La construcción de viviendas en Canarias cae a 1.200 al año mientras 20.000 nuevos residentes tensionan el mercado
El acceso a la vivienda en el archipiélago se ha convertido en una ‘tormenta perfecta’ que combina un histórico desplome de la edificación, un crecimiento demográfico imparable y la fuga de inmuebles hacia el alquiler vacacional. Alfonso Cabello Mesa, vicepresidente y portavoz del Gobierno de Canarias, ha lanzado una advertencia contundente: “Nadie se puede comprar una casa en Canarias, ni joven ni no joven”. Sus declaraciones, realizadas el 3 de julio de 2026, dibujan un mercado roto en el que la oferta apenas supera las 1.200 viviendas nuevas al año frente a 20.000 recién llegados que necesitan un techo.
En este artículo9
- “Nadie se puede comprar una casa”: la tormenta perfecta que asfixia el mercado
- Cuando la grúa se para: el desplome histórico de la construcción
- 20.000 nuevos vecinos cada año: un imán demográfico que no cesa
- La vivienda vacacional: el sumidero del alquiler residencial
- Precios disparados y familias excluidas: ¿quién puede pagar un techo en las islas?
- La paradoja del archipiélago: el turismo que atrae masas y desplaza vecinos
- ¿Qué medidas baraja el Gobierno canario?
- Un problema estructural que exige soluciones coordinadas
- Perspectivas: un horizonte de tensión si no se actúa
“Nadie se puede comprar una casa”: la tormenta perfecta que asfixia el mercado
La fotografía que pinta el vicepresidente es demoledora. Durante una entrevista difundida a través de la plataforma volcanicaCommunity, Cabello evitó los eufemismos y fue directo al núcleo del problema. El mercado inmobiliario canario sufre una triple pinza: se construye muy poco, la demanda no para de crecer y, además, una parte cada vez mayor del parque se desvía hacia un uso turístico que excluye a los residentes. “La vivienda vacacional hace que desaparezca mucha vivienda del mercado”, subrayó.
La definición de “tormenta perfecta” no es gratuita. Reúne los ingredientes de una crisis de accesibilidad que, según su diagnóstico, no distingue por edad. El resultado es una realidad en la que comprar un piso se ha vuelto una quimera y el alquiler tradicional se encarece a un ritmo insostenible para la mayoría de los hogares canarios.
Cuando la grúa se para: el desplome histórico de la construcción
El primer pilar de esta crisis es la brusca caída de la actividad constructora. Antes del estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008, el archipiélago levantaba más de 10.000 viviendas al año, un ritmo que absorbía la demanda interna e incluso generaba excedentes. Sin embargo, la Gran Recesión y la posterior reestructuración del sector dejaron una herida que no ha cicatrizado. Según los datos que maneja el Gobierno de Canarias, la producción actual apenas alcanza las 1.000 o 1.200 unidades anuales. Es decir, una décima parte de lo que se construía hace apenas una generación.
Esta parálisis tiene múltiples causas: escasez de suelo finalista, trabas administrativas, falta de financiación y un tejido empresarial que nunca recuperó la capacidad operativa previa a la crisis. El resultado es que la oferta residencial crece a un ritmo exiguo mientras el censo de población no para de engordar.
20.000 nuevos vecinos cada año: un imán demográfico que no cesa
El segundo factor es el incesante incremento de la demanda. El vicepresidente cifró en alrededor de 20.000 los nuevos residentes que suma cada año el archipiélago. A ellos hay que añadir los cambios en la composición de los hogares: cada vez más personas viven solas, lo que multiplica la necesidad de viviendas incluso cuando la población total se estanca. La combinación de estas fuerzas genera una presión constante sobre un mercado que no da abasto.
La dinámica migratoria y vegetativa de las islas explica parte de este crecimiento. El saldo positivo de llegadas desde la península y desde el extranjero, unido a una tasa de natalidad que, aunque baja, sigue sumando, dibuja un panorama de demanda estructural que no encuentra respuesta en la oferta disponible. Los jóvenes que buscan emanciparse y las familias que necesitan más espacio chocan contra un muro de precios cada vez más alto.
