El Supremo anula la restricción de una VTC por cada 30 taxis y ordena tramitar 200 licencias en Gran Canaria
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el Cabildo de Gran Canaria y la Federación Regional de Taxis de Canarias (Fedetax) y deja sin efecto la restricción de una licencia VTC por cada treinta taxis. La sentencia, dictada el 30 de septiembre de 2026, reactiva la tramitación de 200 autorizaciones de vehículo de transporte con conductor solicitadas por la mercantil Senza 2020, allanando el camino para la entrada de plataformas como Uber y Cabify en la isla.
En este artículo9
- La sentencia que despeja el bloqueo de las VTC
- De la denegación de 2023 al recurso de casación
- El límite de una VTC por cada 30 taxis: origen y evolución
- Los argumentos del Cabildo sobre la ultraperiferia
- Por qué el Supremo considera desproporcionada la ratio
- Qué cambia para las 200 licencias solicitadas por Senza 2020
- Uber y Cabify: el escenario canario tras el fallo
- Preguntas frecuentes sobre las islas en el nuevo contexto de movilidad
- Qué puede pasar ahora: alternativas regulatorias y próximos pasos
La sentencia que despeja el bloqueo de las VTC
El fallo del alto tribunal concluye que la condición de Canarias como región ultraperiférica (RUP) de la Unión Europea no justifica por sí sola mantener la proporción de una autorización VTC por cada 30 licencias de taxi. La Sala estima que la limitación impuesta por la normativa autonómica constituye una restricción injustificada de la libertad de establecimiento protegida por el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La sentencia da respuesta a un recurso de casación promovido por el Cabildo de Gran Canaria, con el apoyo de Fedetax, contra una resolución previa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ya había respaldado las pretensiones de Senza 2020. El Supremo considera que no se ha acreditado que la restricción numérica sea necesaria y proporcionada para lograr objetivos como la gestión del tráfico, la protección del medio ambiente o la ordenación del espacio público.
De la denegación de 2023 al recurso de casación
El origen del litigio se sitúa en la negativa del Cabildo de Gran Canaria a conceder 200 permisos VTC solicitados por Senza 2020 en 2023. La institución insular aplicó el límite de una autorización de arrendamiento de vehículos con conductor por cada 30 licencias de taxi, recogido en la legislación autonómica, para rechazar la tramitación de esas solicitudes.
La empresa recurrió primero ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que le dio la razón. Posteriormente, tanto el TSJC como ahora el Tribunal Supremo han confirmado que la aplicación automática de la ratio 1/30 no es compatible con el Derecho europeo. Fedetax se personó en 2025 en el recurso de casación del Cabildo, defendiendo el mantenimiento del límite cuantitativo.
El límite de una VTC por cada 30 taxis: origen y evolución
La restricción fue incorporada en 2014 mediante la Ley 9/2014, que modificó la Ley 13/2007 de ordenación del transporte por carretera de Canarias. En concreto, el artículo 79 quinquies.2 introdujo la facultad de los cabildos de impedir nuevas autorizaciones VTC cuando en la isla correspondiente se superara la proporción de una por cada 30 licencias de taxi.
El panorama jurídico cambió con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de junio de 2023, dictada en el asunto C-50/21. El TJUE estableció que una limitación numérica de este tipo, aunque no constituya necesariamente una ayuda de Estado, debe estar respaldada por razones de interés general y superar un análisis de necesidad y proporcionalidad. La doctrina posterior del Tribunal Supremo ha aplicado ese criterio en distintos procedimientos sobre autorizaciones VTC.
Los argumentos del Cabildo sobre la ultraperiferia
El Cabildo de Gran Canaria defendió que las singularidades del Archipiélago —insularidad, lejanía, superficie limitada, relieve, condiciones climáticas y dependencia económica— permitían establecer restricciones específicas. La institución insular invocó el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce un trato singular para las regiones ultraperiféricas.
Además, el Cabildo vinculó la proporción 1/30 con la protección del medio ambiente, la capacidad de carga de las islas y la necesidad de gestionar el transporte, el tráfico y el espacio público. Sostuvo que la medida respondía a razones de cohesión social y ordenación territorial, no a motivos meramente económicos.
