El informe canario del 21 de mayo allana la retirada del monumento a Franco en Santa Cruz
El Ministerio de Memoria Democrática, bajo la dirección de Ángel Víctor Torres, ha dictado una resolución que ordena al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la retirada del Monumento a la Victoria, conocido popularmente como monumento a Franco, en un plazo máximo de seis meses. La decisión se sustenta en el informe emitido el 21 de mayo por el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias, que denegó por amplísima mayoría su declaración como Bien de Interés Cultural, al considerar que no concurren valores patrimoniales suficientes y que su finalidad esencial es la exaltación de la dictadura.
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- Un monumento erigido en 1966 y su controvertida historia
- La resolución del Ministerio: inclusión en el Catálogo de Vestigios y plazo de seis meses
- La respuesta del Ayuntamiento: entre el acatamiento y la crítica económica
- Implicaciones jurídicas y económicas de una orden recurrible
- El avance de la memoria democrática en Canarias: un proceso desigual
- Turismo, espacio público y la imagen de Santa Cruz
- ¿Qué sucederá con la escultura después?
Esta medida convierte a la capital tinerfeña en el foco de una nueva fase de aplicación de las leyes de memoria democrática, forzando a la corporación municipal, liderada por Coalición Canaria y el Partido Popular, a gestionar la desaparición de un monumento que ha dividido a la opinión pública durante décadas.
Un monumento erigido en 1966 y su controvertida historia
El Monumento a la Victoria, obra del escultor Juan de Ávalos, fue inaugurado en 1966 en la céntrica plaza de Weyler. Conocido popularmente como el monumento a Franco por la dedicatoria grabada en su base al entonces jefe del Estado, la escultura representa un ángel alado y se convirtió rápidamente en un símbolo polémico. Durante la transición democrática y en las décadas posteriores, diversos colectivos y partidos políticos reclamaron su eliminación, mientras que otros defendían su valor artístico o su resignificación mediante la eliminación de las inscripciones franquistas.
El debate se intensificó con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática estatal y la posterior normativa canaria. El Ayuntamiento, bajo distintos gobiernos, había optado por mantenerlo, alegando en ocasiones que se trataba de un elemento con protección patrimonial o que su retirada podía suponer un conflicto con sectores de la población. Sin embargo, la solicitud formal para declararlo Bien de Interés Cultural, paso previo indispensable para blindarlo, encontró un muro en el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias.
El informe clave del Consejo de Patrimonio Cultural
El 21 de mayo de 2025, el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias emitió un informe determinante. Por «amplísima mayoría y sin votos en contra», según detalló el ministro Torres, el órgano consultivo consideró que no existen valores artísticos o históricos que justifiquen la conservación del monumento en su emplazamiento actual, ya que su función principal fue la exaltación de la dictadura. Este dictamen, emitido por un organismo del Gobierno de Canarias, despejó cualquier posible protección autonómica y dejó vía libre para que el Ministerio actuara.
El informe recalcó que «un monumento erigido para la exaltación personal de un dictador no puede entenderse resignificado por el mero transcurso del tiempo ni por la familiaridad que una parte de la ciudadanía haya desarrollado respecto de su presencia en el espacio urbano». De esta forma, se cerró la puerta a los argumentos de quienes proponían conservar la obra retirando únicamente las inscripciones.
La resolución del Ministerio: inclusión en el Catálogo de Vestigios y plazo de seis meses
Con base en ese informe y tras el análisis de la Comisión Técnica de Expertos, la Dirección General de Promoción de la Memoria Histórica incluyó el monumento de Santa Cruz en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática. La resolución, hecha pública el 30 de junio de 2026, ordena al Ayuntamiento la retirada «del espacio público» en un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación.
La decisión no es aislada: el mismo día se incluyeron en el catálogo otros tres vestigios franquistas en distintos puntos de España: el monumento a los Rumanos Caídos en Madrid y las inscripciones en honor a José Antonio Primo de Rivera existentes en las catedrales de Murcia y Almería. El ministro Ángel Víctor Torres subrayó que estas acciones son «un acto de dignidad democrática y una garantía de que las nuevas generaciones no hereden espacios públicos presididos por la exaltación del odio y la dictadura».
Depósito y custodia sin exposición pública
La resolución especifica que la obra de Ávalos no será destruida, sino que deberá ser custodiada «en una dependencia pública, determinada por la administración titular, sin que ello implique en ningún caso su exposición pública». El Ayuntamiento de Santa Cruz, como propietario de la escultura, deberá guardarla en un almacén municipal u otro espacio cerrado, evitando cualquier forma de exhibición que pueda interpretarse como una reivindicación de la dictadura.
La respuesta del Ayuntamiento: entre el acatamiento y la crítica económica
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), reaccionó con cautela. En un comunicado, aseguró que «este Ayuntamiento cumplirá con lo que dicta la ley, tal y como está escrita, tanto en lo que se refiere a la estatal como a la canaria de Memoria Democrática». No obstante, añadió que los servicios jurídicos y administrativos del Consistorio están analizando «todas las vertientes que esta decisión implica para los chicharreros» y advirtió de que el Ministerio deja en manos municipales «cuestiones como la de asumir el coste de esa decisión o las posibles repercusiones legales de la misma».
Esta postura refleja la tensión entre el cumplimiento normativo y la carga financiera que supone una operación de esta envergadura. El Ayuntamiento no ha cuantificado públicamente el coste de la retirada, el traslado y el almacenaje del monumento, pero fuentes municipales apuntan a que podría ser significativo, especialmente si se requieren grúas de gran tonelaje, corte de la base de hormigón y transporte especial.
