El Parlamento aprueba la ley que diferenciará a los municipios turísticos canarios
El Parlamento de Canarias ha aprobado este 8 de julio de 2026 la primera ley autonómica que define y regula los municipios turísticos del archipiélago, estableciendo las categorías de “municipio turístico de excelencia” y “municipio turístico de singularidad” para aquellos ayuntamientos que soportan una presión poblacional flotante muy superior a su censo empadronado. La norma, respaldada por 63 votos a favor y solo tres abstenciones —del grupo Vox—, nace de una iniciativa legislativa municipal sin precedentes y reconoce el sobrecoste que asumen estas localidades en la prestación de servicios públicos, al tiempo que les exige nuevos estándares de calidad, limpieza y sostenibilidad.
En este artículo8
- Una reivindicación de años que sale adelante
- Excelencia o singularidad: las dos caras del municipio turístico
- Derechos y deberes: más que un sello
- Votación y reacciones en el Parlamento
- Un archipiélago con múltiples vocaciones turísticas
- Próximos pasos: cómo se obtiene la declaración y qué vigencia tiene
- Un punto de partida, no la solución definitiva
- Reacción del sector turístico y de la ciudadanía
Una reivindicación de años que sale adelante
La ley, impulsada inicialmente por trece ayuntamientos y asumida por la Federación Canaria de Municipios (Fecam), no es una mera etiqueta. Responde a una demanda histórica del municipalismo canario: que se reconozca jurídicamente que una ciudad como Adeje o San Bartolomé de Tirajana no gestiona los mismos servicios que un pueblo de interior con apenas unos miles de residentes fijos. Hasta ahora, ningún texto legal diferenciaba a los municipios que cada día deben atender a decenas de miles de turistas, con el consecuente incremento en gastos de limpieza, seguridad, mantenimiento de playas y vías públicas.
Según datos del Gobierno de Canarias y del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), el archipiélago recibió en 2025 más de 16 millones de visitantes, muchos de los cuales se concentran en un puñado de municipios costeros. En varias localidades del sur de Tenerife y Gran Canaria, la población flotante durante la temporada alta multiplica por más de diez la población de derecho. La nueva ley pretende que esos ayuntamientos puedan planificar sus presupuestos y servicios con un marco legal que contemple esa realidad.
Excelencia o singularidad: las dos caras del municipio turístico
El texto aprobado por el Parlamento de Canarias crea dos categorías claramente diferenciadas, con umbrales específicos que deberán acreditar los ayuntamientos mediante informes oficiales.
Municipio turístico de excelencia
Para alcanzar este estatus, un municipio debe cumplir dos de estos tres requisitos:
- Que su población turística anual —es decir, la media de pernoctaciones diarias— sea al menos cinco veces superior a la población empadronada.
- Contar con un mínimo de 4.000 plazas de alojamiento turístico, ya sean hoteleras o extrahoteleras.
- Que las plazas en alojamientos de cinco estrellas representen al menos el 10 % de la población empadronada.
Además, deberá demostrarse que la actividad turística supone más del 15 % de la economía local, certificación que emitirán el Consejo Económico y Social de Canarias o una de las dos universidades públicas canarias (Universidad de La Laguna o Universidad de Las Palmas de Gran Canaria). Esta exigencia económica evita que localidades con grandes infraestructuras hoteleras pero poca dependencia económica del sector obtengan la calificación de forma automática.
Municipio turístico de singularidad
Pensada para localidades con un patrimonio cultural, natural o paisajístico excepcional, esta categoría exige la acreditación de al menos dos recursos de interés turístico singular y que la actividad turística supere el 5 % de la economía municipal. Se trata de una figura que permite reconocer a municipios que, sin tener una masificación alojativa, poseen atractivos como cascos históricos, parques nacionales o sitios patrimonio de la humanidad que generan un flujo constante de visitantes.
Islas verdes y reto demográfico: condiciones adaptadas
Conscientes de que la realidad turística no es la misma en las islas occidentales —La Palma, La Gomera y El Hierro— ni en los municipios de reto demográfico, la ley rebaja sensiblemente los umbrales. Para la excelencia en estos territorios bastará con que la población turística triplique la empadronada, contar con 2.000 plazas alojativas o disponer de establecimientos de cuatro estrellas, incluso cuando estos se encuentren en municipios limítrofes. Para la singularidad, será suficiente un único recurso de interés turístico singular. Esta adaptación busca que la norma no excluya a zonas que apuestan por el turismo como herramienta frente a la despoblación.
Derechos y deberes: más que un sello
La obtención de la condición de municipio turístico no es un mero reconocimiento honorífico. Conlleva tanto ventajas en la participación en políticas autonómicas como un catálogo de obligaciones concretas, que los ayuntamientos deberán incorporar a sus ordenanzas y planes municipales.
