CC, PP y Vox aprueban el dictamen que culpa a Torres en el caso mascarillas
El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles el dictamen de la comisión de investigación del ‘caso mascarillas’ con los únicos votos de CC, PP y Vox, que atribuye la principal responsabilidad política al expresidente Ángel Víctor Torres. La oposición, formada por PSOE, Nueva Canarias y ASG, se ausentó del pleno en señal de protesta, lo que deja una imagen de fractura en el actual Gobierno autonómico.
En este artículo9
- La comisión de investigación y sus conclusiones
- Un contrato fallido: el origen del ‘caso mascarillas’
- Los vínculos con el ‘caso Koldo’ y otras tramas
- Un pleno con quórum justo y la ausencia de la oposición
- Reacciones: de la «organización criminal» al «circo político»
- La fractura en el Gobierno de Canarias: ASG se desmarca
- Lo que dicen los tribunales hasta ahora
- Repercusiones en la imagen exterior de Canarias
- ¿Qué sigue? Torres, bajo presión política pero sin consecuencias judiciales inmediatas
El documento, respaldado por 36 votos en un hemiciclo semivacío, responsabiliza de manera «especialmente intensa» al entonces jefe del Ejecutivo regional —hoy ministro del Gobierno de España—, así como a Antonio Olivera y a los responsables del área de Sanidad. La sesión evidenció la división interna del pacto que sostiene al Ejecutivo de Fernando Clavijo, ya que Agrupación Socialista Gomera (ASG), socia de gobierno con CC y PP, se alineó con el voto particular de la oposición al considerarlo un relato político sin pruebas.
La comisión de investigación y sus conclusiones
La comisión parlamentaria, constituida en 2024 a iniciativa de los grupos de CC, PP y Vox, amplió el foco del llamado ‘caso mascarillas’ más allá del controvertido contrato con la empresa RR7. Durante más de 70 comparecencias y el análisis de un amplio volumen documental, los investigadores parlamentarios escudriñaron otras adjudicaciones sanitarias de la pandemia, entre ellas los contratos de mascarillas con Soluciones de Gestión por más de 12 millones de euros y los de test de coronavirus con Eurofins Megalab por 5,3 millones, ambos relacionados con la trama del denominado ‘caso Koldo’.
El dictamen final, expuesto por el presidente de la comisión, Raúl Acosta (AHI), concluye que la responsabilidad política principal recae en el Gobierno de Canarias entonces presidido por Ángel Víctor Torres (PSOE), del que también formaban parte Nueva Canarias, ASG y Sí Podemos. El texto señala que Torres ignoró advertencias de los funcionarios y comprometió millones de euros en operaciones que ahora están bajo la lupa judicial.
Un contrato fallido: el origen del ‘caso mascarillas’
El detonante original de la investigación se remonta a mayo de 2020, en plena primera ola de la pandemia. El Servicio Canario de la Salud (SCS) adjudicó a la empresa RR7, propiedad de Rayco Rubén González y dedicada entonces a la compraventa de automóviles, un contrato de 4 millones de euros para el suministro de un millón de mascarillas FFP3. El material nunca llegó a entregarse, pero el pago sí se realizó, desencadenando un proceso penal que mantiene imputados al empresario por presuntos delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales, al exdirector del SCS Conrado Domínguez por prevaricación y tráfico de influencias, y a la exdirectora de Recursos Económicos Ana María Pérez por prevaricación en la tramitación del expediente.
Este único contrato fallido, entre los cerca de 1.400 expedientes de contratación de emergencia gestionados por el SCS durante la crisis sanitaria, se convirtió en el símbolo de lo que los grupos proponentes de la comisión calificaron como una gestión negligente y posiblemente corrupta. Sin embargo, los partidos que apoyaban al Gobierno de entonces insisten en que fue un caso aislado y que la administración actuó con diligencia para recuperar los fondos.
Los vínculos con el ‘caso Koldo’ y otras tramas
La investigación parlamentaria canaria no se limitó al episodio de RR7, sino que extendió sus pesquisas a contratos que conectan con el escándalo nacional del ‘caso Koldo’, que salpica a antiguos altos cargos del Ministerio de Transportes. En concreto, se analizaron los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas por importe superior a 12 millones de euros, una empresa vinculada al comisionista Víctor de Aldama, así como los contratos de test a Eurofins Megalab, que sumaron 5,3 millones.
