UD Las Palmas ofrece salir del Gran Canaria para destrabar la reforma mundialista
La UD Las Palmas está dispuesta a jugar fuera de su estadio habitual para eliminar el principal escollo técnico que paraliza la ampliación del Estadio de Gran Canaria, obra indispensable para que la isla sea sede del Mundial de fútbol de 2030. La licitación del proyecto, con un presupuesto de 174,7 millones de euros, quedó desierta el 7 de julio de 2026 al no presentarse ninguna empresa constructora, debido a la infravaloración de costes y a las duras penalizaciones por retraso. El presidente del club amarillo, Miguel Ángel Ramírez, aseguró el 8 de julio que la entidad colaborará «jugando fuera de casa» para que las obras puedan ejecutarse sin las limitaciones de mantener la actividad deportiva durante los trabajos.
En este artículo9
- Un proyecto estratégico para el Mundial 2030
- Licitación desierta: el coste real supera los precios oficiales
- La UD Las Palmas tiende la mano: mudanza temporal para acelerar las obras
- El Cabildo mantiene el calendario y abre la puerta a la negociación directa
- Un diseño singular: cubierta en rueda de bicicleta y fachada con pintaderas
- Plazos ajustados y penalizaciones millonarias
- Implicaciones para el club y la afición
- ¿Y después del Mundial? El modelo de cogestión
- Próximos pasos: negociaciones y posible reordenación del proyecto
Un proyecto estratégico para el Mundial 2030
El Estadio de Gran Canaria, propiedad del Cabildo insular, es una de las sedes oficiales de la Copa del Mundo que organizarán España, Portugal y Marruecos en el verano de 2030. Para cumplir con los requisitos de la FIFA, la infraestructura necesita una profunda transformación. El proyecto, impulsado por el Instituto Insular de Deportes, contempla aumentar el aforo de los actuales 32.400 espectadores hasta 41.854, además de dotar al recinto de mayor funcionalidad, tecnología de última generación y una estética renovada que integre la identidad canaria. La intervención presupuestada en 174,7 millones de euros tiene un plazo de ejecución estimado de 36 meses, de manera que si los trabajos comienzan este mismo año, la obra podría finalizar en 2029, un año antes del torneo.
En marzo de 2026, el Cabildo de Gran Canaria y la UD Las Palmas anunciaron un acuerdo por el cual el club invertiría 60 millones de euros en la reforma, a cambio de participar en la gestión del estadio una vez concluido el Mundial. Esta alianza buscaba garantizar la viabilidad económica del proyecto y vincular al principal usuario del recinto con su futuro. Sin embargo, el primer gran paso administrativo —la licitación pública de las obras— ha topado con un obstáculo inesperado: la ausencia total de ofertas por parte de las empresas constructoras.
Licitación desierta: el coste real supera los precios oficiales
El plazo de presentación de ofertas para la ampliación y reforma del estadio expiró el 7 de julio de 2026 sin que ninguna empresa se hubiera postulado, según confirmaron fuentes del Instituto Insular de Deportes. La patronal del sector en Las Palmas, la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP), explicó los motivos: el proyecto salió a concurso con precios muy por debajo del mercado real, especialmente en partidas clave como la lona, las estructuras metálicas o el hormigón, donde la desviación alcanzaba hasta un 40 %.
La presidenta de la AECP, María Salud Gil, detalló el 8 de julio que a esa infravaloración se sumaba una penalización por no terminar a tiempo que calificó de «bomba de relojería»: la indemnización por demora rondaría los 80 millones de euros, una cifra que desincentivó a cualquier empresa. Además, la exigencia de mantener la actividad deportiva durante los trabajos obligaría a duplicar o triplicar turnos de personal, incrementando los costes y la complejidad logística. «Hay interés por llevar a cabo este proyecto, pero no por acudir a una obra por la que vamos a tener que pagar antes de cobrar», resumió Gil, quien recordó que las empresas intentaron alianzas estratégicas hasta el último día sin éxito.
La UD Las Palmas tiende la mano: mudanza temporal para acelerar las obras
Ante este escenario, el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, anunció el 8 de julio que el club está dispuesto a disputar sus partidos como local en otro estadio mientras duren las obras. «Existen alternativas y se puede jugar fuera de casa», afirmó en declaraciones recogidas por medios locales, subrayando la voluntad de eliminar uno de los principales escollos técnicos: la convivencia de la actividad deportiva con una intervención constructiva de gran envergadura.
Ramírez se mostró confiado en que la obra podrá terminarse dentro del plazo previsto —julio de 2029— y destacó la importancia de que Gran Canaria acoja partidos del Mundial. «Estamos tranquilos porque confiamos en el compromiso y la sensibilidad que tienen los dirigentes del Cabildo con este proyecto», aseguró. La entidad amarilla ya había asumido un protagonismo financiero al comprometer 60 millones de euros, una operación que refuerza su implicación en el futuro del estadio y que, según Ramírez, es una muestra de la relevancia del evento para la isla.
El Cabildo mantiene el calendario y abre la puerta a la negociación directa
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, restó dramatismo a la situación el 8 de julio, al señalar que la ausencia de ofertas «forma parte del proceso administrativo» y que todavía hay margen temporal. Morales recordó que la ley permite, cuando una licitación queda desierta, abrir una negociación directa con empresas interesadas y, si esta vía fracasa, reordenar el proyecto. Anunció que el próximo lunes 13 de julio se reunirá con el Instituto Insular de Deportes para analizar los pasos a seguir.
