El desahucio en la casa de Mr. Leacock revela la inacción oficial frente a la crisis de vivienda
La ejecución del desahucio en la conocida como casa de Mr. Leacock, programada para este 1 de julio en el municipio grancanario de Santa María de Guía, dejará sin un techo a varias familias en situación de extrema vulnerabilidad, entre ellas menores de edad, sin que ninguna administración haya ofrecido una alternativa residencial. El caso destapa las carencias de la política de vivienda en Canarias, una emergencia social que se agrava pese a los reiterados llamamientos de colectivos y organismos internacionales.
En este artículo8
- 1. El desahucio que reabre la herida habitacional en Canarias
- 2. Quiénes son las familias: historias de precariedad y resistencia
- 3. La casa de Mr. Leacock: de residencia señorial a infravivienda
- 4. La emergencia habitacional en Canarias: un problema estructural con raíces antiguas
- 5. Canarias, paraíso turístico con récord de visitantes pero sin techo para sus residentes
- 6. La respuesta de las administraciones: acusaciones de inacción y falta de coordinación
- 7. Movilización ciudadana y apoyo vecinal: la calle como último dique
- 8. ¿Qué sigue? Soluciones posibles y el horizonte de una crisis sin fin
El inmueble, una edificación con décadas de historia, albergó durante años a personas que encontraron en sus infraviviendas el único refugio frente a la exclusión residencial. La orden de desalojo, dictada por un juzgado de la zona, afecta a ocupantes de origen migrante y nacionalidad española en riesgo de marginalidad, con trabajos precarios y sin posibilidad de acceder al mercado libre de alquiler. Las imágenes de enseres amontonados en la calle y niños con mochilas a la espera han conmocionado al norte de Gran Canaria, donde los movimientos vecinales han organizado vigilias y cadenas humanas para impedir el lanzamiento.
Según fuentes cercanas al operativo, la propiedad pertenece a un grupo empresarial con una extensa cartera de inmuebles en la isla, que ejerce su derecho legal a recuperar el edificio. Sin embargo, los colectivos de apoyo a las familias denuncian la desproporción de fuerzas y exigen que las instituciones medien para evitar un nuevo episodio de desamparo, contraponiendo el artículo 47 de la Constitución Española —que consagra el derecho a una vivienda digna— a la aplicación estricta de la normativa hipotecaria y de arrendamientos.
1. El desahucio que reabre la herida habitacional en Canarias
La fecha marcada en el calendario, 1 de julio de 2026, se ha convertido en un símbolo de la tensión social que vive el archipiélago. A primera hora de la mañana, agentes de la policía local y una comitiva judicial tenían previsto materializar el desalojo, con un dispositivo de seguridad reforzado ante la expectativa de resistencia pacífica. Las familias llevaban semanas recibiendo avisos, pero la falta de una solución habitacional por parte de los servicios sociales municipales y autonómicos las dejó en un callejón sin salida.
El Ayuntamiento de Santa María de Guía, gobernado por Nueva Canarias, reconoció en un comunicado interno la situación de vulnerabilidad de los afectados, pero argumentó que carece de competencias para paralizar una orden judicial y que su parque público de viviendas está saturado. De hecho, el municipio solo dispone de una decena de inmuebles de emergencia, todos ocupados. La alcaldesa, Minerva Santana, trasladó al Cabildo de Gran Canaria la necesidad de activar un protocolo urgente, sin que hasta el cierre de esta edición se hubiera confirmado una alternativa.
2. Quiénes son las familias: historias de precariedad y resistencia
Los rostros del desahucio son heterogéneos pero comparten un denominador común: la exclusión del sistema. Al menos diez adultos y siete menores de edad —cuatro de ellos en edad escolar— residían en la casa de Mr. Leacock. Algunos llegaron en patera hace años y obtuvieron protección internacional; otros son españoles que perdieron su empleo durante la pandemia y nunca lograron reinsertarse. En el asentamiento convivían migrantes senegaleses, marroquíes y familias canarias monomarentales.
