El Cabildo de Gran Canaria frena el plan de jaulas marinas en La Aldea por sus riesgos ambientales
El Cabildo de Gran Canaria ha dicho no al proyecto de una macrogranja marina en el litoral de La Aldea de San Nicolás. En la sesión plenaria del 26 de junio de 2026, los representantes insulares aprobaron por unanimidad una moción que exige al Gobierno de Canarias la paralización inmediata de cualquier autorización para la instalación de jaulas flotantes destinadas a la cría intensiva de lubinas. La decisión, que responde a una fuerte presión social, subraya los riesgos ambientales y socioeconómicos de una actividad que amenaza espacios naturales de alto valor y una pesca artesanal centenaria.
En este artículo9
- Un proyecto controvertido: 5.400 toneladas de lubinas para la exportación
- La moción unánime: un pleno que escuchó a la calle
- Impacto ambiental: de sebadales y angelotes en peligro crítico
- ¿La acuicultura es la solución? El choque entre el Cabildo y Greenpeace
- Consecuencias para la pesca artesanal y la economía local
- El precedente de Aquanaria y la alarma social
- Pasos siguientes: una evaluación rigurosa y la participación ciudadana
- Una decisión que marca el futuro del litoral canario
- La acuicultura en Canarias: entre la oportunidad y el riesgo
Un proyecto controvertido: 5.400 toneladas de lubinas para la exportación
La iniciativa, impulsada por la empresa Gran Canaria Bass Company SL, planteaba la instalación de varias jaulas marinas frente a la costa de La Aldea con capacidad para producir 5.400 toneladas de lubinas al año. Una cantidad que, según los datos de la propia compañía, estaría destinada casi en su totalidad a la exportación, no al consumo local. Este modelo de negocio, alejado de supuestamente fortalecer la seguridad alimentaria de la isla, chocaba de frente con la realidad de un municipio donde la pesca artesanal ha sido durante generaciones el motor económico y cultural.
El término macrogranja, aunque carece de una definición legal precisa en la normativa española, se ha popularizado en el debate público para designar explotaciones intensivas de grandes dimensiones. En el caso marino, las jaulas flotantes concentran una altísima densidad de peces, lo que multiplica los problemas de contaminación, enfermedades y fugas.
La moción unánime: un pleno que escuchó a la calle
La propuesta, elevada por los grupos que sustentan al gobierno insular —Nueva Canarias (NC) y el Partido Socialista (PSOE)—, fue respaldada por todos los partidos con representación en el Cabildo. El texto aprobado no se limitó a un rechazo simbólico, sino que insta al Gobierno de Canarias a “dejar sin efecto cualquier autorización que tenga por objeto dicha instalación” y reclama una evaluación exhaustiva y rigurosa del impacto sobre el medio marino, el paisaje, el tejido social y la economía local.
En el documento, la corporación insular recuerda que la costa de La Aldea es un espacio de alta sensibilidad por la cercanía de diversos espacios naturales protegidos. Subraya, además, que las directrices del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC) no eximen de exigir las máximas garantías, ya que un eventual impacto negativo resultaría “desastroso para un patrimonio natural que mantiene un elevado grado de conservación y que apenas ha sufrido procesos de antropización”.
El consenso alcanzado también refleja la presión de una ciudadanía cada vez más concienciada. Durante semanas, colectivos vecinales, pescadores y organizaciones ecologistas alzaron la voz en múltiples concentraciones, dejando claro que el mar no podía convertirse en “un polígono industrial”. Esa reivindicación caló hondo en los pasillos del Cabildo.
Impacto ambiental: de sebadales y angelotes en peligro crítico
La ubicación prevista para las jaulas se encuentra en un entorno marítimo de extraordinario valor ecológico. Las coordenadas del proyecto lo sitúan a escasa distancia de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Sebadales de Güigüí, de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Espacio Marino de Mogán-La Aldea y de la Zona de Transición de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Estos sellos no son etiquetas vacías: los sebadales —praderas de la fanerógama Cymodocea nodosa— actúan como viveros y sumideros de carbono, mientras que la ZEPA alberga una rica avifauna marina que depende de aguas limpias y sin interrupciones.