La vivienda vacacional: el sumidero del alquiler residencial
A los dos problemas anteriores se suma un tercer factor que actúa como acelerador: el auge imparable del alquiler vacacional. Cabello fue especialmente crítico con este fenómeno, al que acusa de absorber una parte sustancial del parque inmobiliario. “La vivienda vacacional hace que desaparezca mucha vivienda del mercado”, insistió, señalando que el trasvase de pisos del mercado residencial al turístico reduce la oferta disponible para quienes necesitan un hogar permanente.
Los datos respaldan esa percepción. Según los registros de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, el número de viviendas vacacionales legales ha crecido de forma exponencial en la última década, y a ellas hay que añadir una bolsa opaca de alquileres no reglados. Este negocio resulta especialmente atractivo para los propietarios porque la rentabilidad supera con creces la del alquiler de larga duración, lo que agudiza la fuga de inmuebles. En ciudades como Las Palmas de Gran Canaria o Santa Cruz de Tenerife, la presencia de estos apartamentos turísticos ha llegado a representar un porcentaje relevante del parque total, según estudios del Instituto Canario de la Vivienda (ICV).
La tensión que genera esta competencia asimétrica se traduce en subidas de precio que expulsan del centro a los residentes y modifican el tejido social de barrios enteros. Comunidades como La Isleta en Gran Canaria o la confluencia de La Laguna con Santa Cruz están experimentando un proceso de “turistificación” que amenaza la convivencia vecinal.
Precios disparados y familias excluidas: ¿quién puede pagar un techo en las islas?
La consecuencia directa de esta convergencia de factores es un encarecimiento desbocado. El vicepresidente no ofreció cifras concretas de precios, pero los indicadores disponibles corroboran la tendencia. Según el Colegio de Registradores de la Propiedad, el metro cuadrado en Canarias alcanzó en el primer trimestre de 2026 su nivel más alto desde 2011, con incrementos interanuales superiores al 8%. Más llamativo aún es el comportamiento del alquiler: fuentes como el portal Fotocasa sitúan la subida acumulada en los últimos cinco años por encima del 30%, con puntos calientes donde el alza supera el 50%.
Esta escalada expulsa del mercado a amplias capas de la población. Los jóvenes, que ya arrastraban tasas de paro elevadas y contratos precarios, ven cómo la emancipación se aleja sine die. Las familias monoparentales y los trabajadores con salarios medios se encuentran en una situación de vulnerabilidad habitacional que empieza a traducirse en un incremento de los desahucios y en una mayor demanda de ayudas al alquiler, según denuncian las organizaciones sociales consultadas.
La paradoja del archipiélago: el turismo que atrae masas y desplaza vecinos
Mientras los buscadores de internet se llenan de consultas como “¿cuál es la isla más bonita para visitar en Canarias?”, las cifras revelan que esa demanda turística sin descanso está transformando el paisaje residencial. Tenerife y Gran Canaria concentran el mayor número de viviendas vacacionales, seguidas de cerca por Lanzarote y Fuerteventura, islas donde el debate sobre su belleza natural —los contrastes entre las dunas de Corralejo y los paisajes volcánicos de Timanfaya, por ejemplo— atrae a millones de visitantes cada año.
“¿Qué isla es más bonita, Tenerife o Lanzarote?” se preguntan muchos viajeros. La respuesta subjetiva esconde un dato objetivo: ambas sufren una presión desmedida sobre el alquiler residencial porque sus atractivos turísticos son un imán para los inversores en alojamiento vacacional. De hecho, según los datos de la Dirección General de Ordenación del Turismo del Gobierno de Canarias, Lanzarote tiene una de las mayores tasas de plazas turísticas por habitante de todo el territorio nacional, un indicador que refleja hasta qué punto el sector vacacional compite con el residencial. La misma lógica se aplica a la pregunta sobre “¿cuál es la isla más bonita entre Lanzarote y Fuerteventura?”: ambas comparten el liderazgo en los rankings de playas y actividades al aire libre, pero también encabezan las listas de precio del alquiler en relación con la renta media de sus habitantes.
