Montelongo, exalcalde de Arrecife, denuncia 14 años de daño por el ‘caso Montecarlo’
José Montelongo, exalcalde de Arrecife, ha comparecido este viernes ante los medios para valorar su doble absolución en el caso Montecarlo. Lo ha hecho en la capital lanzaroteña catorce años después de que se iniciara una investigación por presunta corrupción en la gestión de fondos públicos. El fallo de la Audiencia Provincial de Las Palmas, notificado en julio de 2026, le exime de responsabilidad penal en las dos piezas en las que estaba imputado. Su intervención pública ha servido para denunciar el «juicio mediático» que, a su juicio, le condenó mucho antes que los tribunales y para reivindicar una presunción de inocencia que considera arrasada por la presión política y periodística.
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- Catorce años de instrucción y dos sentencias absolutorias
- «Dimito por responsabilidad, volvería a hacerlo»
- El coste humano: salud mental, familia y soledad
- Presunción de inocencia: de principio jurídico a garantía debilitada
- Lanzarote, un paraíso turístico que también sufrió la sombra de la corrupción
- Consecuencias políticas: de la Agrupación Socialista por Lanzarote a Coalición Canaria
- ¿Qué sigue tras la absolución? Reparación y futuro
- El ‘caso Montecarlo’ en cifras: seis piezas, un único condenado
Catorce años de instrucción y dos sentencias absolutorias
El caso Montecarlo estalló en 2012, cuando la Fiscalía Anticorrupción comenzó a investigar presuntas irregularidades en contratos y subvenciones del Ayuntamiento de Arrecife. La macrocausa se dividió en seis piezas separadas y afectó a una veintena de cargos públicos y empresarios. Montelongo, que era alcalde por el PSOE en aquel momento, fue encausado en dos de esos procedimientos. En ambas causas, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha dictado sentencia absolutoria para todos los acusados, a excepción del que fuera interventor municipal, quien sí ha sido condenado en una de las piezas.
Los fallos judiciales, según ha subrayado el propio exregidor, «hablan con claridad». Sin embargo, ha lamentado que las investigaciones ocupen portadas y que las absoluciones, «rara vez, reciban la misma atención». Para Montelongo, la magnitud del proceso ha dejado una huella indeleble. «Una parte de esta historia nunca aparecerá escrita en ninguna sentencia», ha asegurado durante su comparecencia, en referencia al desgaste emocional, la incertidumbre y el estigma social que ha soportado junto a su familia.
«Dimito por responsabilidad, volvería a hacerlo»
En abril de 2016, cuando se abrió juicio oral contra él, Montelongo presentó su dimisión como director general de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, cargo que ocupaba en el Gobierno autonómico. Este viernes ha afirmado que repetiría aquella decisión. «Lo hice porque la institución debía quedar al margen de una situación que estaba condicionando la vida pública», ha explicado. El entonces alto cargo socialista consideraba que su permanencia podría erosionar la credibilidad del Ejecutivo.
Aquella renuncia no implicó su retirada de la política. En 2018 fundó, junto a otros militantes críticos con la dirección insular del PSOE, la Agrupación Socialista por Lanzarote (ASL). Más tarde, en un giro que sorprendió a muchos, se incorporó a Coalición Canaria (CC), donde milita en la actualidad. El exalcalde ha agradecido el respaldo de los dirigentes nacionalistas, en especial el del secretario general insular, Echedey Eugenio, y la diputada Migdalia Machín. «No dudaron en ningún momento que pudiera participar en este proyecto político», ha declarado.
El coste humano: salud mental, familia y soledad
Uno de los pasajes más duros de la intervención de Montelongo ha sido la confesión de haber necesitado ayuda psicológica a lo largo de estos años. «Lo que quiero compartir hoy no es una valoración jurídica, es el recorrido personal de alguien que ha necesitado catorce años para escuchar aquello que defendió desde el primer día: que era inocente», ha dicho. El dirigente ha puesto nombre a las heridas invisibles del proceso: «el desgaste emocional, la presión que siente una persona cuando comprueba que su nombre queda asociado durante años a una investigación y la soledad que provoca descubrir que para muchos la condena llega mucho antes que el juicio».
Entre los daños colaterales, ha citado a sus hijos y a su padre, fallecido antes de conocer la absolución. Tampoco ha ocultado el trato dispensado por algunos medios y adversarios políticos. «Hubo personas que hablaron de mi actuación con una contundencia que hoy las sentencias no sostienen», ha lamentado. Montelongo ha querido que su comparecencia sirva para «sanar» y para advertir de los riesgos del juicio paralelo: «una sociedad democrática también debería preguntarse qué consecuencias tiene mantener durante catorce años una investigación que termina con dos sentencias absolutorias».
Presunción de inocencia: de principio jurídico a garantía debilitada
El exalcalde ha lanzado una advertencia que trasciende su caso personal. «La presunción de inocencia no puede depender del momento político ni del interés que despierte una noticia», ha afirmado. En su opinión, el principio constitucional se ha convertido en demasiadas ocasiones en un formalismo vacío, especialmente cuando los focos mediáticos apuntan a un responsable público. «Se hicieron afirmaciones que trasladaban a la opinión pública la idea de que mi conducta había sido delictiva, consciente y plenamente acreditada, cuando todavía no existía una resolución judicial», ha recordado.