Uno de los argumentos de mayor peso esgrimidos por los detractores es la presencia documentada del angelote (Squatina squatina), un tiburón catalogado por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) como “en peligro crítico de extinción” desde 2006. Diversos estudios científicos han confirmado la presencia de esta especie en las aguas que rodean el proyecto, lo que convertiría la instalación de las jaulas en un riesgo inaceptable para su supervivencia. La acumulación de residuos orgánicos, los escapes de piensos y el uso de antibióticos y alguicidas —prácticas habituales en la acuicultura intensiva— podrían alterar irreversiblemente el frágil equilibrio de este hábitat.
¿La acuicultura es la solución? El choque entre el Cabildo y Greenpeace
Un matiz importante de la moción es que, si bien rechaza de plano el proyecto de La Aldea, el Cabildo de Gran Canaria respalda la acuicultura como actividad siempre que se desarrolle “bajo criterios de sostenibilidad ambiental y social”. Esta postura no fue compartida por Greenpeace, una de las organizaciones que más activamente se ha opuesto a la macrogranja marina.
La portavoz de Greenpeace en Canarias, Irene Sánchez Lasso, manifestó que “la acuicultura industrial no es sostenible” e instó a los representantes políticos a “centrar sus esfuerzos en apoyar la pesca artesanal”. La organización recordó que este tipo de instalaciones genera contaminación por materia orgánica, sustancias tóxicas como antibióticos y bactericidas, y favorece la eutrofización del agua, reduciendo la luz y el oxígeno disponibles. Además, alertó sobre el riesgo de fugas masivas que puedan alterar los ecosistemas y competir con las especies autóctonas.
Para Greenpeace, el rechazo del Cabildo es una “victoria” fruto de la movilización ciudadana, pero advierte que la batalla no ha terminado: “Seguiremos vigilantes para que este gobierno priorice la protección de la naturaleza y la pesca artesanal, y no se quede en papel mojado”, declaró Sánchez Lasso tras conocerse la moción.
Consecuencias para la pesca artesanal y la economía local
Más allá del daño ecológico, la macrogranja suponía una amenaza directa para el modo de vida de los pescadores de La Aldea y municipios cercanos. La pesca artesanal en esta zona de Gran Canaria no es un sector residual: cientos de familias dependen de ella y de su cadena de comercialización. Las jaulas flotantes ocuparían amplias extensiones de los caladeros tradicionales, desplazando a las embarcaciones locales o limitando sus capturas por la contaminación y la competencia por los recursos.
El argumento de que la acuicultura genera riqueza tampoco casa con los datos del proyecto en cuestión. Al estar orientado a la exportación, la producción apenas repercutiría en los mercados locales o en la seguridad alimentaria de la isla. “Este tipo de proyectos no trae riqueza al territorio; al contrario, pone en jaque nuestra economía local y nuestra soberanía alimentaria, y solo beneficia a los mismos de siempre”, reiteró la portavoz ecologista.
Por otro lado, la protección del litoral es fundamental para un sector que cada año atrae a millones de turistas. Aunque en los debates públicos la confrontación entre conservación y desarrollo turístico suele simplificarse, la realidad es que Gran Canaria es visitada por quienes buscan una naturaleza bien conservada. Muchos viajeros que investigan cuál es la isla más bonita para visitar en Canarias se decantan por la diversidad de paisajes de la isla redonda, mientras que otros se preguntan qué isla es más bonita, si Tenerife o Lanzarote, sin imaginar que el archipiélago ofrece un abanico de siete destinos con identidades propias. De hecho, comparar Lanzarote y Fuerteventura es un clásico entre los turistas que buscan playas y paisajes volcánicos. Pero lo cierto es que la decisión del Cabildo de Gran Canaria contribuye a mantener intacto uno de los argumentos por los que la isla suele colarse entre las favoritas: su conexión aún viva con un entorno marino y rural no contaminado.
