Choque sanitario en Canarias: los médicos ignoran al SCS y llaman a Clavijo
La sanidad pública canaria se asoma a un abismo de consecuencias imprevisibles. Este lunes, los médicos de las islas han vuelto a rechazar de plano la última propuesta remitida por el Servicio Canario de la Salud (SCS) para desactivar una huelga que ya encadena meses de movilizaciones y paros intermitentes. La oferta, calificada de «inaceptable» por el Sindicato Médico Canario (CESM), ha precipitado una petición insólita: que sea el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, quien tome las riendas de la negociación ante la incapacidad, a juicio de los facultativos, de la Consejería de Sanidad para atajar el deterioro del sistema.
En este artículo7
- Origen de un conflicto enquistado
- La propuesta que nunca llegó a convencer
- Escalada de acusaciones: política y desgaste
- El coste de la protesta: cifras que duelen
- La paradoja turística: paraíso para unos, colapso para otros
- ¿Qué piden los médicos? Reivindicaciones clave
- ¿Y ahora qué? El futuro de la negociación
La gota que ha colmado el vaso ha sido un documento enviado por correo electrónico el pasado sábado, apenas dos días antes de la jornada de paro convocada para este lunes 22 de junio. El procedimiento —primero en rueda de prensa, después por vía telemática— ya despertó suspicacias entre los representantes sindicales, que acusan al SCS de falta de respeto y de voluntad negociadora real. El contenido, lejos de aproximar posturas, ha sido interpretado como un movimiento cosmético que no ataja las reivindicaciones estructurales.
Origen de un conflicto enquistado
Para entender la profundidad del desencuentro hay que remontarse a 2023. Aquel año, tras semanas de protestas, los médicos canarios alcanzaron un acuerdo con la administración que permitió desconvocar la huelga que entonces amenazaba la atención sanitaria. Sin embargo, según denuncia el sindicato, aquellos compromisos nunca llegaron a materializarse. Las promesas de mejora de las condiciones laborales, de refuerzo de plantillas y de reducción de la sobrecarga asistencial se diluyeron en el tiempo, generando un clima de frustración que ha ido en aumento.
Desde entonces, el CESM ha mantenido un pulso constante con el SCS, combinando movilizaciones en la calle con el llamado movimiento «Stop Funciona», que implica el cese de actividades voluntarias por parte de un número creciente de profesionales. La falta de respuesta efectiva ha empujado al colectivo a una escalada de presión que el Ejecutivo autonómico no ha sabido —o no ha querido— desactivar. La situación se ha visto agravada por la división sindical, ya que UGT ha convocado sus propias jornadas de paro, desmarcándose de la estrategia del CESM y añadiendo más presión a un calendario de protestas fragmentado.
La propuesta que nunca llegó a convencer
¿Qué contenía la oferta del SCS? Según la documentación que manejan ambas partes, la Consejería de Sanidad puso sobre la mesa mejorar la retribución de las guardias médicas peor pagadas, continuar con la contratación de facultativos, reducir las ratios de pacientes en Atención Primaria y modificar el régimen de descansos tras las guardias para asegurar una recuperación adecuada. También se mencionaban ajustes en los complementos salariales ligados a la carrera profesional.
Sin embargo, desde el sindicato médico consideran que estas medidas son insuficientes y no abordan el núcleo del problema: la precariedad estructural, la falta de incentivos reales para retener el talento en las islas y la necesidad de una planificación a largo plazo que garantice la cobertura asistencial en todas las zonas, especialmente en las islas no capitalinas. «No es solo cuestión de dinero; necesitamos un plan serio para evitar que los profesionales sigan marchándose o quemándose», resumen fuentes sindicales.
Escalada de acusaciones: política y desgaste
El choque ha trascendido lo meramente laboral para entrar de lleno en el terreno político. El director del SCS, Adasat Goya, acusó al sindicato de «seguir el juego a la ministra» Mónica García, sugiriendo que el conflicto está alimentado artificialmente para perjudicar a un gobierno autonómico que no es del mismo signo político que el Ejecutivo central. Goya calificó la huelga de «injusta» y de consecuencias «dramáticas», y aportó datos demoledores sobre su impacto.
