Justicia sin islas de segunda: el plan del fiscal de Canarias para víctimas y migrantes
La Fiscalía de Canarias inicia una nueva etapa con la toma de posesión de Jaime Serrano-Jover, un jurista que ha situado la lucha contra la violencia de género y la protección de los menores migrantes como ejes de su mandato. El acto, celebrado el 23 de junio de 2026 en Las Palmas de Gran Canaria ante la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, marca un compromiso firme: que ninguna víctima en el archipiélago, viva en la isla que viva, reciba una atención de menor calidad por razones geográficas o administrativas.
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- Un fiscal forjado en la realidad isleña
- Violencia de género: una prioridad que no admite dilaciones
- Menores migrantes: la frontera sur de Europa, un reto de derechos humanos
- Oficinas de Atención a las Víctimas: un servicio para cada isla
- Tecnología y transparencia: la modernización de la justicia canaria
- Un territorio único, una justicia a medida
- Canarias, un destino que también necesita la protección de sus visitantes
- Un camino de continuidad y ambición
Un fiscal forjado en la realidad isleña
Jaime Serrano-Jover conoce bien la singularidad del archipiélago. Inició su carrera en la Fiscalía de Santa Cruz de La Palma en 2003, asumió como fiscal coordinador al año siguiente y en 2005 se incorporó a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, donde quedó adscrito a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Su trayectoria ha abarcado especialidades como Extranjería, Civil, Social, Medio Ambiente y Urbanismo, y ha sido Fiscal Delegado contra la Corrupción, lo que le otorga una visión transversal muy valorada por la fiscal general del Estado.
Durante el acto de toma de posesión, Peramato destacó su «equilibrio entre rigor jurídico y cercanía institucional» y subrayó que la mirada del fiscal no solo debe ser técnica, sino también «atenta a la realidad social y guiada por un profundo sentido de la justicia». Serrano-Jover se enfrenta al reto de gestionar un ministerio público fragmentado por el mar, con dos provincias, siete islas y una multiplicidad de órganos judiciales dispersos.
Violencia de género: una prioridad que no admite dilaciones
Las cifras de violencia machista en Canarias preocupan gravemente a la Fiscalía. Solo en 2025, se registraron más de 5.000 denuncias en Gran Canaria y más de 5.400 en Tenerife, según los datos internos de la Fiscalía Superior. El nuevo fiscal fue tajante: «Detrás de cada una de esas cifras hay una mujer que ha encontrado el valor de dar el paso más difícil de su vida. La Fiscalía debe estar a la altura de ese valor». Para ello, Serrano-Jover ha anunciado que impulsará la creación de una tercera Unidad de Violencia sobre la Mujer en Tenerife, que se sumaría a las dos ya existentes en la isla (una en Santa Cruz y otra en La Laguna), para acortar tiempos y mejorar la especialización.
La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género contempló la creación de juzgados especializados, pero el despliegue ha sido desigual. En Canarias, la insularidad añade una capa extra de dificultad: los desplazamientos entre islas o dentro de una misma isla pueden convertirse en una odisea para las víctimas, sobre todo cuando dependen del transporte público y carecen de recursos económicos. Actualmente, la atención se concentra en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de las dos capitales canarias y en algunos partidos judiciales, lo que obliga a muchas mujeres a recorrer largas distancias para recibir una respuesta judicial completa. Serrano-Jover defiende que ninguna isla quede rezagada: «Es inaceptable que una víctima reciba una atención de menor calidad por razón de la isla en la que reside», afirmó.
Protección a la infancia y la adolescencia: el modelo a extender
Otro de los compromisos destacados es la creación en Tenerife de un órgano judicial especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia, replicando el modelo ya implantado en Las Palmas de Gran Canaria. Este juzgado, que aborda de forma integral los casos de maltrato, abuso o explotación de menores, evita la revictimización y reúne en un solo equipo a jueces, fiscales, psicólogos y trabajadores sociales. Serrano-Jover insiste en que la justicia especializada es la mejor herramienta para garantizar una respuesta «integral y humana» a los más vulnerables.
