuanto al nivel formativo, el 67% cuenta con educación postobligatoria: un 43% ha cursado bachillerato o formación profesional y un 24% dispone de estudios universitarios. Estos datos desmontan estereotipos y sugieren que la regularización permitirá incorporar talento cualificado, aunque sea en sectores que a menudo demandan perfiles más básicos.
En Canarias, donde la economía sumergida ha sido un lastre histórico, la encuesta servirá para orientar políticas de formación, intermediación laboral y certificación de competencias. El alto porcentaje de estudios superiores entre los solicitantes indica que muchos de ellos podrían reubicarse en sectores con mayor valor añadido una vez superen las barreras administrativas. La conexión entre los resultados de la encuesta y las necesidades del mercado laboral insular será uno de los ejes de la siguiente fase de implementación.
Comparativa con el resto de comunidades autónomas
El alcance de la regularización extraordinaria trasciende el ámbito canario. A nivel nacional, se han presentado más de 1.174.978 solicitudes, de las que aproximadamente el 52% (unas 608.000) ya se encuentran en fase de tramitación, lo que implica la concesión automática del permiso provisional. Las comunidades autónomas con mayor volumen de peticiones han sido Cataluña, con más de 257.000 solicitudes; Madrid, con 202.000; la Comunidad Valenciana, con 167.000, y Andalucía, con 161.000. Canarias, con sus 37.525, se sitúa en una banda media que refleja tanto su peso poblacional como la intensidad de los flujos migratorios atlánticos.
El dato de Cataluña y Madrid, que juntas superan el medio millón de solicitudes, evidencia el tirón de los grandes polos económicos, pero también la existencia de bolsas de irregularidad muy extendidas en el sector servicios y el trabajo doméstico. Frente a la concentración peninsular, Canarias presenta una distribución más homogénea entre sus dos provincias, aunque es notable la predominancia de Las Palmas, vinculada al dinamismo turístico de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
La comparativa también revela ritmos administrativos distintos: mientras en la Península algunas oficinas de extranjería han estado desbordadas, en las islas la red de atención presencial, apoyada por entidades sociales y ayuntamientos, ha evitado colapsos generalizados, si bien se han registrado demoras puntuales en la asignación de citas en los municipios con mayor demanda.
Efectos inmediatos: del miedo a los derechos
Uno de los aspectos más destacados del proceso es la rapidez con la que se materializan sus efectos. La mera admisión a trámite conlleva un permiso provisional de residencia y trabajo que permite al solicitante empadronarse, firmar un contrato legal, cotizar a la Seguridad Social y acceder a servicios públicos sin el miedo a una expulsión. Para los colectivos migrantes, supone pasar de una situación de vulnerabilidad extrema —con jornadas extenuantes sin cobertura, alquileres sin contrato ni garantías, y desprotección frente a abusos— a un estatus que, aunque temporal, abre la puerta a la estabilidad.
En el contexto canario, donde durante años se ha denunciado la explotación laboral en el sector de los cuidados, la agricultura y los servicios turísticos, la regularización está actuando como un mecanismo de formalización y reconocimiento de derechos. Las primeras semanas tras la apertura del plazo ya se notaron en el incremento de altas en la Seguridad Social y en la demanda de información sobre contratos, convenios y prestaciones.
Además, la posibilidad de incluir a menores en la regularización supone un alivio para muchas familias que hasta ahora vivían con la angustia de no poder escolarizar o atender sanitariamente a sus hijos con garantías. Los permisos de cinco años concedidos a los menores ofrecen un horizonte de certidumbre y permiten planificar proyectos de vida que van desde la formación hasta el emprendimiento.
Próximos pasos y retos de la integración
Una vez superada la fase de presentación de solicitudes, el desafío se desplaza hacia la resolución de los expedientes, la integración laboral efectiva y la articulación de políticas de acompañamiento. El Ministerio ya ha anunciado que los datos provisionales se ampliarán en las próximas semanas, a medida que las oficinas de tramitación reduzcan el volumen de peticiones pendientes de cita previa y de documentación acreditativa.
En Canarias, los retos son específicos. La estacionalidad del empleo, la presión sobre los servicios públicos en las zonas más tensionadas y la dispersión geográfica de las islas no capitalinas exigen soluciones adaptadas. La encuesta de empleabilidad, cuyos resultados definitivos se esperan en los próximos meses, será una herramienta clave para evitar desajustes entre oferta y demanda y para orientar los programas de formación hacia las necesidades reales del mercado laboral isleño.
También será necesario reforzar la colaboración entre administraciones: los cabildos insulares, los ayuntamientos y las entidades del tercer sector han desempeñado un papel fundamental durante la fase de presentación y seguirán siendo imprescindibles para la integración sociolaboral. El acceso a la vivienda, uno de los principales obstáculos para la inclusión plena, requerirá de políticas específicas que eviten la segregación y faciliten la movilidad hacia los municipios con mayor oferta de empleo.
Regularización extraordinaria: una respuesta a una demanda histórica
La culminación del plazo de solicitudes cierra un ciclo que comenzó con una fuerte presión social. El Movimiento Regularización Ya, con presencia activa en las islas, llevaba años reclamando una medida que pusiera fin a la situación de irregularidad sobrevenida de miles de personas que, pese a trabajar y contribuir a la economía, carecían de papeles. Las 37.525 solicitudes registradas en Canarias representan la materialización de esa demanda y, al mismo tiempo, un punto de partida hacia una política migratoria más ordenada y humana.
El Gobierno de Canarias, en colaboración con el Ejecutivo central, deberá ahora gestionar el impacto de esta ola de regularización en las políticas de empleo, sanidad y educación. La experiencia acumulada con las sucesivas crisis migratorias del archipiélago —desde la ruta de los cayucos hasta la llegada de pateras— ha demostrado la resiliencia del sistema canario, pero también la necesidad de recursos estables y de un enfoque de derechos.
En definitiva, los más de 37.500 expedientes iniciados en las islas marcan un antes y un después en la relación entre la administración y una parte significativa de sus residentes. La tarea pendiente es convertir ese número en historias de integración real, con empleo digno, vivienda adecuada y participación plena en la sociedad canaria.