La respuesta de CESM Canarias no se hizo esperar. En un comunicado contundente, negaron cualquier motivación política externa y señalaron directamente a la Consejería de Sanidad como la responsable del deterioro: «El problema nunca ha sido solo la ministra, ni el estatuto propio; ha sido la falta de voluntad y de capacidad resolutiva», expresaron. Los médicos insisten en que las reivindicaciones llevan meses encima de la mesa y que la administración ha ido dilatando las respuestas mientras las listas de espera crecían sin control.
El coste de la protesta: cifras que duelen
Los datos facilitados por el propio Servicio Canario de la Salud (SCS) dibujan un escenario preocupante. Desde que comenzó la actual oleada de paros en diciembre de 2025, se han visto afectadas 1.400 intervenciones quirúrgicas, 57.000 consultas y 2.900 pruebas diagnósticas que tuvieron que ser aplazadas. El quebranto económico estimado asciende a 150 millones de euros, a razón de unos 6.000 euros por cada día de huelga.
Estas cifras, sin embargo, no han servido para acercar posiciones. Mientras el SCS las esgrime como argumento de la «insensatez» de la protesta, los médicos replican que esos números son la prueba más evidente de que el sistema ya estaba colapsado antes de la huelga y que la única salida es una negociación real. «Han dejado que se acumulen decenas de miles de consultas, miles de pruebas y miles de pacientes pendientes de atención, mientras seguían retrasando decisiones que podían haber tomado hace meses», denuncian.
La paradoja turística: paraíso para unos, colapso para otros
Mientras los quirófanos se paralizan y las agendas de los centros de salud se saturan, las Islas Canarias siguen siendo uno de los destinos turísticos más codiciados del mundo. La pregunta que muchos viajeros se hacen —cuál es la isla más bonita para visitar— resuena en foros y agencias, aunque la respuesta depende del tipo de experiencia que se busque. Tenerife, con su imponente Teide y su vibrante vida cultural, suele encabezar las preferencias de quienes buscan diversidad; Gran Canaria ofrece playas de dunas y una animada vida nocturna; Lanzarote enamora con sus paisajes volcánicos y la huella de César Manrique; y Fuerteventura es un paraíso para los amantes del windsurf y las playas interminables.
En el eterno debate sobre cuáles de las siete islas son las mejores para visitar, los expertos coinciden en que todas tienen su encanto, pero las islas capitalinas y Lanzarote concentran la mayor oferta de ocio y servicios. Para quienes buscan un viaje más económico, la comparativa entre Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife suele decantarse a favor de la primera, especialmente en alojamiento y restauración, aunque Gran Canaria y Tenerife compensan con una mayor variedad de actividades gratuitas y una red de transporte público más densa. Por último, la disyuntiva entre Fuerteventura y Lanzarote se resuelve según el carácter del viajero: la primera, más salvaje y deportiva; la segunda, más cultural y paisajística, con joyas como los Jameos del Agua o el Parque Nacional de Timanfaya.
Incluso entre los turistas que ya han visitado las islas, surge con frecuencia la duda sobre si es mejor decantarse por Fuerteventura o Lanzarote en un próximo viaje. Los que buscan deportes acuáticos y kilómetros de arena blanca suelen preferir Fuerteventura, mientras que los amantes del arte y los paisajes lunares encuentran en Lanzarote un destino único. La oferta alojativa en Lanzarote tiende a ser algo más económica, especialmente en apartamentos y casas rurales, aunque los precios varían según la temporada.