Menores migrantes: la frontera sur de Europa, un reto de derechos humanos
Canarias es, desde hace décadas, la principal puerta de entrada de migrantes africanos hacia la Unión Europea. La ruta atlántica, una de las más peligrosas del mundo, deja cada año centenares de fallecidos y un reguero de personas en situación de extrema vulnerabilidad. En los últimos años, la llegada de pateras y cayucos ha alcanzado cifras alarmantes, y un porcentaje significativo de quienes sobreviven son menores no acompañados.
Para el nuevo fiscal, la protección de estos niños, niñas y adolescentes es «una prioridad absoluta». Pero no se trata solo de una cuestión de capacidad logística: «es, ante todo, una cuestión de derechos fundamentales», subrayó. La Fiscalía canaria ha desarrollado en los últimos años un modelo de actuación que le ha valido el reconocimiento de instituciones nacionales e internacionales, pero Serrano-Jover considera que debe consolidarse y reforzarse.
Entre las medidas concretas, el fiscal superior propone garantizar procedimientos médico-legales estrictos para la determinación de la edad biológica, una tarea compleja que a menudo se ve cuestionada cuando los jóvenes migrantes no disponen de documentación fiable. El Protocolo de Actuación para la Determinación de la Edad de Menores Extranjeros No Acompañados, elaborado por el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, establece criterios homogéneos para las pruebas médicas, pero en la práctica surgen retos cuando los chicos presentan documentación dudosa o han sufrido traumas que afectan a su apariencia física. Canarias, por su posición geográfica, se enfrenta a esta realidad de forma especialmente intensa. Asimismo, Serrano-Jover aboga por supervisar las condiciones de acogida en los centros de menores, asegurar su documentación y atención psicosocial, y prevenir cualquier vulneración de derechos durante los procesos de derivación a la Península. La coordinación institucional será clave: desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta la Dirección General de Protección de la Infancia, los colegios de abogados, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y las ONG que trabajan a pie de muelle.
Oficinas de Atención a las Víctimas: un servicio para cada isla
Otro de los ejes del plan de Serrano-Jover es extender las Oficinas de Atención a las Víctimas a todas las áreas judiciales del archipiélago. Estas unidades ofrecen asistencia jurídica, psicológica y social desde el primer momento a quienes han sufrido un delito, un servicio que actualmente no llega a todas las islas por igual. «Cada víctima merece la misma dignidad en la respuesta judicial, viva en Santa Cruz de La Palma, en Arrecife o en Puerto del Rosario», sentenció el fiscal.
Las oficinas despliegan equipos multidisciplinares que acompañan a la víctima durante todo el proceso, desde la interposición de la denuncia hasta la ejecución de la sentencia, y trabajan en estrecha colaboración con los juzgados y la fiscalía. Su presencia en todas las islas supondría un salto cualitativo en la protección de los derechos de las víctimas, especialmente en aquellas que sufren violencia de género, delitos sexuales o trata de seres humanos.
Tecnología y transparencia: la modernización de la justicia canaria
El fiscal superior no quiere una Fiscalía anclada en el pasado. Ha apostado por acelerar la implantación plena del expediente judicial electrónico y por desarrollar un cuadro de mando integral que permita conocer en tiempo real los indicadores clave de cada fiscalía territorial. Esta herramienta, similar a las que ya se utilizan en otros sectores públicos, facilitaría la detección de cuellos de botella, la asignación de recursos y la rendición de cuentas. «La modernización no es un lujo, es una obligación hacia quienes trabajan con estas herramientas cada día», afirmó.