Precisamente, conocer qué ver en Gran Canaria incluye descubrir rincones como La Aldea, donde el mar y la montaña se encuentran lejos del bullicio. Un proyecto industrial de esta magnitud habría alterado de forma radical la experiencia de quienes buscan ese contacto auténtico con el paisaje. Por eso, la paralización de la macrogranja resuena también entre quienes consideran que el valor turístico de la isla pasa por preservar su costa.
El precedente de Aquanaria y la alarma social
La sensibilidad hacia las macrogranjas marinas no surge de la nada. A finales de 2025, Canarias vivió un episodio que encendió todas las alarmas: la muerte masiva de lubinas en las jaulas de la empresa Aquanaria, situadas a apenas 350 metros de la playa de Melenara, en la costa de Telde. Aquel suceso obligó a cerrar varias playas próximas y evidenció los riesgos sanitarios y ambientales de una actividad que, cuando falla, puede convertir el litoral en una amenaza para la salud pública y el turismo. Aunque los detalles de aquel incidente nunca se esclarecieron por completo, la imagen de peces muertos flotando cerca de zonas de baño caló hondo en la opinión pública y preparó el terreno para una oposición mucho más organizada ante nuevos proyectos.
Pasos siguientes: una evaluación rigurosa y la participación ciudadana
El acuerdo plenario no pone punto final al proceso, sino que abre una nueva fase. La moción exige al Gobierno de Canarias que paralice el proyecto y realice un análisis minucioso y vinculante de todos los efectos ambientales, sociales y económicos. También demanda que se abra un proceso de diálogo y participación ciudadana “efectivo y transparente”, algo que, hasta ahora, había brillado por su ausencia.
El principio de precaución, recogido en la legislación ambiental europea, es el eje sobre el que pivota esta exigencia. Dado el elevado valor ecológico de la zona y la incertidumbre sobre el verdadero alcance de los impactos, el Cabildo considera que autorizar las jaulas sin una certeza absoluta de que no dañarán el entorno sería una irresponsabilidad. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno regional, que deberá decidir si atiende la solicitud insular o si mantiene el expediente del proyecto.
Una decisión que marca el futuro del litoral canario
El rechazo a la macrogranja de La Aldea trasciende el ámbito municipal. Se alinea con un debate más amplio sobre el modelo de desarrollo que Canarias quiere para sus costas. En un archipiélago donde la presión urbanística y turística es constante, defender espacios marinos aún salvajes se ha convertido en una batalla cultural. La decisión del Cabildo de Gran Canaria envía un mensaje claro: no todo vale en nombre del crecimiento económico, y la acuicultura, si quiere tener cabida, deberá demostrar que puede convivir con la naturaleza y con las comunidades que dependen del mar.
La unanimidad del pleno también refleja un cambio de sensibilidad política. En el pasado, proyectos similares encontraban menos resistencia institucional; hoy, la combinación de ciencia, movilización ciudadana y voluntad política ha permitido un desenlace que, sin ser definitivo, supone un freno en seco. Queda por ver si el Gobierno de Canarias acata la petición y, sobre todo, si este caso sienta un precedente para iniciativas futuras en otras islas como Tenerife, Fuerteventura o Lanzarote, donde también asoman propuestas de acuicultura intensiva.
La acuicultura en Canarias: entre la oportunidad y el riesgo
El debate sobre la acuicultura en las islas es complejo. Mientras que para algunos representa una oportunidad para diversificar la economía y reducir la dependencia de las importaciones de pescado, para otros supone una amenaza a los ecosistemas y a la pesca tradicional. El Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC), instrumento dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, establece las bases para el desarrollo de esta actividad en las islas. No obstante, la moción del Cabildo advierte que sus directrices no son excusa para rebajar las exigencias ambientales. La clave, como suele ocurrir en asuntos de sostenibilidad, reside en el equilibrio y en la aplicación estricta del control administrativo.
El caso de La Aldea demuestra que la planificación regional debe ser revisada a la luz del principio de precaución y de las demandas locales. Si el Gobierno canario opta por acatar la petición del Cabildo, será un hito que podría redefinir la política pesquera y ambiental de la comunidad. Por el contrario, si decide seguir adelante, el conflicto social y legal está servido.
