Torres insiste: el futuro del monumento a Franco en Santa Cruz es una decisión técnica, no política
La suerte del Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife —el último vestigio franquista de gran formato que sobrevive en la capital— ha entrado en una cuenta atrás. El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cerrado toda posibilidad de que sea una decisión política la que determine su permanencia: «En un país que presume de libertad y de democracia no caben monumentos que exalten la dictadura». La sentencia llega después de que el Consejo de Patrimonio del Gobierno de Canarias rechazara, en junio de 2026, su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), al carecer de valores artísticos o históricos suficientes.
En este artículo9
- El ángel de la discordia: historia de un monumento incómodo
- BIC denegado: la confirmación técnica de que no es arte imprescindible
- Torres recuerda la ley: resignificar no es un capricho, es un estudio
- Tarife contraataca: el PP defiende su proyecto y cuestiona la autoridad del ministro
- La anulación judicial del catálogo: el fantasma que persigue a Torres
- Próximos pasos: la comisión estatal y la resolución definitiva
- Turismo y memoria: ¿puede Santa Cruz permitirse este lunar?
- El deber de memoria frente al despilfarro argumental
- Santa Cruz ante su encrucijada histórica
El ángel de la discordia: historia de un monumento incómodo
El monumento, popularmente conocido como monumento a Franco, se alza desde 1966 en la confluencia de la Rambla de Santa Cruz y la avenida de Anaga. Obra del escultor Juan de Ávalos —quien, según los investigadores, trabajó bajo las condiciones represivas del régimen aunque su obra posterior lo reivindique—, la pieza integra una enorme cruz, una figura alegórica de la Victoria y un retrato del dictador. Su presencia, desde el mismo momento de su inauguración, ha sido un desafío para la convivencia democrática.
El Ayuntamiento de Santa Cruz, liderado desde 2019 por una coalición de PP y CC, ha evitado la retirada amparándose en un supuesto valor artístico y en el cierre en falso que supuso la anulación judicial del catálogo de vestigios franquistas del Gobierno de Canarias en 2020. Sin embargo, la Ley de Memoria Democrática de 2022 es inequívoca: los elementos que exalten la sublevación militar o la dictadura deben ser removidos, salvo que un informe técnico avale su resignificación por poseer valor cultural indiscutible.
BIC denegado: la confirmación técnica de que no es arte imprescindible
El pasado junio, el Consejo de Patrimonio del Gobierno de Canarias zanjó una de las vías que el consistorio esgrimía para conservar la obra. El órgano colegiado, compuesto por especialistas en historia del arte, arqueología y patrimonio, concluyó que el monumento carece de los méritos para ser protegido como Bien de Interés Cultural. La decisión se sustentó en dictámenes de colectivos profesionales y en el propio expediente administrativo, que destacó la escasa calidad plástica de la pieza, su nula integración en el entorno y el hecho de que su significado político anula cualquier posible lectura estética autónoma.
La resolución también recordaba que Juan de Ávalos cuenta con obras de mayor relieve en el panorama nacional, y que esta escultura en concreto fue un encargo del régimen que el artista, entonces represaliado, no pudo rechazar. Al descartar la protección patrimonial, el Ejecutivo canario —liderado por una coalición que incluye al PSOE— deja al Ayuntamiento sin el parapeto que le permitía postergar cualquier decisión.
Torres recuerda la ley: resignificar no es un capricho, es un estudio
En una entrevista radiofónica, el ministro de Memoria Democrática fue tajante: «Si tiene que ser o no resignificado no es una decisión política, es una decisión técnica». Ángel Víctor Torres subrayó que la resignificación es un procedimiento reglado que solo se activa cuando existen valores culturales, arquitectónicos o de otra índole que lo justifiquen, «y, por lo que ya hemos podido conocer, no los tiene esa escultura». Además, avanzó que una comisión estatal de prestigio está ultimando un informe sobre este tipo de obras y que muy pronto se pronunciará al respecto.
Torres vinculó su argumentario a la Ley de Memoria Democrática que él mismo impulsó desde el Ministerio, insistiendo en que no se puede tolerar «que se mantengan símbolos que humillan a las víctimas y ofenden a la democracia». El ministro también recordó que el propio Juan de Ávalos fue un represaliado, lo que añade un agravio añadido al hecho de que su obra forzada siga siendo exhibida como mero ornato público.
Tarife contraataca: el PP defiende su proyecto y cuestiona la autoridad del ministro
La respuesta del primer teniente de alcalde y responsable de Servicios Públicos, Carlos Tarife (PP), no se hizo esperar. Acusó a Torres de «hipocresía» y recordó el varapalo judicial que sufrió en 2020, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló el catálogo de vestigios franquistas elaborado por su Gobierno regional por haberse ceñido exclusivamente a Santa Cruz de Tenerife. «Ha sido el único presidente autonómico al que la Justicia tumbó el catálogo de vestigios franquistas», insistió.
Tarife defiende la «resignificación» de la fuente y la escultura, y asegura que su área ha redactado un proyecto con dos variantes —con y sin la pieza central— y que la decisión debe apoyarse en «criterios técnicos», no en imposiciones ideológicas. Amplió el foco a otros elementos urbanos: «¿Se va a gastar dinero público en derribar la torre de la Plaza de España, los leones del puente Serrador o cambiar el nombre de García Escámez en vez de destinarlo a vivienda o empleo?». A su juicio, la ley no da herramientas claras a los municipios y la obsesión por eliminar símbolos supone un despilfarro injustificado.