Zakaria D., un joven senegalés de 28 años que trabaja en el campo de forma intermitente, relataba a los medios que pagaba 150 euros al mes por una habitación sin ventanas, y que ahora no sabe dónde dormirá junto a su pareja embarazada. María C., de 43 años y natural de Gáldar, explica que después de tres desahucios en cinco años, “la única salida que encontré fue esta casa, y ahora me echan sin nada”. La concejalía de Servicios Sociales del municipio vecino de Gáldar ha atendido a dos de las familias, pero el consistorio asegura que su capacidad de acogida está al límite.
Los menores escolarizados en el CEIP Juan Ramón Jiménez, en Guía, corren el riesgo de perder su plaza si la familia se ve obligada a desplazarse a otro término municipal. La Unidad de Protección de Menores del Gobierno de Canarias fue notificada del caso, según confirmó la Consejería de Derechos Sociales a través de un portavoz, aunque no se ha pronunciado sobre medidas cautelares. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España, establece que en cualquier procedimiento que afecte a un menor debe primar su interés superior, y colectivos como la Red Canaria de Inmigración y Refugio han solicitado a la Fiscalía que intervenga de oficio.
3. La casa de Mr. Leacock: de residencia señorial a infravivienda
El inmueble, situado en la calle Lomo Guillén, en el casco histórico de Santa María de Guía, es un caserón de finales del siglo XIX que perteneció a un comerciante británico conocido como Mr. Leacock, según consta en el archivo municipal. Durante décadas fue una vivienda unifamiliar con jardines y huertas, pero tras el fallecimiento del último heredero directo, la propiedad pasó a manos de una sociedad mercantil que mantuvo el edificio sin uso continuado.
A principios de la década de 2010, las primeras familias comenzaron a ocupar las estancias interiores, transformando antiguos salones y dormitorios en habitáculos precarios, sin servicios de agua caliente ni saneamiento adecuado. Pese a las notificaciones de desalojo acumuladas desde 2018, el propietario no ejecutó el lanzamiento hasta ahora, un hecho que los vecinos atribuyen a la complejidad burocrática y al temor a un conflicto social. La propiedad está registrada a nombre de Inversiones Guayedra S.L., firma con sede en Las Palmas de Gran Canaria y vinculada al sector turístico, aunque la empresa no ha hecho declaraciones.
El inmueble ha sido calificado como infravivienda por el servicio de inspección del Cabildo, pero nunca se incoó un expediente de ruina ni se declaró en condiciones de inhabitabilidad, lo que ha permitido que la ocupación se prolongase. El Plan General de Ordenación Urbana de Santa María de Guía, aprobado en 2007, cataloga la zona como suelo urbano consolidado, pero no contempla figuras de protección patrimonial para la edificación, a pesar de que la Comisión Insular de Patrimonio Histórico de Gran Canaria había recomendado en 2015 su inclusión en el catálogo municipal de bienes arquitectónicos.
4. La emergencia habitacional en Canarias: un problema estructural con raíces antiguas
El desahucio de la casa de Mr. Leacock no es un hecho aislado; forma parte de una crisis que asfixia al archipiélago desde hace más de una década. El último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) señaló que Canarias es la comunidad autónoma con mayor tasa de población en riesgo de pobreza y exclusión social, alcanzando al 44% de sus residentes en 2025. La vivienda se ha convertido en el principal factor de vulnerabilidad: uno de cada cuatro hogares destina más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca, una cifra que triplica la media nacional.
El precio del metro cuadrado de alquiler en las capitales insulares ha subido un 60% en los últimos cinco años, según los datos del Colegio de Registradores de la Propiedad. En Gran Canaria, un piso de dos habitaciones se alquila por una media de 1.200 euros en la zona de Las Palmas, mientras el salario más frecuente en el sector servicios ronda los 1.100 euros. Esta brecha empuja a miles de personas a soluciones informales: realquileres, habitaciones sin contrato, ocupaciones y, en última instancia, asentamientos como el de la casa de Mr. Leacock.