El Pleno municipal había rechazado la retirada inmediata
Solo unos días antes de conocerse la resolución ministerial, el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz había votado en contra de una moción del PSOE que exigía la retirada inmediata del monumento. La propuesta fue rechazada con los votos del equipo de gobierno (CC y PP) y de Vox. Este posicionamiento político pone de relieve las divergencias en el seno de la corporación y anticipa posibles debates sobre la ejecución de la orden.
Implicaciones jurídicas y económicas de una orden recurrible
La resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática no pone fin a la vía administrativa, lo que significa que cabe interponer recurso de alzada ante el ministro en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo. El Ayuntamiento aún no ha decidido si recurrirá, pero fuentes cercanas al gobierno local no descartan explorar esa posibilidad si consideran que existen argumentos jurídicos sólidos. De presentarse un recurso, la retirada podría paralizarse cautelarmente hasta que los tribunales se pronuncien.
Desde el punto de vista económico, el consistorio insiste en que el Estado debería cofinanciar o asumir íntegramente los costes de la retirada, una reclamación que ya se ha producido en otros municipios españoles con casos similares. La Ley de Memoria Democrática establece que las administraciones titulares de los vestigios son las responsables de su gestión, pero no detalla un reparto financiero para estos supuestos. Esta laguna legal alimenta el malestar en Santa Cruz, que ve cómo una decisión de ámbito estatal recae sobre sus arcas.
El avance de la memoria democrática en Canarias: un proceso desigual
Canarias no ha sido ajena a los debates sobre los símbolos franquistas en el espacio público. En la última década, se han retirado estatuas, placas y denominaciones de calles en varias islas, aunque el ritmo ha sido desigual. En Gran Canaria, la retirada de la estatua ecuestre de Franco en la Base Naval de Las Palmas en 2001 sentó un precedente, mientras que en Tenerife el monumento de Ávalos se convirtió en el último gran vestigio visible en la capital.
La ley autonómica de memoria democrática, aprobada en 2018, obliga a las administraciones locales a eliminar aquellos elementos que contradigan los valores democráticos. Sin embargo, la lentitud en su aplicación ha sido criticada por asociaciones memorialistas y partidos de izquierda. La resolución ministerial forcejea ahora al consistorio chicharrero a cumplir con un mandato que, según estos colectivos, debería haberse ejecutado hace años.
Turismo, espacio público y la imagen de Santa Cruz
La retirada del monumento no es solo una cuestión de memoria histórica, sino que también repercute en el modelo de ciudad que Santa Cruz desea proyectar. La capital tinerfeña aspira a ser un destino turístico cultural complementario a la oferta de sol y playa de la isla, y la eliminación de un vestigio franquista de su céntrica plaza de Weyler se alinea con esa estrategia de modernización.
Muchos viajeros que buscan en Internet cuál es la isla más bonita para visitar en Canarias se encuentran con la dificultad de elegir entre los paisajes volcánicos de Lanzarote, las playas de Fuerteventura o la diversidad de Tenerife. Lo cierto es que cada isla ofrece un atractivo único, y para quienes valoran la oferta cultural y la vida urbana, Tenerife gana enteros. Santa Cruz, con acciones como la retirada de este monumento, demuestra un compromiso con la regeneración de sus espacios públicos que no pasa desapercibido para los visitantes.
Ante la pregunta ¿qué isla es más bonita, Tenerife o Lanzarote?, la respuesta depende del perfil del turista: si se busca arte, naturaleza imponente y vida nocturna, Tenerife es la opción; si se prefieren paisajes lunares y una estética única de la mano de César Manrique, Lanzarote conquista. En cualquier caso, la retirada del monumento a Franco de la plaza de Weyler será, probablemente, un ejemplo de cómo las ciudades turísticas abordan las huellas incómodas de su pasado para construir una imagen más amable y democrática.
En la misma línea, para los indecisos entre Lanzarote y Fuerteventura, cabe recordar que la primera es Reserva de la Biosfera con un legado artístico singular, mientras que la segunda es el paraíso de los deportes acuáticos y las playas interminables. Ambas, al igual que Tenerife, trabajan por mejorar la calidad de sus espacios públicos, aunque cada una con sus propios desafíos en materia de memoria histórica.
Quienes planifiquen su viaje y consulten qué ver en Tenerife descubrirán que, más allá del Teide y el Parque Rural de Anaga, la isla ofrece una red de ciudades que se esfuerzan por reconciliarse con su pasado, convirtiendo antiguos símbolos de división en lecciones para el futuro.
¿Qué sucederá con la escultura después?
Más allá de la fecha límite, el destino final de la obra de Juan de Ávalos sigue siendo una incógnita. La resolución prohíbe su exposición pública, pero no impide que pueda ser cedida a un museo o institución cultural para su estudio, siempre que no se exhiba de manera que pueda ser interpretada como un homenaje. Algunas voces han sugerido que podría integrarse en un futuro centro de interpretación de la memoria democrática, pero no existe ningún proyecto firme en este sentido.
De momento, la escultura pasará a un depósito municipal cerrado, donde quedará fuera de la vista de los ciudadanos. Su retirada, cuando se produzca, será un momento simbólico para una ciudad que ha convivido durante casi seis décadas con un ángel de bronce que, para muchos, sigue recordando los años más oscuros de la historia reciente de España.