Entre los derechos, la ley recoge el uso de la denominación oficial de “municipio turístico de excelencia” o “de singularidad”, la integración preferente en los programas de promoción del Gobierno de Canarias y de los cabildos, la participación en órganos consultivos turísticos y ser considerados de manera prioritaria en las políticas de infraestructuras y servicios con impacto en el sector. Se trata, en palabras del diputado del PP David Morales, de “reconocer el sobreesfuerzo en servicios públicos que soportan estos ayuntamientos y reforzar la idea de Canarias como una unidad de destino turístico”.
Las obligaciones, sin embargo, marcan un antes y un después en la gestión municipal. Los consistorios deberán aprobar instrumentos de planificación turística, mantener los espacios públicos especialmente cuidados, proteger el patrimonio natural y cultural, impulsar la movilidad sostenible y fomentar la participación ciudadana. Además, se especifican servicios de prestación obligatoria que incluyen:
- Vigilancia y salvamento en playas y zonas de baño.
- Refuerzo de la limpieza en áreas de uso turístico intensivo, con estándares superiores a los generales.
- Control de ruidos y contaminación acústica.
- Información turística accesible, con puntos de atención y portales web actualizados en varios idiomas.
- Programas de vigilancia ambiental y calidad de las aguas de baño.
Estos servicios suponen un incremento presupuestario que los municipios deberán asumir, aunque la ley no crea un fondo económico específico, algo que varios grupos políticos han señalado como una carencia. No obstante, se abre la puerta a futuras negociaciones para dotar a estos ayuntamientos de una financiación adicional en los presupuestos autonómicos.
Votación y reacciones en el Parlamento
La sesión plenaria del 8 de julio de 2026 contó con la ausencia de la consejera de Turismo, Jéssica de León, y se saldó con un amplio consenso. Los 63 votos a favor reunieron a los grupos que sustentan al Gobierno —Coalición Canaria, PP, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente— y a los partidos de la oposición, incluidos PSOE y Nueva Canarias. Únicamente los tres diputados de Vox optaron por la abstención.
La diputada socialista Lucía Fuentes defendió el voto favorable de su grupo, argumentando que la ley “reconoce una reivindicación histórica de los municipios turísticos” y destacó que las mejoras incorporadas durante la tramitación —en particular, la inclusión de los municipios de reto demográfico— habían afinado un texto inicialmente restrictivo. Por Nueva Canarias, Esther González también dio su apoyo, aunque lamentó el rechazo de una enmienda orientada a suspender temporalmente los expedientes sancionadores relacionados con el régimen de unidad de explotación turística, una regulación que el propio Gobierno de Canarias ha anunciado que reformará. González consideró “incoherente” seguir aplicando sanciones con una norma que se reconoce desfasada.
La abstención de Vox fue justificada por su portavoz, Paula Jover, en la “ausencia de ficha financiera” y en la inclusión de referencias que, a juicio de su formación, son ajenas al turismo —en materia climática y de género—, además de su oposición al régimen previsto para los funcionarios de carrera en los municipios de excelencia. Por parte de Coalición Canaria, Mario Cabrera admitió que la ley “no resuelve por sí sola los retos de la vivienda, el territorio o la movilidad, ni crea un fondo económico específico”, pero subrayó que supone un punto de partida para “reconocer una realidad que hasta ahora no tenía encaje jurídico” y debatir el modelo turístico de las islas, incluyendo asuntos espinosos como el reparto de la riqueza o la limitación del número de camas.
Jesús Ramos, diputado de la Agrupación Socialista Gomera, celebró que la ley tuviera en cuenta a las islas verdes y a los municipios de reto demográfico, al entender que el turismo puede ser una oportunidad para fijar población en las islas menos pobladas. Por su parte, David Morales (PP) insistió en que el texto va “más allá de un sello distintivo”, porque consolida a Canarias como destino turístico unido y diverso.
Un archipiélago con múltiples vocaciones turísticas
La diversidad de Canarias es, precisamente, uno de los argumentos que sostienen la necesidad de una ley de este tipo. Cada isla tiene una personalidad turística marcada, lo que explica que una de las preguntas recurrentes entre los visitantes sea “¿cuál es la isla más bonita para visitar? o ¿cuáles son las mejores islas? Cuestiones similares llenan los foros de viajes, y la respuesta es siempre la misma: depende del tipo de experiencia que se busque.
Tenerife, con el Parque Nacional del Teide (Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2007), combina modernidad, una vibrante vida nocturna en el sur y pueblos coloniales en el norte. Gran Canaria, apodada “un continente en miniatura”, ofrece desde las dunas de Maspalomas hasta los pinares de Tamadaba. Ambas islas son las que concentran la mayor planta hotelera del archipiélago, con miles de plazas de cinco estrellas que cumplirían fácilmente los requisitos de excelencia de la nueva ley.