Sin embargo, esta pujanza turística, que supone el principal motor económico del archipiélago, choca frontalmente con una sanidad pública que no logra dimensionarse para atender tanto a la población residente como a la flotante. La sobrecarga asistencial que denuncian los médicos es, en parte, consecuencia de un modelo turístico que ha crecido sin un refuerzo proporcional de los servicios esenciales. La llegada masiva de visitantes, especialmente en temporada alta, tensiona unas urgencias ya de por sí al límite y deja al descubierto la fragilidad del sistema. Los médicos de Lanzarote y Fuerteventura, por ejemplo, denuncian una carencia crónica de especialistas y una sobrecarga asistencial que se agrava en los meses de mayor afluencia turística.
¿Qué piden los médicos? Reivindicaciones clave
Más allá de las mejoras retributivas puntuales, el colectivo médico canario plantea una batería de demandas estructurales que, según defienden, son la única garantía para salvar la sanidad pública en las islas:
- Incremento de plantillas y estabilización de los profesionales eventuales, con contratos dignos que eviten la fuga de talento a otros sistemas de salud peninsulares o europeos.
- Reducción efectiva de las ratios de pacientes por médico en Atención Primaria, que actualmente duplican en muchas zonas las recomendaciones de las sociedades científicas.
- Mejora sustancial de las condiciones de las guardias médicas, tanto en retribución como en los descansos posteriores, para garantizar la seguridad del paciente y la salud del profesional.
- Impulso real de la carrera profesional, con reconocimiento de la formación y la experiencia, y no solo como un complemento salarial sujeto a disponibilidad presupuestaria.
- Planificación estratégica para las islas no capitalinas (La Gomera, El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote), donde la cobertura sanitaria presenta déficits aún más acusados.
Estas reivindicaciones, lejos de ser nuevas, llevan años sobre la mesa y han sido actualizadas en las sucesivas reuniones bilaterales. La última, en mayo, terminó con el compromiso de la Consejería de trasladar las propuestas a Hacienda para su evaluación económica, pero la respuesta final, en forma de oferta, ha resultado insuficiente a todas luces.
¿Y ahora qué? El futuro de la negociación
Con el rechazo de la última oferta, el escenario se enrarece aún más. El CESM mantiene las movilizaciones previstas, incluyendo la marcha médica que este mismo lunes recorrió la avenida Mesa y López de Las Palmas de Gran Canaria hasta la Plaza de España, y la concentración ante la sede de la Consejería de Sanidad en Santa Cruz de Tenerife. Los paros continúan hoy martes 23 y el sindicato no descarta nuevas convocatorias si no se produce un giro significativo en la postura del Gobierno.
La pelota está ahora en el tejado de Fernando Clavijo. Su intervención directa, solicitada por los médicos, podría desbloquear una situación que se ha enquistado en el ámbito técnico de la Consejería. Sin embargo, hasta el momento el presidente no se ha pronunciado públicamente sobre el conflicto, y fuentes del Ejecutivo se limitan a señalar que la voluntad de diálogo sigue abierta.
Mientras tanto, la ciudadanía asiste con creciente preocupación a un deterioro que amenaza con cronificarse. Las listas de espera quirúrgica, que ya antes de la huelga superaban los seis meses en algunas especialidades, se dispararán aún más si el conflicto se prolonga. El fantasma de una sanidad a dos velocidades —una para quien puede pagar un seguro privado y otra para quienes dependen exclusivamente del sistema público— sobrevuela el archipiélago.
Los representantes sindicales han advertido además que llevarán al SCS a los tribunales por incumplimiento de los acuerdos de huelga firmados hace tres años, lo que añade presión jurídica a un panorama ya de por sí tenso. La vía judicial, aunque lenta, podría sentar un precedente sobre la obligación de la administración de cumplir lo pactado.
En definitiva, la sanidad canaria se encuentra en un punto de inflexión. La salida de la crisis requiere no solo gestos de última hora, sino una apuesta decidida por un sistema público que garantice la calidad asistencial tanto para los residentes como para los millones de turistas que cada año eligen las islas como destino. La pregunta es si el Gobierno de Clavijo estará a la altura de lo que los médicos —y la sociedad canaria— demandan.