La comisión considera que estas operaciones se realizaron con «falta de control» y que evidencian una «potencial desviación de fondos» que deberá esclarecerse en sede judicial. El Ejecutivo socialista siempre defendió que todas las contrataciones se ajustaron a la normativa de emergencia aprobada por el Gobierno central, pero la oposición sostiene que hubo favoritismo y falta de transparencia.
Un pleno con quórum justo y la ausencia de la oposición
La sesión plenaria del 8 de julio de 2026 tuvo lugar en un ambiente de máxima tensión. Los diputados del PSOE, Nueva Canarias y ASG decidieron ausentarse del hemiciclo tras expresar su rechazo frontal al dictamen, al que acusaron de estar construido sobre «suposiciones, relatos y conclusiones predeterminadas». Su abandono dejó el pleno con apenas los 36 parlamentarios de CC, PP y Vox, justo el número necesario para alcanzar el quórum reglamentario.
La votación se realizó en dos tiempos: primero, el rechazo del voto particular presentado por socialistas, nacionalistas de NC y gomeros, que obtuvo 36 votos en contra, ninguno a favor y ninguna abstención; a continuación, la aprobación del dictamen principal con otros 36 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. De esta forma, el informe quedó convalidado con la oposición fuera del salón de plenos, una circunstancia que los partidos ausentes calificaron de «farsa democrática» y los presentes defendieron como el ejercicio legítimo de su mayoría.
Reacciones: de la «organización criminal» al «circo político»
Las intervenciones de los portavoces reflejaron la brutal división que provoca este asunto en la política canaria. Vidina Espino, de Coalición Canaria, acusó directamente a Torres de haber ignorado las alertas de los funcionarios y de haber comprometido fondos públicos en operaciones irregulares. Fernando Enseñat, del Partido Popular, fue más allá al afirmar que el exmandatario «colaboró activamente para abrir las puertas de Canarias a una organización criminal» y lo vinculó con lo que describió como «el mayor número de presuntos casos de corrupción institucional de la historia del archipiélago», exigiendo su dimisión inmediata. Por su parte, Nicasio Galván, de Vox, habló de «una organización criminal perfectamente estructurada» dedicada al cohecho, tráfico de influencias y malversación, y recomendó a CC y PP no pactar con esa «mafia» ni con esa «gentuza», en referencia al PSOE.
Del lado opuesto, la socialista Nira Fierro calificó todo el proceso de «circo político» basado en bulos y en «urgencias electorales», recordando que de los cerca de 1.400 expedientes de contratación solo uno resultó fallido y que el Gobierno hizo todo lo posible para recuperar el dinero. Esther González, de Nueva Canarias, subrayó que el expediente de RR7 fue tramitado exclusivamente por el SCS y no por el Consejo de Gobierno, y denunció que ya antes de constituirse la comisión CC y PP se referían al ‘caso mascarillas’ como ‘caso Torres’, lo que a su juicio evidencia una persecución política planificada. Jesús Ramos Chinea, de ASG —partido que hoy gobierna con CC y PP pero que formó parte del Ejecutivo de Torres—, coincidió en que el dictamen es un «relato político sin pruebas, basado en sospechas e interpretaciones parciales».
La fractura en el Gobierno de Canarias: ASG se desmarca
El voto particular presentado por PSOE, Nueva Canarias y ASG y la posterior ausencia del pleno evidenciaron una fractura poco habitual en el actual pacto de gobierno, que sostiene a Fernando Clavijo. Aunque CC, PP y la Agrupación Herreña Independiente (AHI) respaldaron el dictamen, la decisión de la Agrupación Socialista Gomera de sumarse a la oposición y rechazarlo puso de manifiesto las tensiones que el ‘caso mascarillas’ genera incluso dentro de las formaciones que comparten el poder autonómico.
ASG, con su líder, Casimiro Curbelo, al frente, fue el único partido que formó parte del Ejecutivo de Torres y ahora también del de Clavijo. Su voto particular abogaba por no atribuir responsabilidades políticas concretas hasta que concluyeran las investigaciones judiciales. Al desmarcarse del dictamen, los gomeros dejaron en minoría a sus socios en este punto concreto y lanzaron un mensaje de que la mayoría parlamentaria no es monolítica. Fuentes de CC y PP restaron importancia a la desavenencia, asegurando que se trataba de un «desacuerdo puntual» que no afecta a la estabilidad del Ejecutivo, si bien reconocieron que «no es agradable» que un socio vote en contra de un informe impulsado por los otros dos pilares del pacto.