El Gobierno de Canarias reconoció en 2024, mediante un dictamen de su Consejo Consultivo, que existe una “emergencia residencial objetiva” y se comprometió a construir 2.500 viviendas públicas en la legislatura, de las cuales solo se han iniciado 300. Mientras, el parque privado se tensiona por la proliferación del alquiler vacacional: más de 50.000 viviendas en las islas se comercializan en plataformas como Airbnb, según el Instituto Canario de Estadística, y en algunos barrios de Santa Cruz de Tenerife o Arrecife representan ya el 20% del total de inmuebles.
Los expertos consultados coinciden en que no se trata de una crisis coyuntural, sino de un fallo sistémico. “Llevamos 15 años con una política de vivienda errática, donde se ha priorizado la construcción para el turismo y los grandes inversores, descuidando la vivienda social”, explica la catedrática de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, Luz Marina García Herrera, en una reciente publicación académica. La ausencia de un parque público de alquiler asequible, junto a un mercado laboral marcado por la temporalidad y los bajos salarios, convierte el derecho a la vivienda en un privilegio.
5. Canarias, paraíso turístico con récord de visitantes pero sin techo para sus residentes
Esta emergencia contrasta con la imagen de postal que atrae a más de 16 millones de turistas al año. Las búsquedas en internet sobre “¿cuál es la isla más bonita para visitar en Canarias?” son una constante en los calendarios vacacionales, y las opiniones se dividen entre la exuberante vegetación de Tenerife, las playas infinitas de Fuerteventura, el paisaje lunar de Lanzarote o la diversidad paisajística de Gran Canaria. Las comparativas entre islas, como “¿Qué isla es más bonita, Tenerife o Lanzarote?” o “¿Qué isla es más bonita, Lanzarote o Fuerteventura?”, dominan los foros de viajeros.
Sin embargo, detrás de esa fachada paradisíaca, la realidad para una parte creciente de la población residente es la de no poder pagar un alquiler. La isla que muchos eligen para pasar sus vacaciones es la misma donde familias enteras malviven en habitaciones de 10 metros cuadrados o temen cada mañana la llegada del desahucio. La pregunta “¿Cuáles de las 7 Islas Canarias son las mejores para visitar?” obtiene respuestas en las que rara vez se menciona que La Palma, por ejemplo, registra un incremento del precio del suelo del 40% desde la erupción del volcán de 2021, o que El Hierro, elogiada por su sostenibilidad, tiene una de las rentas per cápita más bajas del archipiélago.
El turismo, principal motor económico de las islas —representa el 35% del PIB regional—, es al mismo tiempo un factor de presión sobre el mercado residencial. Los propietarios prefieren destinar sus inmuebles al alquiler vacacional, más rentable, y los establecimientos hoteleros ocupan suelo que podría dedicarse a promociones de vivienda protegida. La reciente ley de vivienda vacacional del Gobierno de Canarias, aprobada en marzo de 2026, introduce límites por zona y obliga a los ayuntamientos a declarar si permiten nuevos registros, pero su aplicación es lenta y desigual. En municipios como Mogán, en Gran Canaria, el 70% de las viviendas están registradas como vacacionales, y el alquiler tradicional para residentes ha desaparecido prácticamente del mercado.
6. La respuesta de las administraciones: acusaciones de inacción y falta de coordinación
Los colectivos sociales que acompañan a las familias del inmueble de Mr. Leacock han denunciado públicamente la “dejación de funciones” de cuatro administraciones: el Ayuntamiento de Santa María de Guía, el Ayuntamiento de Gáldar, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias. “Todos sabían de la inminencia del desahucio y nadie ha movido un dedo”, clamaba una portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Vivienda de Canarias durante una concentración celebrada frente al consistorio guíense el pasado fin de semana.
Fuentes de la consejería de Vivienda del Gobierno autonómico indican que la competencia para ofrecer una alternativa habitacional corresponde en primer término a los ayuntamientos, y que el Ejecutivo regional dispone de una bolsa de viviendas sociales que se asigna mediante criterios de urgencia, pero que en este caso no se había tramitado la solicitud con la antelación necesaria. Sin embargo, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, replicó que la institución insular no puede suplir la falta de planificación municipal y pidió una reunión de la Mesa de Seguimiento de la Emergencia Habitacional, constituida en 2023 pero que no se ha convocado en los últimos ocho meses.