Canarias arrastra históricamente problemas de recursos materiales y humanos en la Administración de Justicia, agravados por la dispersión insular. La digitalización no solo reduciría los desplazamientos y el consumo de papel, sino que permitiría una mayor agilidad en la tramitación de los procedimientos y una comunicación más fluida entre los operadores jurídicos de las islas. La pandemia de COVID-19 aceleró la adopción de herramientas telemáticas en los juzgados, pero la brecha digital sigue siendo palpable en algunas islas menores, donde la conexión a internet puede ser inestable. El plan de modernización debe contemplar estas desigualdades para no generar nuevas barreras en el acceso a la justicia.
Un territorio único, una justicia a medida
El nuevo fiscal fue especialmente gráfico al recordar que la Fiscalía de Canarias «no puede gestionarse con los mismos parámetros que cualquier otra comunidad autónoma». La separación marítima entre las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife obliga a una organización dual, con un fiscal jefe en cada provincia y equipos que deben viajar constantemente entre islas. Esta fragmentación territorial, lejos de ser un simple dato geográfico, tiene consecuencias muy reales en la vida de los ciudadanos que buscan justicia.
Desde El Hierro hasta Lanzarote, pasando por La Gomera, La Palma, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria, cada isla posee su propio mapa judicial, con partidos judiciales que en algunos casos atienden a poblaciones muy pequeñas pero con problemáticas específicas. La coordinación entre las distintas fiscalías es, por tanto, uno de los objetivos prioritarios de Serrano-Jover, que se ha propuesto unificar criterios de actuación y garantizar una respuesta homogénea en todo el archipiélago.
Canarias, un destino que también necesita la protección de sus visitantes
Más allá de los despachos judiciales, el archipiélago es uno de los destinos turísticos más codiciados del planeta. Cada año, millones de viajeros se preguntan cuál es la isla más bonita para visitar o cuál se ajusta más a su presupuesto. La respuesta, como siempre, depende del viajero: la belleza volcánica de Lanzarote, con sus paisajes moldeados por César Manrique y sus aguas cristalinas en La Graciosa, compite con las playas de arena dorada y las dunas de Maspalomas en Gran Canaria. Tenerife sorprende con el Teide, contrastes climáticos y una vibrante vida cultural, mientras que Fuerteventura enamora a los amantes del windsurf y la tranquilidad de sus largas playas de arena blanca.
En cuanto a precios, Lanzarote suele ser ligeramente más asequible que sus hermanas mayores, aunque las diferencias se difuminan fuera de las zonas más turísticas. Lo que nadie discute es que, viaje donde viaje, el visitante debe sentirse seguro. Y ahí la labor de la Fiscalía Superior se extiende también a la protección de los turistas, que en ocasiones pueden ser víctimas de delitos. Las nuevas oficinas de atención a las víctimas y el refuerzo de la justicia especializada contribuirán a que cualquier persona, sea residente o visitante, reciba un trato digno y una respuesta judicial efectiva.
Un camino de continuidad y ambición
Jaime Serrano-Jover llega al cargo en un momento en que la Fiscalía canaria afronta desafíos extraordinarios: la presión migratoria constante, la lacra de la violencia machista y la necesidad de adaptarse a una sociedad cada vez más digitalizada. Su discurso ha sido claro: no basta con mantener lo que funciona, hay que mejorarlo y extenderlo a todos los rincones del archipiélago. La confianza depositada por la fiscal general del Estado y el reconocimiento de sus pares le otorgan legitimidad para impulsar estos cambios.
El próximo paso será convertir las palabras en realidad: crear la tercera Unidad de Violencia sobre la Mujer en Tenerife, poner en marcha el juzgado especializado de infancia y adolescencia, completar el despliegue de oficinas de atención a las víctimas y acelerar la digitalización. Todo ello sin olvidar el día a día de una Fiscalía que tramita miles de asuntos cada año en un territorio bello pero complicado.
Canarias es un mosaico de islas con rostros distintos, pero con el mismo derecho a la justicia. El nuevo fiscal ha prometido que, bajo su mandato, ninguna quedará atrás.