Por qué el Supremo considera desproporcionada la ratio
El Supremo rechaza que los argumentos del Cabildo acrediten que el límite concreto de una VTC por cada 30 taxis sea la única medida adecuada para alcanzar los objetivos invocados. La Sala señala que podrían existir alternativas menos restrictivas, como limitar la circulación en determinados espacios u horarios o imponer condiciones vinculadas a las emisiones de los vehículos.
En consecuencia, el tribunal considera que la aplicación automática de la ratio 1/30 supone una restricción injustificada de la libertad de establecimiento prevista en el artículo 49 del TFUE. La sentencia aclara que la limitación numérica no constituye por sí misma una ayuda de Estado al sector del taxi, pero sí puede resultar contraria al Derecho europeo cuando no se demuestre su necesidad y proporcionalidad.
Qué cambia para las 200 licencias solicitadas por Senza 2020
La consecuencia práctica de la decisión es que decae el recurso presentado contra las resoluciones judiciales anteriores y se reactiva el procedimiento relativo a las 200 autorizaciones VTC solicitadas en Gran Canaria. El Supremo no concede directamente las licencias, pero elimina el obstáculo legal que impedía continuar su tramitación.
El Cabildo de Gran Canaria deberá ahora seguir el procedimiento administrativo sin aplicar automáticamente el límite de una VTC por cada 30 taxis. Queda por determinar si la administración insular exigirá otros requisitos o si la propia normativa autonómica será revisada para adaptarla a la doctrina europea.
Uber y Cabify: el escenario canario tras el fallo
La resolución del Supremo supone un paso decisivo para la implantación de plataformas de transporte con conductor en Gran Canaria. Tanto Uber como Cabify han mostrado interés por operar en el Archipiélago, aunque hasta ahora la normativa restrictiva y las decisiones de los cabildos habían frenado su entrada. La sentencia elimina el principal argumento jurídico esgrimido para denegar nuevas autorizaciones.
El sector del taxi, representado por Fedetax, considera que la liberalización de VTC puede desequilibrar el mercado y afectar a la viabilidad de las licencias tradicionales. Sin embargo, la doctrina del Supremo deja claro que cualquier restricción futura deberá estar sólidamente justificada, no basarse solo en la condición ultraperiférica de Canarias.
Preguntas frecuentes sobre las islas en el nuevo contexto de movilidad
La creciente atención sobre la movilidad en Canarias coincide con un interés turístico que genera dudas habituales entre los viajeros. No existe una respuesta oficial sobre cuál isla es más bonita, Lanzarote o Fuerteventura: ambas ofrecen paisajes muy distintos. Lanzarote destaca por su origen volcánico y la singular integración de la obra de César Manrique; Fuerteventura, por sus extensas playas y aguas tranquilas.
La comparación entre Gran Canaria y Lanzarote tampoco admite un criterio objetivo: Gran Canaria presenta una mayor diversidad de microclimas y núcleos urbanos, mientras Lanzarote es más uniforme y cuenta con la declaración de Reserva de la Biosfera. En cuanto a precios, los indicadores del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) muestran variaciones según el municipio y la temporada, sin que exista una isla uniformemente más barata. Para el trayecto marítimo entre Gran Canaria y Lanzarote, las navieras autorizadas ofrecen conexiones regulares cuyos tiempos dependen del tipo de embarcación y de las condiciones meteorológicas; conviene consultar los horarios actualizados de cada compañía.
Qué puede pasar ahora: alternativas regulatorias y próximos pasos
La sentencia no impide que el Gobierno de Canarias regule de otra manera el sector de las VTC, siempre que las medidas estén justificadas y sean proporcionadas. El propio Supremo menciona alternativas como limitar la circulación en determinados espacios u horarios o imponer condiciones vinculadas a las emisiones, lo que sugiere un margen para la intervención pública orientada a objetivos ambientales o de gestión del tráfico.
El Cabildo de Gran Canaria y Fedetax deberán decidir si presentan algún incidente de nulidad o si asumen la doctrina y adaptan su normativa. Mientras tanto, las 200 solicitudes de Senza 2020 siguen su curso, y es previsible que otras empresas del sector aprovechen el nuevo escenario jurídico para solicitar autorizaciones en Canarias.