La Defensoría del Pueblo de Canarias abrió una actuación de oficio para investigar si las administraciones cumplieron con su obligación de proteger a los menores, y ha solicitado informes a los dos ayuntamientos implicados, a la consejería y al juzgado que dictó el lanzamiento. En el plano judicial, el procedimiento se originó como un desahucio por precario —el propietario no había autorizado la ocupación—, sin que se alegara en la contestación a la demanda la especial situación de vulnerabilidad, un extremo que el letrado de las familias admite no haber podido articular por falta de recursos para la asistencia jurídica gratuita.
7. Movilización ciudadana y apoyo vecinal: la calle como último dique
Desde que trasciendió la fecha del lanzamiento, una ola de solidaridad ha recorrido los municipios del norte de Gran Canaria. La asamblea local de la Plataforma por la Vivienda Digna ha convocado vigilias nocturnas ante la casa de Mr. Leacock, con afluencias de hasta 200 personas armadas con pancartas, bocinas y comida para los desalojados. Parroquias de la comarca han ofrecido sus locales para acoger provisionalmente a los afectados, aunque la solución es limitada: “No podemos tener a siete niños en un salón parroquial indefinidamente”, advierte el párroco de San Roque, en Gáldar.
Asociaciones vecinales de La Aldea, Agaete y Moya han anunciado donaciones de muebles y enseres para cuando las familias encuentren un realojo. El Sindicato de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha organizado una recogida de fondos en la red social Mastodon, canal que ha servido para difundir el caso en tiempo real y que ha permitido a los afectados narrar su experiencia sin filtro mediático. “No somos okupas, somos pobres”, repiten los alojados en los vídeos que circulan por la red.
La presión popular ha forzado una reunión de urgencia entre los alcaldes de Guía y Gáldar con la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, prevista para esta misma tarde. “Vamos a escuchar todas las propuestas y a estudiar cualquier vía legal que permita suspender el lanzamiento y dar un respiro a las familias”, declaró la consejera a la salida del pleno del Parlamento de Canarias. Sin embargo, los precedentes no invitan al optimismo: en lo que va de año, se han ejecutado en Canarias 1.300 desahucios por impago de alquiler o por precario, según datos del Consejo General del Poder Judicial, y en apenas un 2% de los casos hubo alternativa habitacional pública.
8. ¿Qué sigue? Soluciones posibles y el horizonte de una crisis sin fin
Más allá del caso concreto, el desahucio de la casa de Mr. Leacock plantea interrogantes de futuro. La Consejería de Vivienda ha anunciado para septiembre la publicación de un decreto que agilice la cesión temporal de inmuebles vacíos —se calcula que hay más de 20.000 en las islas— para acogida de emergencia, pero los plazos legislativos suelen eternizarse. Mientras, los expertos en trabajo social insisten en que la única salida es la inversión masiva en vivienda pública y la regulación del alquiler vacacional que limite su impacto en zonas tensionadas.
La sociedad civil también se organiza. La iniciativa “Ningún desahucio sin alternativa”, que agrupa a una treintena de entidades, trabaja en un protocolo de mediación para que antes de cualquier lanzamiento judicial se garantice un techo provisional, y ha instado a los ayuntamientos a que creen registros de pisos vacíos de grandes tenedores —aquellos con más de diez propiedades— a los que se pueda forzar un alquiler social. En el ámbito estatal, la Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023, ya permite a las comunidades autónomas declarar zonas de mercado tensionado y limitar los precios, pero Canarias aún no ha desarrollado el reglamento necesario.
Mientras las negociaciones de última hora definen si el desahucio se acaba produciendo o se consigue una prórroga, las familias de la casa de Mr. Leacock esperan con angustia. “Ahora mismo lo único que nos queda es rezar y confiar en que alguien con poder nos escuche”, decía ayer Zakaria D., con la mirada fija en el portón de hierro que amenaza con cerrárseles para siempre. Una imagen que resume cómo, en pleno siglo XXI, el mayor drama de Canarias no está en la erosión de sus playas ni en la erupción de sus volcanes, sino en la incapacidad de asegurar un derecho tan básico como el de tener un hogar.
