El Congreso ratifica la rebaja fiscal en La Palma y desbloquea 600 millones para Canarias
El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 23/2026, de 8 de septiembre, que prorroga la deducción del 60% en el IRPF para los residentes de La Palma y permite al Gobierno de Canarias movilizar más de 600 millones de euros de su superávit en inversiones sostenibles. La norma salió adelante con 300 votos a favor, 38 en contra y 10 abstenciones, y será tramitada como proyecto de ley.
En este artículo8
- La convalidación parlamentaria y el reparto de votos
- La rebaja fiscal del 60% en el IRPF para los palmeros
- 100 millones para el sector primario y la reconstrucción agraria
- Moratoria de préstamos y medidas para autónomos
- 33 millones adicionales para convenios con Cabildo y ayuntamientos
- El superávit canario: más de 600 millones para inversiones sostenibles
- El nuevo marco de financiación autonómica en cifras
- Reacciones políticas y próximos pasos
La convalidación parlamentaria y el reparto de votos
El texto, que incorpora medidas fiscales y financieras urgentes para la reconstrucción económica y social de La Palma, fue defendido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. En su intervención, el ministro sostuvo que la norma demuestra el compromiso del Ejecutivo con el bienestar de los ciudadanos y con el correcto funcionamiento del Estado de las autonomías. El decreto salió adelante gracias al respaldo del Partido Popular, que sumó sus votos a los del PSOE y sus socios de gobierno, alcanzando así una holgada mayoría. En contra votaron Vox y Junts, con 38 sufragios, mientras que se registraron 10 abstenciones correspondientes a ERC, la diputada de Compromís Águeda Micó, el diputado de Sumar Alberto Ibáñez y el exdiputado de Vox Javier Ortega Smith. El pleno acordó tramitar el real decreto como proyecto de ley, un paso que abre la puerta a la presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios y que permitirá afinar algunos detalles técnicos durante su recorrido legislativo.
La rebaja fiscal del 60% en el IRPF para los palmeros
Una de las medidas más esperadas es la prórroga de la deducción del 60% en la cuota autonómica del IRPF para los residentes en La Palma, correspondiente al ejercicio 2026. Esta reducción, que se aplica desde 2022, da continuidad a los incentivos fiscales aprobados tras la erupción volcánica de 2021 y forma parte de los acuerdos de la Agenda Canaria. El Ministerio de Política Territorial subrayó que la convalidación del decreto permitirá que la rebaja se refleje de manera inmediata en las nóminas de los palmeros y palmeras, mejorando la renta disponible de las familias. La deducción se materializa en una menor retención a cuenta del IRPF cada mes, lo que alivia la carga fiscal de los trabajadores afectados por la catástrofe natural. Los empleadores aplican un tipo reducido en las retenciones, de modo que el efecto se nota desde la primera nómina del año sin esperar a la declaración de la renta. Este paquete se suma al mapa de ayudas y subvenciones en Canarias que gestionan las distintas administraciones para la recuperación económica de la isla.
100 millones para el sector primario y la reconstrucción agraria
El Real Decreto-ley 23/2026 habilita 100 millones de euros procedentes de los excesos de financiación o superávit del Gobierno de Canarias correspondientes a 2025 para destinarlos al sector primario, en concreto a agricultores y ganaderos afectados por las consecuencias de la erupción volcánica. Estos recursos compensarán las mermas de producción de los ejercicios 2024, 2025 y 2026, y financiarán la reconstrucción de infraestructuras agrarias dañadas por la lava y la ceniza. La norma establece que esos 100 millones no computarán a efectos del cumplimiento de la regla de gasto y que serán ampliables en caso de que la demanda de ayudas supere la previsión inicial. Se trata de una inyección directa para un sector que todavía arrastra los efectos de la pérdida de terreno cultivable y de la destrucción de instalaciones, y que es clave para la economía del Valle de Aridane.
Infraestructuras agrarias que se financiarán
Entre las actuaciones que podrán sufragarse con esta partida figuran cuartos de aperos, cuadras, infraestructuras hidráulicas, empaquetados de plátanos, almacenes agrícolas y fincas agrarias. La lista refleja las necesidades de un sector primario muy dañado por el volcán, especialmente en los municipios del Valle de Aridane, donde el cultivo del plátano y el aguacate constituye una de las principales fuentes de empleo. La administración autonómica será la encargada de gestionar estas ayudas, priorizando a los titulares de explotaciones que acrediten pérdidas directas atribuibles a la erupción de 2021. Con estas inversiones se busca no solo reponer lo destruido, sino modernizar las explotaciones para hacerlas más resilientes ante futuras adversidades.