Lanzarote, por su parte, es un ejemplo de singularidad: su paisaje volcánico moldeado por la obra de César Manrique y sus más de 300 conos volcánicos la convierten en un destino diferente, donde el turismo de sol y playa se fusiona con el arte y la geología. Fuerteventura, con interminables playas de arena blanca y aguas turquesas, es el paraíso de los deportes acuáticos y un referente del turismo deportivo, con una planta hotelera de cuatro y cinco estrellas en expansión.
Las llamadas “islas verdes” —La Palma, La Gomera y El Hierro— representan la opción del turismo rural, activo y de naturaleza. La Palma es Reserva de la Biosfera y destino Starlight, ideal para el astroturismo; La Gomera, con el Parque Nacional de Garajonay, es una joya de bosques de laurisilva; y El Hierro, la isla del Meridiano, apuesta por la sostenibilidad total como primera isla del mundo 100 % renovable. Precisamente esta diversidad es la que la ley intenta proteger, exigiendo a los municipios de singularidad que acrediten recursos únicos y que su actividad turística dependa de ellos.
Frente a otros archipiélagos como las Islas Baleares, situadas en el Mediterráneo, Canarias se distingue por su clima subtropical que garantiza temperaturas suaves durante todo el año, eliminando en gran medida la estacionalidad. Mientras que Mallorca o Ibiza concentran el grueso de sus visitantes en los meses de verano, las islas atlánticas registran una afluencia más repartida, lo que agudiza la necesidad de que los servicios públicos funcionen sin interrupción y bajo parámetros previsibles.
Próximos pasos: cómo se obtiene la declaración y qué vigencia tiene
Según el texto aprobado, la declaración de municipio turístico corresponderá al Gobierno de Canarias mediante decreto, previa solicitud del ayuntamiento interesado y tras un acuerdo plenario por mayoría absoluta. La vigencia será indefinida mientras se mantengan los requisitos, pero podrá revocarse si se produce una pérdida sobrevenida de las condiciones, incumplimientos reiterados o una renuncia expresa del consistorio.
Se espera que los primeros municipios presenten sus solicitudes en los próximos meses, una vez que el reglamento de desarrollo concrete los procedimientos administrativos y los baremos de acreditación. Municipios como Adeje, Arona, San Bartolomé de Tirajana, Mogán o Puerto de la Cruz, con larga tradición turística y una planta alojativa de primer nivel, figuran entre los candidatos naturales a la categoría de excelencia, mientras que localidades como La Oliva, en Fuerteventura, o Yaiza, en Lanzarote, podrían combinar ambos reconocimientos.
Un punto de partida, no la solución definitiva
A pesar del respaldo mayoritario, la nueva ley ha sido recibida por los expertos como un primer paso, necesario pero insuficiente. Las asociaciones de municipios llevan años reclamando una financiación específica que cubra el déficit estructural que genera el turismo masivo en infraestructuras, residuos, agua y seguridad. El texto no crea una partida presupuestaria nueva, aunque el Gobierno canario se ha comprometido a evaluar en el futuro la creación de un fondo para municipios turísticos dentro de los presupuestos generales de la comunidad autónoma.
El diputado de Coalición Canaria Mario Cabrera admitió en el debate parlamentario que “la ley no resolverá ni la crisis de vivienda, ni la saturación de las carreteras, ni tampoco el debate sobre la moratoria hotelera”, pero resaltó que, por primera vez, los ayuntamientos tendrán un paraguas legal desde el que negociar con otras administraciones. En un contexto en el que la presión turística ha desbordado ya a varias localidades, la existencia de un estatuto propio puede ser la base para exigir compensaciones y modular las políticas de ordenación del territorio.
Reacción del sector turístico y de la ciudadanía
Las patronales hoteleras y las asociaciones de empresarios turísticos han acogido la ley con satisfacción, al considerar que pone en valor el peso económico del turismo y exige a los municipios un salto de calidad en los servicios. Por su parte, colectivos vecinales y plataformas ciudadanas que en los últimos años han protestado contra la masificación turística en enclaves como el sur de Tenerife o el barranco de Masca han mostrado cautela: valoran positivamente que la ley obligue a mejorar la limpieza y el control de ruidos, pero dudan de que realmente sirva para frenar la saturación si no se acompaña de límites a las plazas alojativas y políticas de vivienda.
La ley, en cualquier caso, ya está publicada en el Boletín Oficial de Canarias y entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Los ayuntamientos disponen ahora de una herramienta jurídica para reclamar su lugar en el mapa turístico del archipiélago, pero el verdadero test será ver cuántos cumplen con los exigentes estándares que impone la nueva normativa y si la ciudadanía percibe mejoras tangibles en su día a día.