La anulación judicial del catálogo: el fantasma que persigue a Torres
El episodio de 2020 es una mancha en el historial del actual ministro. Aquel catálogo, que pretendía cumplir con la Ley de Memoria Histórica de Canarias, fue tumbado por el TSJC porque el Gobierno regional se había limitado a inventariar los símbolos de la capital tinerfeña, sin extender la medida al resto del archipiélago. La sentencia consideró que esa actuación no tenía alcance general y, por tanto, excedía las competencias autonómicas. El fallo obligó a reiniciar el proceso, generando inseguridad jurídica y retrasando la retirada de vestigios en todo el archipiélago.
Ese precedente es usado ahora por el PP para erosionar la autoridad moral del ministro, pero la normativa hoy vigente es de ámbito estatal y otorga a los ayuntamientos competencias directas para intervenir sobre los símbolos contrarios a la memoria democrática. El artículo 35 de la Ley 20/2022 establece la obligación de eliminar las exaltaciones de la dictadura en el espacio público, y solo permite su conservación excepcional si media un informe motivado de una institución experta.
Próximos pasos: la comisión estatal y la resolución definitiva
La comisión de carácter estatal aludida por Torres está integrada por catedráticos, juristas e historiadores. Su misión es emitir dictámenes no vinculantes pero sí altamente cualificados sobre los monumentos en litigio que aún subsisten. Se espera que el informe sobre el Monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife se publique en las próximas semanas y que contenga una recomendación clara: retirar la obra o, en el más improbable de los casos, indicar los parámetros exactos para una resignificación que nunca ha respaldado el Consejo de Patrimonio canario.
Con la vía del BIC cerrada, solo la insistencia del gobierno local podría mantener la escultura en pie, pero correría un enorme riesgo legal. Si el Ayuntamiento desoye los pronunciamientos técnicos, podría enfrentarse a sanciones, requerimientos del Defensor del Pueblo e incluso a una intervención subsidiaria del Estado. La Fiscalía de la Audiencia Nacional también podría actuar si se aprecia un delito de desobediencia a la Ley de Memoria Democrática.
Turismo y memoria: ¿puede Santa Cruz permitirse este lunar?
Santa Cruz de Tenerife es la puerta de entrada a una de las capitales más vibrantes del Atlántico. Quienes planean una escapada consultan qué ver en Tenerife, y no es raro que comprueben el tiempo en Tenerife para esquivar algún episodio de calima en Tenerife. Pero la experiencia insular no se reduce a la postal de playa y volcán. Las ciudades canarias atesoran una historia compleja que forma parte del relato que ofrecemos al visitante.
¿Cuál es la isla más bonita? Depende del color que se busque: Tenerife y Lanzarote ofrecen dos caras opuestas del placer viajero. La primera, con su metro en la cumbre y su vida de capital; la segunda, con la majestuosidad del Timanfaya y la huella de César Manrique. Ambas son candidatas, y la elección es imposible. Frente a Lanzarote, Fuerteventura compite con su horizonte infinito de dunas y playas, donde el descanso es la única actividad. Gran Canaria, con su Maspalomas y los riscos de la capital, suma razones para que todas figuren en el listado de las 7 mejores.
Pero regresemos a Santa Cruz: la belleza de su entorno, su auditorio y sus parques se empaña con un monolito que pocos vecinos defienden. La reconciliación turística pasa por resolver esta asignatura. Un monumento que exalta la dictadura no tiene cabida en una ciudad que quiere ser moderna, abierta y que cada año bate récords de visitantes. ¿Cómo explicar a un ciudadano europeo que en esta capital permanece una escultura de un dictador? La retirada es, por tanto, una inversión en imagen.
El deber de memoria frente al despilfarro argumental
El argumento económico del PP no se sostiene. La retirada del monumento no es tirar el dinero; es reparar una anomalía histórica. El coste de la operación —desmontaje y reacondicionamiento de la fuente— es insignificante en el presupuesto municipal y podría cubrirse con fondos estatales de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Otras capitales lo han hecho sin crisis financieras: Barcelona retiró el ecuestre de Franco en 2005, y Madrid guardó en un almacén el de Nuevos Ministerios. La resignificación, en cambio, podría resultar más cara a largo plazo, al exigir añadir elementos interpretativos y mantener la pieza en un espacio público que seguiría generando controversia.
El proyecto de Tarife para la fuente puede ejecutarse perfectamente sin la escultura, ganando en amplitud y en coherencia estética. El caudal de agua, los jardines circundantes y la integración con la Rambla mejorarían notablemente si se elimina un elemento que, como han señalado los técnicos, carece de la calidad suficiente para protagonizar un enclave tan emblemático.
Santa Cruz ante su encrucijada histórica
La confluencia de la denegación del BIC, el inminente informe de la comisión estatal y la claridad de la ley coloca al Ayuntamiento de Santa Cruz contra las cuerdas. El recordatorio de Torres no es solo una declaración política; es la constatación de que ya no hay excusas administrativas ni patrimoniales para mantener el monumento. Santa Cruz tiene ahora la oportunidad de liderar el cierre de un capítulo doloroso y de enviar un mensaje de normalidad democrática al resto del archipiélago y al país.
Mientras los viajeros seguirán preguntándose cuál es la isla más bonita de Canarias, la capital debe centrarse en lo que realmente la embellece: su arquitectura contemporánea, su dinamismo cultural y el respeto escrupuloso a los derechos humanos. La memoria, como el buen gusto, no se discute; se ejerce.