Montelongo ha reclamado una reflexión colectiva sobre la responsabilidad de quienes lanzan acusaciones sin esperar al veredicto judicial. «Cuando la presunción de inocencia se debilita, el daño trasciende a la persona afectada y también se resiente la confianza de la sociedad, las instituciones y la propia Justicia», ha sentenciado. En un contexto canario en el que varios casos de corrupción han marcado la agenda política de las últimas décadas, sus palabras adquieren un alcance que va más allá de la capital de Lanzarote.
Lanzarote, un paraíso turístico que también sufrió la sombra de la corrupción
Mientras el caso Montecarlo se instruía en los juzgados, Lanzarote consolidaba su posición como uno de los destinos turísticos más pujantes de Canarias. Quienes planean visitar las islas a menudo se preguntan cuál es la más bonita o cuál ofrece una mejor relación calidad-precio. Las agencias de viaje y los portales especializados suelen destacar los paisajes volcánicos de Lanzarote, su arquitectura integrada según el legado de César Manrique y sus aguas cristalinas como atributos que la convierten en una de las favoritas de los turistas europeos. Es también, en comparación con Tenerife o Gran Canaria, una opción que muchos viajeros perciben como más económica en alojamiento y restauración, aunque las tarifas varían según la temporada.
La capital, Arrecife, es la puerta de entrada para miles de visitantes que, en menos de una hora de vuelo desde Gran Canaria o Fuerteventura —el trayecto entre estas dos islas apenas dura cuarenta minutos—, descubren una ciudad cosmopolita que ha sabido convivir con el turismo sin perder su identidad pesquera. Sin embargo, durante catorce años, el nombre de Arrecife ha estado asociado también a la presunta trama de corrupción que ahora los tribunales han desestimado en lo que respecta a su antiguo alcalde. Para Montelongo, la sombra de la sospecha ha empañado no solo su trayectoria, sino la imagen de la institución que un día dirigió.
Consecuencias políticas: de la Agrupación Socialista por Lanzarote a Coalición Canaria
El periplo judicial de Montelongo ha discurrido en paralelo a una intensa evolución política. Tras abandonar el PSOE en 2018 y crear la ASL, lideró una candidatura que obtuvo representación en el Ayuntamiento de Arrecife. Aquella escisión restó votos a los socialistas, facilitando la alternancia de gobierno. Más tarde, el exalcalde dio el salto a Coalición Canaria, formación con la que ha participado en los comicios insulares y autonómicos.
Su incorporación a las filas nacionalistas fue vista con recelo por algunos sectores, pero sus nuevos compañeros le han brindado un apoyo que Montelongo ha calificado de «incondicional». El secretario insular de CC en Lanzarote, Echedey Eugenio, ha defendido en varias ocasiones la presunción de inocencia de Montelongo, y la diputada Migdalia Machín, presidenta del Cabildo, también ha mostrado públicamente su confianza en él. Ahora, con las dos sentencias absolutorias en la mano, el exalcalde se siente respaldado para mirar al futuro sin hipotecas judiciales.
¿Qué sigue tras la absolución? Reparación y futuro
Montelongo ha asegurado que no busca venganza ni revancha. Su prioridad, ha dicho, es recuperar la normalidad y contribuir a que su experiencia sirva para fortalecer la democracia. «Creo que esta experiencia debe recordarnos que la presunción de inocencia no es un formalismo jurídico, es una garantía democrática», ha subrayado. Sin embargo, ha dejado caer que la reparación completa es difícil. «¿Qué ocurre con la reputación de una persona, con su familia, con la confianza de quienes le rodean? ¿Puede repararse completamente ese daño?», se ha preguntado sin esperar respuesta.
En el plano político, el exalcalde no ha desvelado si aspirará a nuevos cargos. Fuentes cercanas a CC señalan que se baraja su inclusión en las listas de las próximas elecciones municipales e insulares, aunque la decisión no está tomada. Lo que sí ha dejado claro es que se siente con fuerzas para continuar en la vida pública. «No me he rendido», ha afirmado casi al final de su intervención. Para Lanzarote, el caso Montecarlo se cierra con un único condenado y diez absueltos, pero con la certeza de que el eco de las acusaciones resonará durante mucho tiempo.
El ‘caso Montecarlo’ en cifras: seis piezas, un único condenado
El balance final del caso Montecarlo deja números que invitan a la reflexión. De las seis piezas juzgadas, solo una ha terminado con condena. En el resto, los tribunales han absuelto a todos los acusados. En concreto, la Audiencia Provincial ha exonerado a una decena de imputados, entre ellos Montelongo, mientras que el antiguo interventor municipal ha sido el único sentenciado. La investigación ha durado catorce años, ha consumido miles de horas de trabajo judicial y ha generado un coste reputacional difícil de cuantificar. Para el exalcalde, estas cifras demuestran la necesidad de revisar los plazos y los mecanismos de los macroprocesos penales, aunque su llamamiento se ha centrado más en la dimensión humana que en la técnica jurídica.
Con su comparecencia, Montelongo ha querido pasar página, pero también dejar constancia de que «una investigación no puede convertirse en una condena anticipada». El mensaje, lanzado desde una isla que ha sabido reinventarse tras cada crisis turística y volcánica, cala hondo en una sociedad canaria que, como el resto de España, ha vivido en los últimos años un intenso debate sobre los excesos de la justicia mediática. La doble absolución del exalcalde de Arrecife es ya un capítulo cerrado desde el punto de vista judicial; el veredicto de la opinión pública, en cambio, sigue escribiéndose cada día.