El máximo responsable insular evitó polemizar sobre las críticas del sector constructor, que tachó de «opiniones de parte interesada», y recalcó que los precios de las obras públicas no los fija la administración arbitrariamente, sino que están regulados por el marco legal estatal. Puso como ejemplo la adjudicación del centro sociosanitario del antiguo psiquiátrico de Tafira, donde también se alegó falta de tiempo y precios ajustados, y las obras finalmente se iniciaron con normalidad. «Hay plazo para terminar la obra», insistió, recordando que restan casi cuatro años hasta el verano de 2030.
Un diseño singular: cubierta en rueda de bicicleta y fachada con pintaderas
El pliego de prescripciones técnicas del proyecto, que fue publicado en la plataforma de contratación del sector público el 3 de junio de 2026, detalla una intervención integral que va más allá de una simple ampliación. El elemento más llamativo es la nueva cubierta, de diseño «tipo rueda de bicicleta»: una solución estructural ligera basada en sistemas cableados que mejorará la cobertura de las gradas, la eficiencia constructiva y la imagen arquitectónica del recinto. Esta estructura eliminará los actuales mástiles y ofrecerá una silueta más estilizada y moderna.
En la fachada, el proyecto incorpora un patrón de motivos tradicionales canarios inspirado en las pintaderas aborígenes, un elemento identitario que conecta la infraestructura deportiva con la cultura y la simbología de la isla. La reorganización de los accesos y la movilidad urbana contempla un total de 597 plazas de aparcamiento, ampliables a 623, y la conexión funcional con un estacionamiento colindante. El plan incluye mejoras en eficiencia energética, sostenibilidad, accesibilidad universal y sistemas de operación inteligente.
Plazos ajustados y penalizaciones millonarias
Uno de los puntos más polémicos del pliego inicial eran las penalizaciones por retraso. Según los empresarios, la indemnización prevista por incumplir la fecha de entrega alcanzaba los 80 millones de euros, una cantidad que prácticamente equivale a la mitad del presupuesto total y que ninguna empresa estaba dispuesta a asumir, sobre todo teniendo en cuenta la complejidad técnica de una obra que debe compaginarse con partidos de LaLiga y la Copa del Rey.
La estimación de 36 meses de ejecución se considera muy ajustada incluso si el estadio estuviera vacío; si se mantiene la actividad deportiva, los fines de semana y los desplazamientos de la afición añadirían interrupciones continuas. De ahí que la propuesta de la UD Las Palmas de mudarse temporalmente haya sido recibida como un gesto que puede desbloquear la situación, al permitir que las constructoras trabajen sin las limitaciones actuales.
Implicaciones para el club y la afición
Disputar los partidos como local fuera del Estadio de Gran Canaria no es una decisión menor para la UD Las Palmas. El club cuenta con un abonado fiel y una afición que llena regularmente el recinto de Siete Palmas. Trasladar la localía a otro campo —que podría ser el Estadio Municipal de Maspalomas, el Anexo al Estadio de Gran Canaria o incluso instalaciones en otras islas— supondría un sacrificio económico y logístico, pero la directiva considera que merece la pena para asegurar que el estadio esté listo en 2029 y que la isla no pierda la oportunidad de ser sede mundialista.
La afición amarilla ha vivido en los últimos años un resurgir ilusionante con el regreso a Primera División, y el proyecto de reforma se vendió como un legado para el club y la ciudad. La posibilidad de un exilio temporal genera incertidumbre, aunque el presidente Ramírez ha pedido confianza y ha recordado que otras ciudades, como Madrid con el Santiago Bernabéu o Barcelona con el Spotify Camp Nou, ya han atravesado procesos similares con resultados positivos.
¿Y después del Mundial? El modelo de cogestión
El acuerdo alcanzado en marzo de 2026 entre el Cabildo de Gran Canaria y la UD Las Palmas contempla que el club invierta 60 millones de euros en la reforma y que, a cambio, pueda participar en la gestión del estadio una vez finalizado el Mundial de 2030. Este modelo de cogestión es inédito en Canarias y busca garantizar la sostenibilidad económica de una infraestructura que a menudo resulta deficitaria para las administraciones públicas.
La futura explotación conjunta del estadio permitiría a la UD Las Palmas organizar eventos no deportivos, gestionar la comercialización de los espacios y obtener ingresos que reviertan en el club, mientras el Cabildo mantiene la titularidad pública del inmueble. El objetivo es que el renovado Gran Canaria se convierta en un motor económico para la zona y en un emblema de la isla durante y después de la cita mundialista.
Próximos pasos: negociaciones y posible reordenación del proyecto
Tras la reunión del próximo 13 de julio entre el presidente del Cabildo y el Instituto Insular de Deportes, se espera que se inicien contactos con empresas constructoras para una posible adjudicación directa, tal como permite la legislación de contratos del sector público cuando una licitación queda desierta. Si esa vía no prospera, será necesario reordenar el proyecto, lo que podría implicar una nueva licitación con condiciones más realistas en cuanto a precios, plazos y penalizaciones.
La disposición de la UD Las Palmas a jugar fuera de casa elimina uno de los principales obstáculos técnicos, pero aún quedan por resolver las diferencias sobre el presupuesto y el régimen sancionador. El sector constructor confía en que el Cabildo mejore su propuesta para acercarla a los costes reales de mercado, mientras el gobierno insular insiste en que los precios oficiales son los que marca la ley. El tiempo corre: julio de 2029 está a menos de tres años vista y cualquier demora adicional pondría en riesgo la celebración de partidos del Mundial en Gran Canaria.
Mientras tanto, la isla sigue observando de cerca un proyecto que va más allá del fútbol. Ser sede del Mundial 2030 colocaría a Gran Canaria en el mapa mediático global y supondría un impulso para el turismo, el comercio y la proyección exterior de Canarias. La reforma del estadio es la pieza clave de ese engranaje, y todos los actores implicados —Cabildo, club y sector privado— tendrán que remar en la misma dirección para que el balón no se vaya fuera.