Moratoria de préstamos y medidas para autónomos
El paquete de apoyo se completa con una nueva moratoria para los agricultores de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte que habían solicitado préstamos, así como con medidas relativas a las prestaciones extraordinarias por cese de actividad de los autónomos. Entre estas últimas, el decreto establece que las subvenciones del POSEI no computarán para determinar los rendimientos netos y que se actualizarán determinados ingresos tomando como referencia el año 2020 en lugar de 2019. Estas disposiciones buscan evitar que las ayudas europeas al sector primario generen una pérdida de beneficios fiscales o sociales para los afectados por el volcán, permitiendo que los perceptores mantengan las ayudas aun cuando sus ingresos hayan variado por la catástrofe. La moratoria supone un respiro para los titulares de explotaciones que aún no han podido recuperar su capacidad productiva y que, de otro modo, se verían obligados a devolver los préstamos en un momento de debilidad financiera.
33 millones adicionales para convenios con Cabildo y ayuntamientos
El ministro Torres informó, asimismo, de la aprobación por el Consejo de Ministros de la generación de 33 millones de euros de crédito para los convenios vigentes con el Cabildo de La Palma y con los ayuntamientos que han trasladado correctamente la solicitud de modificación de sus obras. Esta cantidad se suma al 50% de los convenios que ya ha sido transferido en su totalidad y permitirá continuar avanzando en los proyectos de reconstrucción de infraestructuras públicas dañadas por la erupción. Está prevista una nueva Comisión Mixta en los próximos días para seguir coordinando estas actuaciones entre el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y las administraciones insulares y municipales, con el objetivo de agilizar la ejecución de las obras pendientes. La colaboración entre administraciones es esencial para desbloquear proyectos que llevan meses esperando financiación y para que las ayudas lleguen al terreno con la máxima celeridad posible.
El superávit canario: más de 600 millones para inversiones sostenibles
El segundo gran bloque del decreto afecta a todas las comunidades autónomas. La norma permite utilizar el superávit presupuestario de 2025 para financiar inversiones financieramente sostenibles en 2026 y 2027, incluidas las políticas de vivienda. Además, las comunidades cuya deuda sobre el PIB sea inferior al 12,4% a cierre de 2025 podrán destinar superávits de ejercicios anteriores a inversiones en lugar de a reducir deuda, sin que esas inversiones computen a efectos de la regla de gasto. Las comunidades beneficiarias son Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Illes Balears, Cantabria y Galicia. En conjunto, podrán movilizar cerca de 4.000 millones de euros para inversiones en sus territorios. Para Canarias, la cifra supera los 600 millones, que podrán destinarse a proyectos de infraestructuras, servicios públicos y vivienda, una prioridad para el Gobierno autonómico. Este margen fiscal permitirá acelerar proyectos que de otro modo se verían retrasados por la disciplina presupuestaria, inyectando actividad económica en un contexto de incertidumbre.
El nuevo marco de financiación autonómica en cifras
Durante su intervención, el ministro contextualizó estas medidas dentro del apoyo del Gobierno a la suficiencia financiera de las comunidades autónomas. Entre las cifras citadas figuran los 30.000 millones de euros de fondos Covid que no tuvieron que ser devueltos, la asunción por el Estado de 4.000 millones de euros de liquidaciones negativas y la transferencia de 40.175 millones entre 2019 y 2025 a través de conferencias sectoriales. Asimismo, se refirió al proyecto de ley de quita de deuda, mediante el que el Gobierno plantea asumir más de 83.000 millones de euros de deuda acumulada por las comunidades autónomas, lo que permitiría reducir en los próximos años el pago de intereses en unos 6.000 millones. El nuevo modelo de financiación autonómica aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera contempla 21.000 millones adicionales para las comunidades, una reducción de las diferencias de financiación per cápita y un incremento de la corresponsabilidad fiscal, según explicó el Ministerio. Estos datos dibujan un escenario de mayor flexibilidad presupuestaria para las autonomías, con el objetivo declarado de mejorar los servicios públicos y reducir las tensiones territoriales.
Reacciones políticas y próximos pasos
El PNV respaldó el decreto por las ayudas a La Palma y porque atiende su reivindicación de que las comunidades puedan utilizar su superávit para invertir. Coalición Canaria lo avaló, en palabras de Cristina Valido, porque permite a las comunidades que han hecho una buena gestión dedicar ese superávit a cuestiones urgentes para la población. Podemos apoyó el texto por su beneficio para la población de La Palma. En contra, Junts argumentó que Cataluña no podrá beneficiarse de la flexibilidad al cerrar 2025 con déficit y una deuda superior al 12,4% del PIB. Vox criticó la mezcla de las ayudas palmeras con otras medidas y el PP consideró que las ayudas llegan tarde y que la flexibilidad no responde a criterios técnicos. El texto continuará su tramitación como proyecto de ley, abriendo la puerta a enmiendas, y la próxima Comisión Mixta supervisará la ejecución de los convenios de reconstrucción en La Palma. Los próximos meses serán clave para comprobar si la agilización administrativa se traduce en obras y transferencias efectivas sobre el terreno.