Lo que dicen los tribunales hasta ahora
Mientras la batalla política se recrudece, la justicia ha emitido ya algunos pronunciamientos que la oposición interpreta como un aval a la gestión del anterior Gobierno. El Tribunal de Cuentas archivó en 2025 las diligencias abiertas sobre el ‘caso mascarillas’ canario al no apreciar indicios de responsabilidad contable. Además, el presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias declaró durante la comisión que los contratos analizados eran «administrativamente impecables», según recordó la diputada Nira Fierro.
El proceso penal, sin embargo, sigue abierto. La jueza que instruye la causa en un juzgado de Las Palmas mantiene imputados al empresario Rayco Rubén González, al exdirector del SCS Conrado Domínguez y a la exdirectora de Recursos Económicos. Las pesquisas tratan de determinar si hubo concierto para defraudar a la administración y si los contratos con Soluciones de Gestión o Eurofins Megalab también presentan irregularidades. La defensa de Domínguez ha solicitado el archivo en varias ocasiones, pero la magistrada ha reiterado que existen indicios suficientes para continuar la instrucción.
Repercusiones en la imagen exterior de Canarias
Mientras los diputados discutían responsabilidades políticas, una realidad paralela sigue su curso: Canarias es uno de los destinos turísticos más buscados del mundo. En los grandes buscadores, las preguntas más recurrentes sobre el archipiélago siguen siendo turísticas: cuál es la isla más bonita para visitar, cuáles de las siete son las mejores, o si resulta más atractiva Tenerife o Lanzarote. Las cifras de llegadas de visitantes permanecen al alza, pero el sonido de los escándalos de corrupción siempre amenaza con perturbar la percepción de solvencia y honestidad institucional que exige un destino premium.
Aunque la respuesta sobre la isla más bonita depende de cada viajero, los expertos en turismo suelen destacar que Tenerife conquista con el Teide y su potente oferta de ocio y cultura; Lanzarote enamora con su paisaje volcánico, la obra de César Manrique y sus bodegas; Gran Canaria asombra por su diversidad de ecosistemas, desde las Dunas de Maspalomas hasta los riscos de Tejeda; y Fuerteventura —para muchos la mejor de las siete— ofrece las playas más extensas y un paraíso para los deportes acuáticos. Las Islas Baleares, a las que a menudo se compara con Canarias, ofrecen un Mediterráneo de calas y vida nocturna, pero carecen del dramatismo volcánico y la subtropicalidad canaria. Sea como fuere, el ‘caso mascarillas’ sirve de advertencia: la confianza en las instituciones es un intangible que, una vez dañado, puede tardar en recuperarse y afectar a la reputación incluso de un destino de ensueño.
¿Qué sigue? Torres, bajo presión política pero sin consecuencias judiciales inmediatas
El dictamen de la comisión parlamentaria carece de efectos jurídicos directos, pero supone un duro revés político para Ángel Víctor Torres, que ocupa desde 2023 un ministerio en el Gobierno de España. El PP nacional ya ha pedido explicaciones en el Congreso, y Vox ha instado a su dimisión. Por ahora, el presidente Pedro Sánchez ha cerrado filas con su ministro, al que considera un activo electoral en Canarias, donde el PSOE mantiene una sólida base de votantes a pesar del desgaste.
En el ámbito regional, la aprobación del dictamen no activa ningún procedimiento sancionador, pero la oposición ya ha anunciado que lo utilizará como argumento en cada debate sobre regeneración democrática. La pelota está ahora en el tejado judicial: si la instrucción penal deriva en un procesamiento de antiguos cargos del SCS o si aparecen nuevas pruebas que vinculen a Torres con las decisiones adjudicatarias, el escenario político podría dar un giro dramático. Hasta entonces, el ‘caso mascarillas’ seguirá siendo un arma arrojadiza entre los bloques que fracturan el Parlamento de Canarias.
Con información del Parlamento de Canarias (8 de julio de 2026) y del Servicio Canario de la Salud (SCS).