Las siete islas tienen personalidades y paisajes únicos: desde la exuberancia verde de La Palma y La Gomera hasta la rotundidad volcánica de El Hierro, todas han visto cómo el modelo de alquiler vacacional se extendía por sus núcleos urbanos y costeros. Cuando un turista teclea “¿cuáles de las 7 Islas Canarias son las mejores para visitar?”, tal vez no imagine que esa decisión vacacional está conectada con la dificultad de miles de canarios para encontrar un hogar asequible. El turismo es el motor económico del archipiélago, pero la falta de regulación efectiva ha permitido que el éxito del sector se convierta en una barrera para el derecho a la vivienda.
¿Qué medidas baraja el Gobierno canario?
Ante este cuadro, el Gobierno de Canarias ha intentado movilizar instrumentos para contener la sangría. El vicepresidente Cabello recordó que el ejecutivo autonómico ha aprobado recientemente un decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda, publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) a principios de 2026, que blinda los usos residenciales en determinadas zonas tensionadas y permite a los ayuntamientos limitar la concesión de nuevas licencias para viviendas vacacionales. La norma también obliga a introducir reservas de suelo para vivienda protegida en todos los desarrollos urbanísticos de cierta envergadura.
Otra línea de actuación es el impulso de la vivienda pública. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda maneja un plan de promoción de 2.500 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible para el período 2024-2027, con financiación del Gobierno central a través de los fondos Next Generation. Sin embargo, el vicepresidente reconoció que estas cifras “son insuficientes” frente a la magnitud del déficit acumulado.
Además, se estudia una reforma fiscal que grave la vivienda vacía y penalice el uso exclusivamente turístico de inmuebles que podrían destinarse a residencia habitual. La propuesta no está exenta de polémica, ya que encuentra resistencia en sectores empresariales y en algunos ayuntamientos que dependen de la actividad turística.
Un problema estructural que exige soluciones coordinadas
Los expertos consultados coinciden en que el problema no es coyuntural, sino estructural. La Fundación Canaria para el Estudio de la Vivienda advierte en su último informe que, si no se adoptan medidas de choque, el déficit acumulado de viviendas podría superar las 50.000 unidades en 2030. Para atajar esa brecha, haría falta no solo construir más, sino hacerlo en los lugares donde realmente se necesita, con precios adaptados a la capacidad económica de la población y con mecanismos que impidan la especulación.
En el ámbito del alquiler vacacional, los técnicos proponen un sistema de cupos máximos por barrio, la creación de registros obligatorios con inspecciones efectivas y la colaboración de las plataformas digitales para perseguir la actividad ilegal. Mientras tanto, los colectivos vecinales exigen una moratoria inmediata de nuevas licencies y la recuperación del uso residencial en edificios completos que han sido vaciados por la presión turística.
Perspectivas: un horizonte de tensión si no se actúa
Las previsiones no invitan al optimismo. El Instituto Nacional de Estadística (INE) proyecta un crecimiento poblacional sostenido para Canarias en la próxima década, mientras que los costes de construcción —agravados por la inflación y la escasez de mano de obra— mantienen la edificación por debajo de los niveles necesarios. El vicepresidente Cabello no ocultó su preocupación al afirmar que “si no se toman medidas contundentes, el acceso a la vivienda será el principal problema social de Canarias en los próximos años”.
El debate está servido y tensiona al conjunto de las administraciones. Cabildos y ayuntamientos reclaman más competencias y fondos, el Gobierno central exige corresponsabilidad en la liberación de suelo y los agentes sociales piden un gran pacto insular por la vivienda que trascienda las legislaturas. Mientras tanto, miles de canarios siguen atrapados en un mercado que, según las propias palabras del portavoz autonómico, “no está roto, sino que directamente no existe” para una gran parte de la población.
